Fuente: La Gaceta de la Iberoesfera
Cuando la democracia liberal representativa de un país, cuyas instituciones ya son débiles, termina siendo cooptada por determinado régimen -bien puede ser de derechas o izquierdas-, a la ciudadanía no le queda mayor alternativa que la de recurrir a los organismos internacionales para denunciar sus abusos. En la gran mayoría de casos, estas denuncias son realizadas con muy poca o ninguna esperanza, tal y como lo demuestra el silencio de Michelle Bachelet como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto de la dictadura cubana, por ejemplo.
Afortunadamente, en el caso de Bolivia esto ha sido una excepción con la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando no sólo hizo su tarea en una auditoría al proceso electoral de finales de 2019 en Bolivia -cuyos resultados le permitieron concluir que hubo “manipulación dolosa en todo el proceso”-, sino además cuando, hace tan solo unos días atrás, reafirmó su posición frente a la decisión de la Fiscalía de Bolivia de cerrar el caso del fraude de Morales en su favor.
En esta oportunidad, y luego de una larga espera de cuatro años, el organismo que se ha manifestado en favor de la institucionalidad democrática en Bolivia ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Concretamente, este viernes 13 de agosto la Corte IDH ha afirmado: “la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con reconocimiento normativo en la Convención ni en la Declaración Americana, y de forma general, en el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, en otros tratados internacionales, en la costumbre regional, ni en los principios generales de derecho”.
Por tanto, además, “la prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana sobre derechos humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana”.
Para hacer memoria, esto sucede a raíz de que Evo Morales decidió postularse a la reelección indefinida violando la Constitución Política del Estado que él mismo diseñó y aprobó por la fuerza, e ignorando la negativa de la ciudadanía expresada en el plebiscito del 21 de febrero de 2016, que consultó la posibilidad de modificar la Carta Magna para dicho efecto.
El argumento de Morales para postularse a un nuevo mandato de todas maneras, fue que era su “derecho humano”.
En el mismo sentido -y como fiel ilustración de su sometimiento al Poder Ejecutivo-, el Tribunal Constitucional Plurinacional avaló la postulación de Morales a la reelección indefinida en contra de lo establecido en la propia CPE, por insólito que parezca.
Lamentablemente, tanto la oposición como otros organismos internacionales, fueron cómplices de Morales en aquel momento, ya sea porque decidieron lanzar su candidatura legitimando la toda una serie de delitos, empezando por Carlos Mesa Gisbert, o porque simplemente callaron, como Paulo Abrão y Francisco Eguiguren Praeli, secretario ejecutivo y comisionado de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respectivamente.
En el caso de la OEA, Luis Almagro, su Secretario General, dijo en ese entonces que Morales sería discriminado si no se le permitía la repostulación.
En este sentido, estos actores tendrían que manifestarse en consecuencia.
Así como apuntamos antes, la OEA ya se pronunció recientemente, de manera contundente y en favor de la democracia. Pero además, Almagro ha agregado de manera más reciente en redes sociales: “La opinión consultiva de Corte IDH es fundamental para fortalecer la democracia hemisférica, porque evita los abusos cometidos en el pasado y también abre un camino hacia el futuro en que la democracia no esté contaminada por el erróneo concepto de que la reelección es un derecho humano”.
Por su lado, aunque varios años más tarde, y tal vez incluso con cinismo, Mesa también se pronunció: “Derrota histórica de Morales. Celebro reparación histórica de la democracia en Bolivia con el fallo vinculante de la Corte IDH. Procede juicio contra Magistrados del TCP por prevaricato y contra Evo Morales por incumplimiento de deberes y atentar contra la soberanía popular”.
Desde luego, y como no podía ser de otra manera, Morales ha dicho: “La Opinión Consultiva promovida por Duque, el violador de DD.HH. en Colombia, es un ataque del golpista Almagro y sus cómplices de la derecha para desestabilizar políticamente la democracia. Como nunca nos pudieron ganar en urnas, usan a la Corte IDH para justificar sus derrotas”.
Paulo Abrão y Francisco Eguiguren todavía no se han manifestado.
Ahora bien, si hay algo verdaderamente importante a destacar del fallo de la Corte IDH es que no hubiera sido posible sin una demanda.
Quienes realizaron esta demanda ante la Corte IDH, y para que además sea atendida como corresponde, han sido los expresidentes Tuto Quiroga y Andrés Pastrana, y el presidente Iván Duque, con lo cual, la democracia liberal representativa y todo aquel ciudadano que la defiende en Bolivia e incluso la región, les debe su reconocimiento.
Entonces, así como muy bien dice el expresidente Quiroga, “ser tirano no es un derecho humano”, y solamente resta que los responsables den la cara por sus actos ante las instancias que corresponda para seguir vigilando la libertad y la democracia en Bolivia y la región.
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