Fuente: Panampost
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, redobló este jueves sus ataques a la Corte Suprema al afirmar que el alto tribunal «cometió un delito» al avalar las medidas sanitarias impuestas por las autoridades locales para contener la covid-19.
«El Supremo, la verdad, cometió un delito al decir que alcaldes y gobernadores, de forma indiscriminada, podrían simplemente suprimir todos y cada uno de los derechos previstos en el artículo quinto de la Constitución», dijo el mandatario a un grupo de seguidores, a las puertas de su residencia oficial en Brasilia.
El líder respondió así a un video divulgado la víspera en los canales oficiales del Supremo en el que la máxima corte desmintió que haya quitado poderes al jefe del Estado para combatir la crisis del coronavirus.
Bolsonaro acostumbra a decir que la máxima instancia judicial del país le dio toda la potestad a las administraciones regionales y municipales para combatir la pandemia, impidiendo a su Gobierno actuar, en su caso, contra las medidas sanitarias.
Sin embargo, el Supremo volvió a aclarar que en realidad decidió que las tres esferas del poder (federal, regional y municipal) tenían que trabajar juntas con medidas para «proteger a la población» del coronavirus.
Bolsonaro manifestó, sin embargo, que el video del Supremo es una «fake news» (noticia falsa) y aseguró que el alto tribunal le impidió modificar algunas de las restricciones adoptadas en muchas partes del país.
«Cerraron templos religiosos, hicieron barbaridades autorizados por el Supremo», opinó el mandatario, quien desde el inicio de la pandemia censura el uso de mascarilla y llegó a poner en duda la eficacia de las vacunas, que ahora estudios también han cuestionado.
A través de la Abogacía del Estado, el gobernante incluso recurrió ante el Supremo algunas de esas restricciones, como el toque de queda nocturno impuesto temporalmente en algunas ciudades del país, aunque hasta el momento todas las apelaciones han sido rechazadas.
Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, arremetió igualmente contra algunos de los magistrados del Supremo por ser contrarios a la implementación del voto en papel como complemento al sistema electrónico, que, según él, fomenta «fraudes» electorales.