Por Gabriela Moreno – Panampost.com
Para el precandidato a la Presidencia de Chile por el Partido Comunista, Daniel Jadue, debatir significa combatir, tal como lo evidenció en el último encuentro televisivo transmitido por los cuatro canales en señal abierta –previo a las primarias de la izquierda del 18 de julio– donde impuso la prepotencia y hostilidad como forma de responder al quedar en evidencia que no conoce puntos de su propio programa de gobierno. Pero la censura previa a los medios y la legalización de la cocaína son dos propuestas que se desprenden de su proyecto.
Al ser consultado sobre un eventual Ministerio de las Comunicaciones negó la existencia de esta propuesta, pese a que en el documento que recopila su oferta, disponible en su página web, plantea que » es importante evaluar una nueva estructura en la materia en el Ejecutivo» y se «propone evaluar la implementación de experiencias de ministerio de Información o Comunicaciones, existentes en diversos países del mundo».
Jadue culpó a la periodista de haber leído otro programa, de faltar a la verdad e intentar “poner sus opiniones o pensamientos” en su contenido, pero la comunicadora lo desarmó.
«Medios enemigos»
El precandidato comunista defiende lo indefendible puesto que su Ley de Medios promueve una afianzada tendencia estatista sobre la propiedad y la existencia de los medios y sus criterios editoriales, con débiles o genéricos argumentos sobre la libertad de expresión y de información, y poca convicción sobre la garantía de pluralidad propia de una sociedad democrática.
En el capítulo “Derecho a la comunicación y medios” de sus bases programáticas señala que “la herencia de la dictadura y la nula acción de los gobiernos democráticos permitieron sostener un modelo de comunicación privatizado que sobrerepresenta intereses de los sectores hegemónicos”.
Y agrega que la principal traba es el artículo 19, N°12, que “permite la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”, desconociéndose el derecho de la población –dice– “a comunicar y recibir información oportuna, diversa y veraz”. Agrega que no se regula al sector privado, y menciona a El Mercurio y Copesa, así como a grupos empresariales de radio y televisión, proponiendo un giro único empresarial.
El asunto es obvio. Para Jadue la libertad de opinión e información sin censura previa es “un problema, al igual que la libertad de medios” que intenta resolver amparado en “el derecho colectivo”, la “veracidad”, “diversidad” y “memoria”.
Más control estatal
En el mismo documento propone crear un medio público, un software libre que garantice «soberanía tecnológica» para sentar las bases de una Plataforma o Sistema de Medios Públicos, una Ley Orgánica de Comunicación que fomente dos sectores, uno público fortalecido y uno social sin fines de lucro y con apoyo público, y que regule al tercer sector, el privado, particularmente en materia de su estructura de propiedad. Vinculada a estas acciones podría operar una “comisión ciudadana” electiva o designada por autoridades del Estado, para revisar las concesiones públicas en materia de medios de comunicación, con capacidad para derogarlas.
Es decir, de acuerdo con el programa de gobierno de Daniel Jadue, la libertad de expresión se resuelve con medios públicos, léase poder político estatal constituido, y con medios sociales satelizados por el poder público, y con una ultraregulación de medios independientes privados.
Legalización de la cocaína
Daniel Jadue también entra en otra polémica al estar a favor de legalizar en Chile la cocaína y la pasta base de «manera escalonada» para enfrentar así al narcotráfico. Pero eso no es todo. En una fase posterior prevé una “entrega regulada para los adictos desde el aparato estatal para anticipar al consumidor conflictivo”.
Todo ello queda como “una de las cosas más graves que dijo Jadue”, afirma el presidente del Partido Republicano en Chile, José Antonio Kast en su cuenta de Twitter, donde subraya que “Jadue desconoce el daño profundo que las drogas generan en miles de familias chilenas, destruyen vidas y comunidades”.
Es cierto. Según el Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA), Chile se encuentra en el número uno en consumo de estupefacientes. “En América del Sur, Chile se destaca con una tasa de consumo de marihuana sobre el 30 %, seguido de Uruguay con un registro sobre el 15 % y Argentina sobre el 10 %”, expone el documento.
Con respecto al consumo de cocaína, Chile vuelve a encabezar la lista en el continente. El país austral, junto a Colombia y Canadá, tiene una prevalencia de 2,5 % en estudiantes de secundaria.
Por otro lado, el mismo estudio de la OEA indica que de los ocho países de América del Sur de los cuales se tiene información sobre el consumo de pasta base, Chile lidera las cifras con 2,7 %, mientras que Uruguay es el país con menor prevalencia, con 0,5 %.
Tragedia juvenil
Uno de cada tres jóvenes ya ha tenido contacto con droga en Chile y la mitad de ellos ha sido de manera precoz, lo que corresponde a haber probado la sustancia antes de los 15 años.
De hecho, el Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar 2017 –el único disponible hasta la fecha– elaborado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), revela que 50,2 % de los jóvenes entre octavo de educación básica y cuarto de educación media que ha consumido marihuana lo hizo antes de los 15 años, y 27,6 % en el caso de la cocaína”.
Los números son contundentes y Jadue flaquea en las redes sociales, donde luego intenta desmarcarse de lo dicho en televisión nacional apuntando que “la verdad es que la segunda no está considerada en la legalización escalonada porque más que una droga es un residuo”, haciendo referencia a la pasta base. Matices que no tiñen pero que lo obligaron a salir del panel sin despedirse.
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