Por Gabriela Moreno – Panampost.com
Bolivia vive un infierno judicial. El gobierno del socialista Luis Arce triplicó el número de detenidos y perseguidos políticos entre abril y julio al pasar de 66 procesados a 187, según la lista publicada en Twitter por Tamara Suju, directora Ejecutiva de Casla Institute y delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la Corte Penal Internacional.
“Hay ministros, funcionarios, militares y policías de la transición, líderes juveniles, activistas de derechos humanos y periodistas”, reveló la abogada.
Los procesos, la mayoría en vía penal, incluyen acusaciones por las muertes registradas en noviembre de 2019 hasta supuestas compras irregulares con fondos públicos.
El gobierno argumenta justicia y la oposición habla de persecución política para imponer la narrativa del “golpe de Estado”.
Una reforma de mentiras
La persecución de Luis Arce contra la oposición es sólo un eslabón de la cadena donde el fracaso de la reforma judicial es el centro.
Si bien Arce planteó como pilar de su gobierno “acabar con un sistema corrupto, ineficiente y sometido a los poderes políticos” anunciando la revisión de un conjunto de normas de emergencia con el objetivo de desarrollar una reforma que garantizara transparencia, accesibilidad y prontitud en la administración de justicia, sus acciones van en sentido contrario.
El “consejo de notables”, integrado por juristas reconocidos para evaluar la elección de jueces por voto popular “garantizando su independencia”, el establecimiento de una carrera judicial independiente de jueces imparciales y determinar el rol del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Supremo de Justicia naufragó.
La reforma prevista para presentarse en las elecciones subnacionales de marzo se postergó y así permanece. Cuatro meses después no existen avances. Y hay razones: “La reforma se archivó para enarbolar este estandarte del golpe de Estado”, apunta el portal boliviano Los Tiempos.
El ministro de Justicia, Iván Lima, maquilla la escena. Alega que terminó la fase de discusión de la propuesta en seis departamentos, pero La Paz, Cochabamba y Santa Cruz –epicentro para el debate– están pendientes.
“En lugar de una pacificación, el gobierno con una mantenida práctica autoritaria ha restablecido la persecución judicial y ha agravado la polarización”. Así resume la situación Página Siete.
Una denuncia como detonante
La ola de detenciones y persecuciones la denotó la denuncia de Lidia Patty, exdiputada del partido oficialista MAS, quien acusó a Luis Fernando Camacho, excívico y gobernador de Santa Cruz; a su padre José Luis Camacho; a Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA); y a Yuri Calderón, excomandante de la Policía, por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración contra el gobierno de Evo Morales en 2019. Luego su denuncia se amplió a delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación y prolongación de funciones.
Camacho y su padre no comparecieron por este caso, tampoco declararon las supuestas víctimas, Evo Morales y Álvaro García Linera.
Sin embargo, el Ministerio Público amplió la investigación e hizo encarcelar a la expresidente interina Jeanine Añez en el penal de Miraflores y a los exministros de Justicia y Energías, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, en la cárcel de San Pedro.
También cayeron Flavio Gustavo Arce, exjefe de Estado Mayor de las FFAA, y Jorge Pastor Mendieta, excomandante del Ejército, ambos en San Pedro; Palmiro Gonzalo Jarjuri, excomandante de la Armada, en Patacamaya; Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), en Palmasola, Santa Cruz. Todos sindicados por participar en la conferencia de prensa que ofreció Kaliman en 2019, en la que –según el gobierno– abogó por la renuncia de Evo Morales.
Yerko Núñez, exministro de la Presidencia; Arturo Murillo, exministro de Gobierno; Luis Fernando López, exministro de Defensa; Jorge Elmer Fernández, exinspector de las FFAA; y Williams Kaliman y Yuri Calderón conforman la lista de buscados con órdenes de aprehensión.
Contradicciones
En su denuncia, Lidia Patty aseveró que el “golpe” se habría gestado el 21 de octubre de 2019 con las protestas por el tema del fraude electoral; en cambio, el Gobierno hace referencia a que el supuesto “golpe” se concretó el 10, 11 y 12 de noviembre de ese año.
Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia, desmonta las versiones y analiza la consigna del “golpe de Estado” y se pregunta ¿por qué si hubo “golpe” en 2019 no resistieron los militares que hoy componen el Alto Mando? Incluso recuerda que los dos tercios del MAS en el parlamento reconocieron a Jeanine Añez como presidente interina y dictaron una norma de prórroga de mandato.
“Por lo tanto, no hubo golpe de Estado, lo que existió fue una serie de renuncias y sucesión constitucional”, señaló.
Preso de su propia trampa
El panorama preocupa a la Organización de Estados Americanos (OEA) desde marzo por los “abusos” del sistema judicial. Para la instancia es imprescindible una reforma y que los expresidentes Evo Morales y Jeanine Añez sean investigados por la Corte Penal Internacional.
En la misma dirección apunta el Parlamento Europeo, que exhorta a cambios estructurales “sin demora” para garantizar juicios imparciales, justos y creíbles.
Pero ambas solicitudes lucen poco probables cuando uno de los factores que más influyen en la imagen del gobierno de Arce es la presencia de Morales, que por su liderazgo en el Movimiento al Socialismo (MAS) crea una dualidad de poder.
Su figura sirve para reafirmar el núcleo duro del MAS y como factor de conducción política, y para reforzar la estrategia sobre el relato del «golpe», con el propósito de reivindicar su nombre.
Casualmente Evo Morales fue acusado en 2019 por los mismos delitos que hoy la justicia al servicio de su partido le atribuye a los opositores. Ese año la Fiscalía ordenó su detención pero Morales ya estaba en suelo argentino, asilado por el gobierno recién estrenado de Alberto Fernández. Un mes antes había pasado por México y Cuba. Así estuvo Evo Morales hasta que Luis Arce llegó al poder y la justicia boliviana anuló la orden de captura.
La lista de acusaciones contra Morales que fueron borradas de un plumazo es larga. Las primeras dos causas abiertas en su contra fueron por los delitos de sedición y terrorismo. Luego se sumaron demandas por genocidio, alzamiento armado, atribución de los derechos del pueblo y otros delitos derivados de los sucesos que provocaron su salida del poder el 10 de noviembre de 2019. Los escándalos por pedofilia elevaron las acusaciones a otro nivel. El expresidente izquierdista fue acusado por esturpo, así como trata y tráfico de personas, tras conocerse que mantuvo una relación con una menor de edad mientras ejercía la Presidencia. Pero una vez que su candidato consiguió la victoria en las elecciones presidenciales, todo, absolutamente todo quedó en el olvido.
Y claro, detrás de todo ello está el ambicioso esfuerzo de Evo de recuperar el control y proyectarse como candidato en 2025. Luis Arce paga el precio de sus aspiraciones. Por un lado, lidia con las dudas sobre su capacidad de gestión y de dominio sobre la actual definición de políticas mientras tiene que confirmar su liderazgo en el MAS, otorgando concesiones a organizaciones sociales que conforman el instrumento político convirtiéndose también en prisionero de la prebenda, del clientelismo y del cuoteo sindical.
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