Por Luis Leonel León – gaceta.es
Amnistía Internacional (AI) ha declarado este jueves a otras seis víctimas de la represión en Cuba como presos de conciencia. Son ellos el líder opositor José Daniel Ferrer García, (Unión Patriótica de Cuba, UNPACU) los artistas visuales Hamlet Lavastida (que regresó a Cuba luego de una residencia artística en Berlín) y Luis Manuel Otero Alcántara (Movimiento San Isidro), el periodista independiente Esteban Rodríguez, la activista de derechos humanos Thais Mailén Franco Benítez y el músico Maykel Castillo Pérez, más conocido como El Osorbo.
Elude catalogar al régimen cubano como la dictadura comunista que es, pero asevera que luego de las multitudinarias protestas pacíficas desatadas en más de 20 localidades de la isla el pasado 11 de julio y días sucesivos, el castrismo ha «intensificado una política de represión, aplicada durante décadas, que criminaliza la protesta pacífica y encarcela y maltrata» a quien se atreve a expresar sus opiniones políticas.
AI pide al régimen de La Habana la «liberación inmediata e incondicional» de estos 6 prisioneros, acotando que se trata de «un gesto simbólico hacia los muchos cientos más que seguramente merecen esta designación», pues las violaciones de derechos humanos documentadas en las últimas semanas evidencian «una política de represión reforzada para recuperar el control y restablecer una cultura del miedo que se tambaleó el 11 de julio».
«En respuesta a las protestas, las autoridades cubanas han utilizado la misma maquinaria de control que usan desde hace décadas para actuar contra quienes piensan de otra manera, aunque esta vez en una escala que no habíamos visto en casi 20 años y con nuevas tácticas que incluyen censura e interrupciones de Internet para controlar y encubrir las graves violaciones de derechos humanos”, manifestó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Guevara Rosas insiste en que «estos casos representativos sólo son una minúscula fracción del número total de personas que probablemente merecen ser adoptadas como tales, pero sirven para resaltar algunos de los patrones de abusos de las autoridades cubanas y la política de represión que ya aplicaban antes de las medidas enérgicas adoptadas el 11 de julio. Dos de estas seis personas fueron detenidas cuando iban de camino a las protestas ese día; a las otras cuatro las detuvieron semanas antes y sin embargo están acusadas de los mismos delitos por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión».
En su declaración AI afirma que «miles de personas salieron a las calles el 11 de julio para protestar pacíficamente por la situación económica, la escasez de medicamentos, la respuesta del gobierno al covid-19 y las duras restricciones a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, en una de las mayores manifestaciones que se han visto en décadas», dejando fuera algunos de los principales pedidos que multitudes de cubanos gritaron en las protestas pacíficas: «Queremos libertad, No más dictadura, Que se vayan los Castro, Abajo el comunismo, Díaz-Canel asesino».
El 5 de agosto AI «se dirigió por escrito públicamente al presidente [ilegítimo] Díaz-Canel y a la fiscal general de la República para preguntar por el número de personas detenidas el 11 de julio, su lugar de detención y los cargos presentados contra ellas», pero, como era de esperar, no han recibido respuesta de la dictadura.
Esta organización, cuyo foco son los derechos humanos, ha documentado crímenes de derecho internacional y violaciones graves contra estos y otros prisioneros de consciencia: «detuvieron arbitrariamente a cientos de personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión, en su gran mayoría pacífica, en el contexto de las protestas del 11 de julio, según una lista elaborada por la ONG Cubalex y los testimonios recopilados por Amnistía Internacional».
Según un artículo del portal oficialista Cubadebate y un tuit de la fiscal general de Cuba, AI constata que el 4 de agosto habían sido juzgadas 62 personas por hechos relacionados con las protestas del 11 de julio, en su mayoría por el delito de «desórdenes públicos» y, en menor medida, por «resistencia«, «desacato«, «instigación a delinquir» y «daños».
La entidad revela haber «entrevistado a más de 30 personas, entre ellas familiares de quienes están en prisión, personas que fueron detenidas y ya están en libertad, activistas, ONG y otras organizaciones que dan seguimiento a la situación» y evidencia que el régimen respondió con violencia, «deteniendo y criminalizando en distintos grados». «En su mayoría parecen estar acusadas de delitos que tradicionalmente se utilizan para silenciar la disidencia, como el de “desórdenes públicos”, o de delitos incompatibles con las normas internacionales, como el de “desacato”, usado selectivamente contra quienes critican al gobierno [dictadura]».
AI hace referencia a la vigilancia y el acoso permanentes así como los arrestos domiciliarios que sufren los disidentes en la isla: «La vigilancia física es otra táctica que emplean las autoridades cubanas para ejercer un control férreo sobre el movimiento de activistas y el periodismo independiente. Implica la presencia permanente de agentes de seguridad en el exterior del domicilio de una persona, que la amenazan con detenerla si sale de él, lo que puede constituir arresto domiciliario».
«Esta práctica ha continuado con posterioridad a las manifestaciones del 11 de julio. El Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional y su Cuerpo de Verificación Digital determinaron el origen, verificaron y geolocalizaron 54 vídeos que muestran la vigilancia de cuatro activistas y periodistas independientes —entre ellos Héctor Luis Valdés Cocho, Luz Escobar e Iliana Hernández— grabados entre el 11 de julio y el 12 de agosto. En ellos se ven agentes de policía uniformados y vestidos de civil apostados en el exterior de las casas de los activistas y, en algún caso, enfrentándose a los vigilados cuando desafían las instrucciones», informa AI y comparte testimonios de las víctimas entrevistadas.
