Por José Hermosa – BLes.com
El mandato de aplicación de la vacuna Covid impuesto por la Casa Blanca está generando una avalancha de solicitudes de exenciones en Estados Unidos, y se perfila una intensa batalla jurídica en todo el país.
Así, en los Ángeles cerca de 3.000 empleados del Departamento de Policía argumentan objeciones religiosas que les impedirían inocularse la vacuna obligatoria, una situación similar se presenta en el estado de Washington, informó Newsmax el 15 de septiembre.
En el estado de Washington, ya son más de 3.800 los trabajadores estatales que han solicitado exenciones por sus creencias. Solo se han aprobado 737, y los funcionarios amenazaron a los solicitantes con interrupciones de los contratos de trabajo.
Una medida más drástica fue tomada por la aerolínea United Airlines que tras anunciar a sus 67.000 empleados la concesión de exenciones religiosas para recibir la vacuna, después dijo a los que las obtuvieron que no recibirán sueldo hasta que “la pandemia retroceda significativamente”.
Por otro lado, un hospital de Arkansas está procesando una cantidad de solicitudes tal que desborda su capacidad administrativa.
En este sentido, el Departamento de Trabajo ha dicho que una exención puede ser denegada si causa una carga indebida para el empleador.
No obstante, las exenciones están siendo reforzadas legalmente. El juez Laurence L. Love, de la corte estatal, prohibió temporalmente al departamento de salud de la ciudad de Nueva York exigir a los trabajadores de la educación que se vacunen, de acuerdo con Bloomberg.
En este caso, los demandantes sostenían que la orden de vacunación del Departamento de Salud del estado, viola su derecho al libre ejercicio de la religión en virtud de la Primera Enmienda.
Asimismo, quienes están en contra alegan que la vacunación es una decisión personal entre el individuo y su médico y que el gobierno no debería inmiscuirse en un asunto médico privado, el mismo argumento con el que se legalizó el aborto en 1973 bajo la Enmienda 14 de la Constitución.
Unas horas antes otro juez federal también había bloqueado temporalmente a los funcionarios del estado de Nueva York, para que no exigieran la vacuna Covid a los trabajadores de la salud con objeciones religiosas sobre esta.
Por su parte, los sindicatos que representan a los profesores demandaron a la ciudad el 9 de septiembre, tratando de impedir que entre en vigor el mandato de vacunación, que empezaría a regir el 27 de septiembre.
En este congestionado contexto jurídico, el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, anunció en un tuit del 14 de septiembre, que el estado demandaba a la administración Biden por la imposición de la vacuna obligatoria.
Brnovich dijo que se trataba de una “extralimitación federal atroz” y un “asalto a nuestra soberanía”.
Y agregó: “Hoy hemos presentado la primera demanda en la nación contra los mandatos inconstitucionales. Arizona no tolerará este asalto a nuestra soberanía”.
“Según nuestra Constitución, el Presidente no es un rey que pueda ejercer este tipo de poder desenfrenado de forma unilateral. Y ni siquiera Jorge III habría soñado con poder promulgar políticas tan amplias solo por un decreto real”, afirmó Brnovich.
Por su parte, el Comité Nacional Republicano (RNC) también informó a principios de este mes su intención de demandar al gobierno de Biden por el mandato inconstitucional.
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