Por Carlos Esteban – gaceta.es
Con Joe Biden, presunto presidente, en la Casa Blanca, la secesión vuelve a ser una buena idea para muchos en Estados Unidos. Lo último ha sido llevar a los tribunales al estado de Texas para impedir a los agentes de la Patrulla de Frontera detengan a inmigrantes ilegales sobre la base de que podrían extender el coronavirus.
Porque, ya saben, mientras es absolutamente imperativo que los estadounidenses nativos vivan bajo un pánico permanente a la Variante Delta (si es que no hemos pasado a la Épsilon, no pregunten) y el gobierno amenaza ya abiertamente con volver a los confinamientos y tantear la vacunación obligatoria, es igualmente fundamental que siga el flujo de inmigrantes ilegales que cruzan a diario y a miles la frontera con México sin ningún control sanitario.
La demanda, presentada en un tribunal federal de El Paso, refleja el interés mostrado por el fiscal general Merrick Garland, en una carta enviada el día anterior al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, advirtiendo que el Estado de la Estrella Solitaria estaba usurpando la responsabilidad del gobierno federal en cuestiones de política migratoria e incluso interfiriendo en su gestión.
Abbott, que se enfrenta a la reelección el próximo año, respondió a Garlad que era el gobierno federal el que estaba interfiriendo en su obligación de proteger a los habitantes de Texas.
“Es evidente por los argumentos que expresa en su carta que el Estado de Texas y el gobierno federal se enfrentan a una crisis constitucional”, escribe Abbot en la carta de respuesta.
Texas no es el único estado de la Unión que está recordando por las bravas que el país se llama Estados Unidos por algo, aunque sí el más importante, y ya enseñó los dientes cuando quiso llevar a los tribunales a estados sospechosos de haber permitido fraude electoral en las pasadas presidenciales.
La actitud de la Administración Biden en el asunto de los ilegales, a los que se deja entrar por miles, a los que no se controla en absoluto en plena pandemia y que son incluso transportados y dejados en el interior del país en autobuses y aviones fletados por Washington, podría ser la gota que desborde el vaso.
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