Fuente: childrenshealthdefense.org
Una mujer de Utah y dos senadores de EE.UU. se han unido para obtener respuestas de las agencias federales de salud sobre las lesiones que alteran la vida que sufren algunas personas después de recibir la vacuna COVID.
Brianne Dressen es una profesora de preescolar de Utah que resultó dañada tras participar en el ensayo clínico de la vacuna COVID de AstraZeneca en noviembre de 2020. Ha acumulado más de 250.000 dólares en facturas médicas como resultado de las lesiones que cree que fueron causadas por la vacuna.
Dressen dijo que una hora después de ser vacunada sentía un hormigueo en el brazo. Cuando llegó a casa, su visión era borrosa y veía doble. Su sensibilización llegó a ser tan grave que tenía que llevar orejeras y gafas de sol todo el tiempo.
Fue entonces cuando las cosas empeoraron. “Las cosas progresaron rápidamente”, dijo Dressen. Experimentó deterioro neurológico, pero nadie pudo explicarle el motivo. Tras una exploración neurológica, los médicos dijeron que parecía que tenía esclerosis múltiple (EM).
Según la Clínica Mayo, la esclerosis múltiple es una enfermedad potencialmente incapacitante del cerebro y la médula espinal en la que el sistema inmunitario ataca la capa protectora (mielina) que recubre las fibras nerviosas y provoca problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.
Dressen perdió el uso de sus piernas, ya que sus síntomas empeoraron. Después de realizar varias resonancias magnéticas, tomografías y punciones lumbares, los médicos seguían sin tener respuestas, informó “ABC4 News”.
Dressen dijo que pasó meses enseñándose a sí misma a caminar, comer y formar frases de nuevo, todo ello mientras viajaba en busca de respuestas.
“El hospital no sabía lo que estaba pasando… ninguno de los neurólogos que vi sabía lo que estaba pasando”, dijo Dressen. “Llamé varias veces a la clínica que hacía las pruebas y no tenían ni idea de lo que pasaba”.
Dressen habló con otras personas que se están enfrentando a los mismos síntomas después de vacunarse, y quiere que las personas perjudicadas por las vacunas COVID reciban ayuda.
“Quiero que los CDC hagan lo correcto y se comuniquen con la comunidad médica para que estas personas puedan recibir ayuda”, dijo Dressen. “Quiero que el público pueda tener la imagen completa para que pueda tomar una decisión informada”.
Los senadores exigen respuestas a los CDC, la FDA y los fabricantes de vacunas
Dressen, junto con otras personas que dicen haber sufrido daños por las vacunas pero que han sido “repetidamente ignoradas”por la comunidad médica, participaron a finales del mes pasado en una conferencia de prensa celebrada por el senador Ron Johnson (republicano de Wisconsin).
Tras la conferencia de prensa, Johnson y el senador de Utah Mike Lee escribieron una carta a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (“Centers for Disease Control and Prevention”, CDC por sus siglas en inglés) y a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (“Food and Drug Administration”, FDA por sus siglas en inglés) en la que afirmaban que las agencias habían ignorado las peticiones de asistencia y respuestas de las familias perjudicadas por las vacunas COVID.
Los senadores escribieron:
“La mera existencia de estas enfermedades es económica, física y emocionalmente debilitante para las personas afectadas y sus familias. Estas personas han expresado previamente tanto a la Directora de los CDC, Walensky, como a la Comisionada en funciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Woodcock, que desean respuestas y asistencia. Hasta ahora, sus peticiones han sido ignoradas o han quedado sin respuesta pertinente”.
Lee y Johnson afirmaron que la falta de reconocimiento generalizado de los efectos adversos tras recibir la vacuna COVID ha hecho casi imposible que algunas personas obtengan el tratamiento médico que necesitan, así como que los riesgos deben ser desvelados a la comunidad médica y al público en general.
“Si alguna de las vacunas COVID-19 causa realmente efectos adversos de la gravedad señalada anteriormente, incluso en un pequeño porcentaje de casos, estos riesgos deben ser desvelados, en particular a la comunidad médica, para que los profesionales de la salud estén debidamente informados y puedan proporcionar el tratamiento, la atención y la información necesaria al público en general, ya que ellos valoran los riesgos y los beneficios de que alguien sea vacunado”, escribieron los senadores.
En la carta, Lee y Johnson preguntaban a la FDA y a los CDC sobre los acontecimientos adversos sufridos durante los ensayos clínicos, divulgados en el Memorando de Autorización de Uso de Emergencia de la FDA para las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, así como las lesiones notificadas en el ensayo de AstraZeneca en Estados Unidos.
Lee y Johnson preguntaron si los CDC están trabajando con los médicos e investigadores de la FDA, los Institutos Nacionales de Salud u otros organismos de investigación médica para proporcionar a las diversas personas que experimentaron efectos adversos por las vacunas el tratamiento y la atención que necesitan.
