Traducido de Breitbart.com para Tierrapura.org
Las fuerzas de seguridad del Estado comunista en Cuba no han dejado de allanar los domicilios y detener a personas que se cree que han participado en las protestas del 11 de julio en todo el país, y la última vez fue la desaparición del disidente Sadiel González de su casa el lunes por la noche.
La familia de González dijo al medio independiente cubano 14 y Medio que González sigue desaparecido desde el martes, después de que la policía entrara en su casa de La Habana el lunes por la noche y solicitara una “entrevista” en la comisaría. González había retransmitido en directo por Facebook las protestas del 11 de julio y había participado en ellas. A diferencia de muchos que han sido detenidos o han desaparecido en el sistema penal del Partido Comunista, González tiene un historial de actividad disidente y había participado recientemente en una protesta en abril, antes del 11 de julio.
La detención de González se conoció públicamente porque filmó la visita de la policía el lunes, que al parecer se produjo después de las 21:00 horas locales, una vez superado el toque de queda impuesto para evitar la propagación del coronavirus chino en la capital. La policía no presentó una orden de arresto ni declaró que se enfrentaría a ningún cargo, por lo que no está claro por qué acudieron a su casa.
El vídeo que González publicó en Facebook mostraba a un agente pidiendo a González que acompañara a la policía para “tener una conversación en la comisaría”, pero las autoridades acabaron poniéndole las esposas y llevándoselo. En respuesta a las indignadas demandas de explicación por parte de su madre, un agente dice, según parece, “es para una entrevista, mamá, no te preocupes”.
Otro oficial, tras la salida de González en un coche de policía, le dijo a su madre que el hombre estaba “involucrado en actos contrarrevolucionarios” y le explicó que había transmitido en directo un vídeo suyo el lunes promoviendo más protestas contra el régimen castrista.
La detención del lunes es una prueba de que las persecuciones relacionadas con las protestas del 11 de julio continúan tres semanas después, incluso cuando los llamamientos a la ayuda internacional para los manifestantes, especialmente en Estados Unidos, han caído en saco roto. El gobierno del presidente Joe Biden aplicó sanciones redundantes a dos personas en respuesta a las violentas medidas de represión que siguieron al 11 de julio, pero no ha tomado más medidas significativas y, tras una reunión la semana pasada con personalidades cubanas, no ha indicado que tenga planes para tomar más medidas en el futuro.
Las protestas del 11 de julio fueron una erupción espontánea de descontento contra el régimen comunista, en el poder desde hace 62 años, que se produjo en casi todas las ciudades del país. Algunas estimaciones sugieren que hasta 200.000 cubanos participaron en las protestas, que en su mayoría consistieron en marchas y asambleas pacíficas en plazas públicas. El régimen castrista respondió a las protestas exigiendo inmediatamente a los civiles pro-revolucionarios que agredieran físicamente a los disidentes en público y ejecutando redadas puerta a puerta para detener a los sospechosos de protestar. Algunos agentes de policía utilizaron munición real para disparar a las multitudes pacíficas; muchos de ellos detuvieron a personas cerca de las protestas de las que no había pruebas de participación, incluidos niños.
Según el grupo de derechos humanos Defensores de los Presos Cubanos en un informe publicado esta semana, “un número imposible de determinar de entre 2.000 y 8.000 personas” fueron detenidas y permanecen bajo custodia policial como resultado de la actividad de la fuerza castrista del mes pasado, la gran mayoría de ellas el 11 de julio o en los días siguientes. La organización señaló que, en la gran mayoría de estos casos, las personas encarceladas no reciben el debido proceso, lo que significa que muchas ni siquiera han sido acusadas de un delito mientras permanecen bajo custodia policial. Subrayando esta falta de respeto a los derechos legales, Prisoners Defenders sólo pudo confirmar la existencia de 272 presos políticos en la isla hasta junio, definidos como individuos juzgados y condenados por delitos consistentes en desacuerdos con el gobierno. El resto se encuentran simplemente bajo custodia policial sin haber sido condenados, o en muchos casos acusados de un delito.
Otra categoría alarmante de presos son los disidentes que cumplen condena por conductas “pre-delictivas”. Según Cuban Prisoners Defenders, 11.000 cubanos entran en esta categoría. Se trata de individuos que el régimen considera una amenaza, pero de los que no existen pruebas de ningún acto que pueda interpretarse de algún modo como un delito.
Otro grupo importante de personas que el Partido Comunista considera enemigas del Estado están sometidas sistemáticamente a acuerdos informales de arresto domiciliario. Este método se utiliza especialmente en los casos de los periodistas. Luz Escobar, la reportera de 14 y Medio que escribió la historia sobre la detención de González, informa regularmente de que no puede salir de su casa por razones poco claras. El miércoles, Escobar grabó a un presunto agente de la seguridad del Estado, “se negó a identificarse” en la puerta de su casa, impidiéndole salir de ella.
“Hay mucho COVID ahí fuera, es mejor que te quedes en casa”, dice el hombre no identificado en el vídeo, añadiendo una petición de subir a su apartamento que Escobar rechaza, alegando falta de orden judicial, de identificación legal o de cualquier explicación sobre quién es este hombre o por qué le impide salir de su casa.
La situación de muchos otros sigue siendo desconocida desde el 11 de julio, ya que el gobierno los hizo desaparecer de hecho sin dar explicaciones. El más destacado de estos casos es el de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que se cree que es el mayor grupo disidente de la isla. No hay pruebas que sugieran que Ferrer participara en las protestas del 11 de julio o que la UNPACU ayudara a organizarlas, pero las autoridades lo sacaron de su casa de Santiago de Cuba ese día y su familia no ha recibido ninguna explicación ni actualización sobre su paradero desde entonces.
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