Por Gabriela Moreno – Panampost.com
Dos funcionarios activos y dos en retiro del Ejército de Chile denunciaron a la institución por incurrir en espionaje de teléfono en su contra, a través de la “Operación Topógrafo”, después de ventilar una supuesta trama de corrupción que incluye desde maltrato y cobros ilegales a conscriptos por parte de sus mandos hasta prevaricación, usurpación de funciones y engaño a la autoridad.
A la polémica en manos de la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana de Santiago se une ahora el posible nombramiento de Jean Pierre Matus, por parte del gobierno Sebastián Piñera, como nuevo ministro de la Corte Suprema, cuando “aportó antecedentes ante el Ministerio Público que serían falsos” sobre este caso que atormenta desde 2017 a la entidad castrense y en lugar de resolverse se complica aún más.
Los objetivos de esa operación fueron el capitán Rafael Harvey, el exteniente Carlos Farías, el exsargento Juan Pablo Díaz y el cabo primero Sergio Tudesca. De ellos, Díaz asegura que Matus presentó un documento para acreditar que sirvieron al mismo tiempo en el Regimiento Logístico Bellavista cuando no prestó labores en ese fortín pero serviría como excusa para el espionaje y “obstaculizar de manera relevante, incluso fundamental, el esclarecimiento de los hechos denunciados y favoreciendo a sus partícipes”.
Detrás de la maniobra jurídica hay intereses. Esos antecedentes les cambiaría la posición de víctimas a victimarios al acusarlos de aprovecharse de que Harvey, Tudesca y Díaz se conocían o coincidieron en el Regimiento Bellavista para “intercambiar o entregar información sensible o secreta”, publicó BioBio.
Querella por obstrucción
Con el panorama en esa dirección, Díaz presentó una nueva querella por obstrucción a la investigación e interceptación y captación maliciosa de las telecomunicaciones ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
En la denuncia registrada con “calidad de reserva” acusa vulneraciones a sus derechos fundamentales por parte de miembros del Ejército de Chile y autoridades civiles mediante la «Operación Topógrafo» que, de acuerdo con La Tercera, se desarrolló en “un momento complejo para el Ejército”.
Se estima que esta se gestó en 2017. Sin embargo, desde 2014 explotan las investigaciones en el Ejército del país austral por presunta malversación de dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre y defraudaciones que han derivado en decenas de uniformados procesados y detenciones simbólicas, como las de los excomandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.
Fuentes de Inteligencia de la institución citadas por el medio chileno indican que esta operación se extendió por seis meses precedida por la Operación W, una indagación dirigida contra el periodista Mauricio Weibel, autor en 2016 del libro Traición a la patria, donde relata detalles del desfalco al interior de la institución.
En ambigüedades
El Ejército sigue sin negar ni confirmar la Operación Topógrafo alegando que «según lo regulado por la Ley N° 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, el Ejército de Chile no tiene acceso a los procedimientos de inteligencia que realiza la Dine».
Su postura es que «la Dine depende del jefe del Estado Mayor General del Ejército y en materia de procedimientos relacionados con la inteligencia militar, contrainteligencia y seguridad militar, da cumplimiento a lo que señala la Ley de Inteligencia del Estado y sus actuaciones son reguladas y fiscalizadas por el Poder Judicial a través del ministro de la Corte de Apelaciones que correspondiese».
El ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete declaró en la Comisión de Inteligencia del Congreso que él sabía a quiénes se les intervendrían sus teléfonos en la cuestionada Operación Topógrafo. Falta la sentencia del Ministerio Público.
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