Según los datos más recientes del VAERS, entre el 14 de diciembre de 2020 y el 2 de julio de 2021, se notificaron al VAERS un total de 438.441 eventos adversos, incluyendo 9.048 muertes y 41.015 lesiones graves.
La obtención de una indemnización federal por lesiones causadas por la vacuna COVID es poco frecuente
Como informó “The Defender” el 8 de julio, las personas que se enfrentan a enormes facturas médicas después de resultar heridas por una vacuna COVID tienen pocas opciones más allá de lo que cubre su propio seguro médico, porque una ley federal protege a los fabricantes de vacunas de responsabilidad.
La Ley Nacional de Daños por Vacunas en la Infancia de 1986 (“National Childhood Vaccine Injury Act”) y la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en Russell Bruesewitz y otros contra Wyeth y otros, garantizó a los fabricantes de vacunas, a los médicos y a otros administradores de vacunas que no tegan casi ninguna responsabilidad legal o financiera ante tribunales civiles cuando un gobierno recomienda o impone mandatos de una vacuna si ésta causa una lesión permanente o la muerte.
En 2005, el Congreso aprobó la Ley de Preparación para Emergencias (“Public Readiness and Emergency Preparedness Act”, PREP por sus siglas en inglés), que autoriza al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (“Department of Health and Human Services”, HHS por sus siglas en inglés) a emitir una declaración que proporcione inmunidad de responsabilidad extracontractual para las reclamaciones de pérdidas causadas por contramedidas médicas (por ejemplo, vacunas, medicamentos, productos) contra enfermedades u otras amenazas de emergencias de salud pública.
El 4 de febrero de 2020, el HHS invocó la Ley PREP al declarar el COVID-19 como una emergencia de salud pública. El 21 de enero, el HHS modificó la ley, ampliando la protección frente a la responsabilidad para incluir categorías adicionales que son las personas cualificadas autorizadas a prescribir, dispensar y administrar las vacunas COVID-19 autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
A cambio de la inmunidad de los fabricantes de vacunas, en virtud de la Ley PREP, el gobierno federal se comprometió a compensar las reacciones adversas a los tratamientos y vacunas COVID a través de un programa denominado Programa de Compensación de Lesiones por Contramedidas (“Countermeasures Injury Compensation Program”, CICP por sus siglas en inglés), gestionado por el HHS.
Tal como informó “The Defender” el 1 de julio, desde el inicio del programa CICP en 2010, sólo se han pagado 29 reclamaciones, con un importe medio de unos 200.000 dólares. Las otras 452 reclamaciones (91,4%) fueron denegadas. Diez reclamaciones obtuvieron la aprobación, pero fueron consideradas no aptas para la indemnización.
Sólo alrededor de un 8% de las personas que acudieron al CICP con lesiones causadas por vacunas en el pasado recibieron indemnizaciones, y no hay protección proveniente del sistema judicial estadounidense.
El HHS se ve obligado a publicar datos relacionados con el CICP
El mes pasado, el HHS accedió a publicar los datos relacionados con el CICP, gracias a una investigación del canal de noticias de la televisión de Atlanta, “11Alive”, filial de “WXIA-TV.”
Durante nueve meses, el equipo de investigación de “11Alive” informó sobre la falta de transparencia del CICP. El mes pasado, el gobierno hizo públicos los datos sobre el CICP solicitados por “11Alive” y aceptó ponerlos a disposición del público.
A fecha de 1 de julio, el CICP informó de que se han presentado 1.165 reclamaciones. Según su página web, el CICP no ha compensado ninguna reclamación por COVID-19. Dos reclamaciones relacionadas con el COVID fueron denegadas porque el solicitante no pudo demostrar que la contramedida había causado su lesión. Una de las reclamaciones estaba relacionada con la intubación y la otra con la vacuna. Casi todas las reclamaciones están pendientes de revisión médica.
“Creo que la gente a veces desconfía del gobierno y piensa que éste le oculta cosas cuando no es transparente”, dijo Melissa Wasser, del “Project on Government Oversight”. “El público tiene derecho a conocer esta información, especialmente con todos los recursos gubernamentales que se utilizan”.
En el sitio web del CICP se describen los parámetros del programa, que ofrece indemnizaciones por gastos médicos, pérdida de ingresos laborales y prestaciones por ser superviviente de una persona fallecida como “pagador de último recurso”, cubriendo únicamente lo que queda sin pagar o lo que no pueden pagar otros terceros, como el seguro médico.
En el marco del programa CICP, los honorarios de los abogados no están cubiertos. No hay tribunal, ni juez, ni derecho de apelación. Las personas que creen haber sufrido una lesión por una vacuna COVID sólo tienen un año desde la fecha de la lesión para presentar una reclamación.
“Children’s Health Defense” pide a cualquier persona que haya experimentado una reacción adversa a cualquier vacuna, que presente un informe siguiendo estos tres pasos.
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