Por Gabriela Moreno – Panampost.com
El expresidente izquierdista de Bolivia, Evo Morales, impulsa un juicio contra el también expresidente del país, Carlos Mesa, con el apoyo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde su partido Movimiento al Socialismo (MAS) es mayoría, para endosarle la responsabilidad del fracaso en el arbitraje internacional que en 2018 obligó al Estado a pagar 42,6 millones de dólares a la empresa Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax, como indemnización después de que Mesa revocó la concesión para explotar ulexita en el salar de Uyuni en 2004.
Carlos Mesa asegura que entregó un proceso “impecable” que fue asumido en una pésima defensa encabezada por los exprocuradores Héctor Arce Zaconeta y Pablo Menacho; el extitular de Minería, César Navarro, y el entonces ministro de Economía y actual presidente, Luis Arce, cuando existía evidencia de irregularidades en las operaciones de la compañía, entre ellas, la evasión de impuestos, irrespeto medioambiental y declaración de exportaciones «muy inferiores” a las registradas en la contabilidad, según divulga El Deber.
«Me van a enjuiciar por haber nacionalizado el salar de Uyuni y por haber expulsado a una empresa pirata e ilegal de Bolivia», manifestó el exgobernante ante la decisión de la comisión mixta del parlamento de enjuiciarlo por supuestas resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, a raíz de que la controversia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) –dependiente del Banco Mundial– cerró el caso a favor de la empresa demandante.
Un caso amañado
Mesa acusó a la firma de haber falsificado su acta de conformación para «establecer una mayoría accionaria extranjera». En su descargo, sostiene que presentó varios «escritos de acusación» contra los exfuncionarios que fueron rechazados «porque el Ministerio Público está al servicio del gobierno» del MAS.
También descubrió que Quiborax sólo había invertido 600.000 dólares durante sus dos años en la presidencia boliviana –2003 a 2005– pero “Bolivia aceptó pagar a estos piratas” y ahora se pretende “blanquear” a los verdaderos responsables de los hechos de corrupción. Él se inmuta. “No temo en absoluto a nada, lo que hago es acusar a los verdaderos responsables, yo me voy a someter a lo que venga”, dijo en su última conferencia de prensa mientras libra una batalla en Twitter con Morales.
El jefe de Comunidad Ciudadana (CC) atribuye la causa a una orden del exmandatario socialista para “ocultar la traición a la patria” de su gobierno al acceder al desembolso de los fondos públicos. Con su nombre se amplía la lista de perseguidos que triplica el gobierno de Arce para limpiar la imagen de Evo Morales.
Por su parte, Morales lo acusa de estar “desesperado y asustado” y afirma que “inventa cada día una nueva falsedad para conseguir impunidad. Al acusar a exautoridades y al hermano @LuchoXBolivia, admite y confiesa la existencia del daño económico que él provocó en su gobierno con el caso Quiborax”.
Una amnistía contradictoria
La posición de Evo Morales es contradictora, considerando que en 2018, siendo presidente, decretó una amnistía avalada por la Asamblea para Carlos Mesa y el también expresidente Jorge Quiroga por casos judiciales que tenían pendientes para que colaboraran con el reclamo marítimo boliviano ante Chile.
El tiempo pasó y ahora con Luis Arce en el poder, se desempolva la causa, alegando que Mesa rechazó en su momento el beneficio por considerar que se presumía su culpabilidad en el caso y se escondía la responsabilidad de los exfuncionarios de Morales, a quienes acusó de ser los «verdaderos autores del delito de complicidad y pignoración”.
El expresidente Mesa asegura que volverá a presentar acusaciones contra estos exfuncionarios cuando se tenga en el país «un sistema judicial creíble». El partido de Mesa considera que el avance del juicio contra el exmandatario en el Legislativo pretende «presionar» a la oposición para conseguir que se aprueben juicios de responsabilidades de interés para el MAS, entre ellos los procesos contra la expresidente interina Jeanine Áñez.
De hecho, el actual ministro de Justicia, Iván Lima, empuja en esta dirección el panorama, asegurando que la amnistía tenía sólo un plazo de 365 días. Ahora “la misma Asamblea borrará con el codo lo que firmó con la mano porque aunque rechacé la amnistía no se elimina la obligatoriedad”, apunta Mesa.
Otros involucrados
En la polémica también aparecen otros dos nombres: el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y el exministro de Gobierno de Evo Morales, Alfredo Rada. Sánchez de Lozada será procesado por resoluciones contrarias a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por presuntamente haber otorgado créditos a favor de empresas financieras privadas, lo cual ha sido conocido como el caso Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif); y Rada es acusado por los delitos de genocidio y resoluciones contrarias a la Constitución por el caso Calancha, debido a la represión policial de 2007 en contra de quienes reclamaban a la Asamblea Constituyente la capitalidad plena para Sucre, dejando dos muerto y 400 heridos. Rada era ministro de Gobierno y dirigía las operaciones.
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