Fuente: es.sott.net
Fui a casa a visitar a mi madre. Canadá trató de obligarme a ingresar en un centro de detención Covid amenazando con multas y acciones policiales puesto que no reconocen mi inmunidad natural. No tuve más remedio que volar inmediatamente de vuelta a Europa.
En el momento de escribir estas líneas, me encuentro exactamente a 11.277 m de altitud, a 5.230 km de Vancouver (Canadá) y a 3.159 km de mi escala en Múnich (Alemania), de camino a París (Francia). Donde realmente debería estar es descansando en el patio trasero o en el jacuzzi de mi casa cerca de Vancouver con una bebida fría en un caluroso día de verano. En lugar de eso, estoy en un vuelo de Lufthansa de vuelta a París, apenas unas horas después de llegar del otro lado del océano en un vuelo de 10 horas, porque los funcionarios de mi propio país me han echado. Todo porque cometí la aparente infracción de intentar volver a entrar en mi propio país con una prueba de anticuerpos contra la Covid-19 adquiridos de forma natural por mi propio sistema inmunitario después de la recuperación, en lugar de los generados por la vacuna Covid-19 fabricada por el hombre, sobre la que aún queda mucho por aprender.
La vida diaria de un superviviente de Covid-19 con inmunidad natural a la enfermedad no es para los débiles de corazón. Como alguien con un alto nivel de anticuerpos probados en laboratorio cuyos niveles aún no han bajado incluso después de varios meses tras la enfermedad, mi médico me ha desaconsejado la vacunación. Evidentemente, aún queda mucho por saber sobre las inyecciones de Covid, que todavía se encuentran en la fase 3 de los ensayos clínicos y que las autoridades sanitarias consideran experimentales, sobre todo porque abundan los informes sobre casos avanzados de personas vacunadas que se contagian y propagan la Covid.
Para proteger y preservar mi inmunidad adquirida, optando por no recibir vacunas que puedan interferir con ella o suponer un riesgo para mi salud, Francia me obliga ahora a someterme a pruebas de antígeno con un hisopo nasal cada 48 horas si quiero seguir accediendo a lugares cotidianos como transporte público, gimnasios, restaurantes, algunos centros comerciales y bares. Pero es un precio que estoy dispuesta a pagar por mi salud.
Y ahora estoy pagando otro precio por elegir proteger mi propia salud. Me he encontrado con la amenaza de ser internada por el gobierno canadiense, algo a lo que ni siquiera sospechosos de terrorismo o inmigrantes ilegales son sometidos sin al menos una audiencia.
Cuando intenté volver a casa desde París a Vancouver para visitar a mi anciana madre por primera vez en un año, me trataron peor que a un criminal. Llegué al aeropuerto con una prueba de PCR negativa, dos pruebas positivas de anticuerpos Covid de marzo y julio que demostraban que todavía tenía anticuerpos significativos contra la Covid después de la recuperación, y un “certificado de inmunidad a la Covid” escrito y firmado por mi médico francés para confirmar este hecho.
El agente fronterizo canadiense se negó a aceptar los resultados de las pruebas de laboratorio de anticuerpos como prueba de que me había recuperado y era inmune a la Covid. Quería una prueba de PCR de hace menos de tres meses, después de la cual se espera que todo el mundo se vacune (ni siquiera supe que tenía Covid hasta que me hice una prueba de anticuerpos serológica semanas después). El funcionario tampoco tuvo en cuenta el resultado negativo de la prueba PCR realizada horas antes de la salida, ni las demás pruebas de antígenos, todas ellas negativas y realizadas cada 48 horas durante los 10 días anteriores. En cambio, me ordenó que me inscribiera para una estancia de 3 días en un centro de internamiento del gobierno (a la que seguiría un aislamiento domiciliario obligatorio y supervisado de 14 días).
A continuación, me remitieron a una funcionaria sanitaria federal que me preguntó si había firmado y pagado (hasta 2.000 dólares) por el internamiento gubernamental de 3 días. Le contesté que no. Me dijo que no tenía ninguna opción, excepto en lo que respecta a la instalación contratada por el gobierno en la que me gustaría ser internada a mi costa. Le pregunté: “¿Y si me voy sin más?”. Señaló al oficial de la RCMP que estaba detrás de ella y dijo que marcharse supondría una multa de casi 6.000 dólares. Le pregunté: “¿Y si me quedo aquí en el aeropuerto y reservo un vuelo de vuelta a París y cancelo toda mi visita a Canadá?”. Me contestó que no habría problema. Así que reservé un vuelo de vuelta en mi teléfono por un precio de algo más de 1.500 dólares, lo que seguía siendo más barato que el internamiento del gobierno. Anotó el número de mi vuelo de regreso y me redactó una “orden de salud” federal que debía firmar, reconociendo que debía salir de Canadá en ese vuelo o enfrentarme a sanciones penales que incluirían prisión. Añadió amablemente que aún podían multarme por ignorancia, pero que esta vez lo dejarían en una amonestación. Qué régimen autoritario tan benévolo.
Seamos claros: el gobierno canadiense, al comportarse de esta manera, está criminalizando sistemáticamente a quienes tienen anticuerpos Covid que no provienen de una vacuna experimental fabricada.
Unas horas más tarde, ya estoy en ese vuelo de vuelta a París. Mi madre rompió a llorar esperando al otro lado de la sala de llegadas mientras su hija era expulsada de su propio país, algo que Canadá ni siquiera hace con los sospechosos de terrorismo sin algún tipo de proceso legal.
El siguiente paso para mí y para otras personas sometidas a esta discriminación debería ser una impugnación judicial de las acciones del gobierno federal. Los centros de internamiento ordenados por el gobierno para los supervivientes inmunes a la Covid bajo amenaza de encarcelamiento no tienen cabida en ninguna democracia.
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