Proyecto de obra pública de Biden incluye desde controvertidas regulaciones al Bitcoin hasta cursos de género

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Fuente: La Derecha Diario

El presidente envió una masiva ley de infraestructura al Senado que incluye desde regulaciones a las criptomonedas, hasta cursos de inclusión de mujeres en el sector del transporte hasta medidas ecologistas.

El proyecto de Ley de Infraestructura que envió el presidente Joe Biden al Congreso, que tiene la participación de alrededor 18 senadores republicanos, entre los cuales se incluye el jefe de bancada, el traidor Mitch McConnell, se votará esta semana y tiene todos los prospectos de que será aprobada.

La ley superficialmente eleva el gasto público en $1,2 billones de dólares (“trillion“, en inglés) para la mejora y construcción de infraestructura correspondiente a puentes, rutas y otros servicios de transporte público, pero un análisis más riguroso del texto revela que no todo este dinero será destinado a la obra pública.

Por todo el proyecto se encuentran subsecciones y artículos diseñados para profundizar algunos de los ítems más importantes de la agenda demócrata actual, como cuidado de medio ambiente, cursos de teoría de género y regulaciones a las criptomonedas.

Impuestos al Bitcoin

La Sección 6045 de la Ley de Infraestructura de Biden expande la definición de lo que es un “broker de bolsa” en Estados Unidos, agregándole a la ya establecida definición de alguien que opera en la bolsa de valores, “cualquier persona que actúe de intermediario en la transferencia de propiedades o servicios“.

Esto implica que cualquier persona que compre o venda cualquier activo financiero a través de un servicio online entrará dentro del esquema tributario de un broker de bolsa, lo cual implicará enormes costos impositivos adicionales al mercado. Como el Bitcoin y otras criptomonedas solo pueden ser operadas online, todas sus operaciones entrarán bajo este concepto, e incluso abarcará a quienes minen estas monedas digitales.

Un grupo de senadores trumpistas propusieron una enmienda para esta sección, llamada la “Enmienda Wyden-Lummis-Toomey” que básicamente impediría que los individuos que compran y venden criptomonedas por su cuenta entren la definición. “Cualquier persona que sea responsable de proporcionar regularmente cualquier servicio que efectúe transferencias de activos digitales en nombre de otra persona“, agrega.

La Enmienda Wyden-Lummis-Toomey busca que solo se considere brokers de bolsa a quien compran y venden Bitcoins en nombre de otras personas, como un servicio financiero.

Sin embargo, los demócratas presentaron una enmienda paralela que solo exceptúa a los mineros, pero incluye cosas aún más disparatadas como considerar broker de bolsa a un programador que vende un software relacionado a la actividad financiera.

Esta enmienda, llamada “Enmienda Portman-Warner-Sinema”, cuenta con el respaldo de Biden y tiene la aprobación del Departamento del Tesoro, por lo que es muy probable que sea la que se apruebe en la próxima votación que debería ocurrir antes del lunes.

El senador Ted Cruz, uno de los mayores defensores de las criptomonedas y el desarrollo blockchain, presentó una tercera enmienda para directamente eliminar toda esta sección de la Ley de Infraestructura, pero no cuenta con el apoyo de todos los 50 senadores republicanos, muchos alineados a Joe Biden.

https://twitter.com/tedcruz/status/1424097171578757120

Cursos de Género e Inclusión Femenina

En otra sección se crean programas de incentivo a las mujeres a participar en la industria del transporte. Según explica el proyecto de ley, dentro de toda la fuerza de trabajo que representan las mujeres en los Estados Unidos, solo un 6,6% se dedica al manejo de vehículos pesados de transporte de mercaderías y un 24% se dedica a la industria del transporte y depósito de mercaderías.

Dentro de este programa de incentivo, también se destacó un supuesto estudio en el cual se demuestra que las mujeres al volante de los camiones, representan un 20% menos de los accidentes de tránsito que los hombres utilizando dicho medio de transporte, pero no se presentan evidencias.

En la Sección 2095, se promueven cambios en la Ley de Discapacidades de 1990, por ejemplo se contempla que la identidad de género, debe ser una clase protegida según el Título 18 del Código de Estados Unidos.

Lo mismo hace con las “tribus indígenas”, otorgándoles protecciones legales completamente injustificadas.

Cuidado del Medio Ambiente

La Ley también establece que las obras públicas solo pueden ser construidas por empresas con conciencia del medio ambiente, que conozcan los pueblos lindantes a la construcción y lo hagan para “ayudar a sus desventajas económicas” y cuiden a las “comunidades minoritarias”

Además, dictamina que las evaluaciones ambientales deben estar de acuerdo con “la ciencia del cambio climático” y las nuevas regulaciones ecologistas de la administración de Biden.

Financiación

A pesar de que se financiará con emisión monetaria, Biden quiere solventar el agujero fiscal que generará esta ley con la implementación de una tarifa basada en el kilometraje que los conductores de vehículos particulares tendrán que abonar a medida que utilicen sus propios vehículos.

La idea propuesta por los demócratas es la de solventar la obra pública relacionada al transporte mediante el pago de un impuesto en unidades de “dólares por milla” y que se abonará mensualmente al Estado federal.

Esta idea, además requeriría de la adquisición de distintos medios para llevar un registro del kilometraje o desde los mismos que se presentan en un automóvil. Estos serían el uso del odómetro, GPS’s, teléfonos particulares y hasta la incorporación de dispositivos electrónicos con el fin de medir el kilometraje para luego abonar la mencionada tasa.

Según denuncias los senadores trumpistas, el trasfondo de este proyecto realmente se trata de seguir haciendo que el uso de un auto sea cada vez más caro y que eventualmente la gente deje de utilizarlos. La agenda demócrata propone no usar autos de combustión interna y aboga por el transporte público con colectivos o trenes eléctricos.

Apoyo republicano anti-Trump

La Ley pasará fácilmente. Actualmente el Senado se compone por 50 legisladores demócratas y 50 republicanos, pero por lo menos 18 de los republicanos, todo anti-Trump, le han dado su apoyo al proyecto de Joe Biden.

Estos senadores tampoco lo hicieron por afinidad política, si no que se vendieron. En la masiva ley se incluyeron artículos que beneficiarían específicamente a sus Estados, como en el caso de Utah y Alaska.

En Utah, con Mitt Romney a la cabeza, se encuentra detallado en el documento el gasto de 50 millones de dólares con la finalidad de la construcción de el “Central Utah Project“, un proyecto para la utilización del agua del Río Colorado. Esta sección de la ley es clave para los demócratas ya que consiguen el apoyo de Romney para negociar la ley.

En la misma sintonía, en el Estado de Alaska, la senadora Lisa Murkowski acordó a cambio de la negociación del proyecto que la Secretaría de Transporte Nacional provea los fondos necesarios para la reconstrucción de la autopista de Alaska, la cual une el territorio Yukon en el Estado norteño con el territorio canadiense en la conjunción de Haynes.

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