Rememora AI que los arrestos domiciliarios eran una «táctica habitual» antes de las protestas del 11 de julio: «El 11 de agosto, Mary Karla Ares González —una de las numerosas personas activistas detenidas por manifestarse en la calle Obispo en abril— llevaba unos 75 días sometida a reclusión domiciliaria como condición para no ir a la cárcel, y aún no tenía fecha para el juicio. Aunque ha podido hacer visitas familiares de vez en cuando, afirma que le ha cambiado la vida por completo y que ya no hace ejercicio al aire libre ni va a comprar comida». La joven periodista relató que se siente «tan presa como cuando estaba en la prisión, incluso más».
El informe también denuncia «violaciones del debido proceso«, práctica habitual contra los disidentes desde hace más de medio siglo, y «detenciones en régimen de incomunicación». Es citado el caso del estudiante y activista de derechos humanos Rolando Remedios, quien estuvo preso casi un mes por participar protestas, acusado de «desórdenes públicos«, un «delito que, en los términos establecidos en la legislación cubana, es incompatible con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos por su extrema imprecisión«. La fotografía de su «violenta detención» frente al Capitolio habanero efectivamente recorrió el mundo.
Las protestas pacíficas fueron reprimidas por todos las fuerzas del régimen, desde las conocidas boinas negras, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y oficiales de la policía política yla Seguridad del Estado hasta agentes vestidos de civil. AI denuncia que las «detenciones en el contexto de las protestas del 11 de julio ha tenido como consecuencia informes generalizados de malos tratos, incluso a mujeres«. Y luego del 11 de julio la represión no ha cesado.
«Familiares de personas detenidas, así como personas que estuvieron en detención y ya han sido liberadas, han contado a Amnistía Internacional en entrevistas, la mayoría con la condición de preservar el anonimato, que, tras las protestas, agentes encargados de hacer cumplir la ley actuaron selectivamente contra jóvenes de quienes sospechaban que habían participado en ellas, los sacaron a rastras de sus camas y, a veces sin calzado ni ropa, se los llevaron a la cárcel en vehículos policiales. Muchos denunciaron condiciones de humedad y falta de espacio y de higiene en la cárcel, que no se habían adoptado medidas de distanciamiento social ni otras para prevenir la covid-19 y que rara vez les permitían salir al exterior», precisa AI.
Otro tema que aborda el documento es el embargo estadounidense contra el régimen cubano. Guevara Rosas, desde su puesto al frente de AI en las Américas, ha reafirmado en muchas ocasiones su posición anti-embargo con el argumento de que «es un pretexto para mantener la represión» y ha acusado a Estados Unidos de mantener una retórica de «guerra fría» que «mantiene el distanciamiento de las relaciones» con el régimen comunista.
El castrismo ha «elaborado una narrativa compleja que niega todas las violaciones de derechos humanos cometidas tras la represión y culpa de la situación económica exclusivamente al embargo económico de Estados Unidos», indica AI y a la vez considera que el embargo «contribuye a la violación de derechos económicos» e insiste en su posición de levantarlo «urgentemente», pero reconociendo que «la responsabilidad de la política de represión recae directamente en los máximos dirigentes del gobierno cubano».
Ante esto, los cubanos pro-embargo suelen preguntar: ¿El levantamiento del embargo y las sanciones a la cúpula militar de La Habana y la imposición de una política de abrazo (engagement) hará que los represores castristas dejen de reprimir? ¿Tratar a la dictadura como un gobierno democrático cumplirá el pedido que se escuchó en las masivas protestas de poner fin al comunismo?
Sobre la censura y los cortes de Internet AI recuerda que desde el 11 de julio la dictadura cubana ha «interrumpido con frecuencia el acceso a Internet, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos» y «bloqueado regularmente las aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp, Telegram y Signal. Según un representante del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI), la tecnología empleada para efectuar los bloqueos es cada vez más sofisticada, sobre todo desde 2019, cuando la organización también señaló el bloqueo de sitios de medios de comunicación durante el referéndum constitucional».
Luego de las protestas masivas, la dictadura ha tipificado como un delito el ejercicio de la libre expresión en las redes sociales, donde las manifestaciones se vieron reflejadas. De ahí que contar la verdad o compartir videos de manifestaciones puedan ser considerados «mensajes contra el Estado», «difamación con impacto en el prestigio del país», «difusión a través de Internet de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado» o incitar a «movilizaciones u otros actos que alteren el orden público».
AI señala que la «censura practicada por las autoridades cubanas, que controlan la única red de telecomunicaciones del país» afecta a los «observadores independientes de derechos humanos» y pide al régimen que «ponga en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos humanos».
En sus recomendaciones la organización destaca que el régimen debe: «poner fin de inmediato a su política de represión, que vulnera derechos humanos y está dirigida a sostener una cultura del miedo y ha anular toda forma de diálogo» y «permitir de inmediato la entrada al país del relator especial de la ONU para la libertad de opinión y de expresión y de la relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos» para que documenten la situación real.
Amnistía Internacional expone en su informe la existencia de presos políticos en Cuba, denuncia las diversas formas de represión y violaciones de derechos humanos que sufren los cubanos, suma a la lista -de manera simbólica- a estos 6 prisioneros de conciencia y concluye que «la comunidad internacional debe condenar los actos de las autoridades cubanas en los términos más enérgicos en todas las reuniones diplomáticas y espacios internacionales». Pero, contradictoriamente, en todo momento evita llamarle dictadura al castrismo.
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