Por Gabriela Moreno – Panampost.com
La presión del régimen de Nicolás Maduro a opositores —reales o percibidos como tal—, a través de sus familiares, para lograr arrestarlos, lleva al amedrentamiento del chavismo a replicar los métodos nazi de persecución. Así lo indicó en el último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuelaante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU).
Uno de los testimonios de las 177 entrevistas —99 hombres, 76 mujeres y 2 reuniones grupales en las que participaron mujeres y hombres— que efectuó la delegación confesó que agentes de seguridad e inteligencia utilizan “tácticas criminales, incluyendo el secuestro o la detención de miembros de la familia de opositores” para privarlos de libertad.
El documento señala que uno de los acusados de participar en la Operación Gedeón dijo al Tribunal de Control en su audiencia preliminar que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo torturaron, así como le notificaron que aplicarían el “Sippenhaft” —una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis—, que derivó en la detención de sus dos hermanas y cuñado en La Boleíta durante 32 días.
Detrás de la confesión está un sistema de justicia donde prevalece la “impunidad de las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra ellos” mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual y de género.
La preocupación
En Venezuela no hay justicia. En el país hay abuso institucional e irregularidades. La Misión de la ONU, en su documento de 22 páginas con 120 puntos deja saber que «los magistrados del Tribunal Supremo reciben habitualmente órdenes con respecto a la forma de decidir las sentencias».
Al menos desde 2015 a 2018, el Poder Ejecutivo transmitió órdenes al TSJ de tres formas: a través de mensajes directos a los magistrados correspondientes, en ocasiones invitándolos a Miraflores —a través de un contacto designado como intermediario entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo—, mediante declaraciones públicas de Maduro o Diosdado Cabello, que a veces fueron resumidas en actas y distribuidas entre los magistrados”.
Incluso, la organización tiene “motivos razonables” para creer que “jueces y fiscales en lugar de haber garantizado han denegado el goce de derechos a personas opositoras, por haber sufrido injerencia desde dentro de la jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público”.
Y son “especialmente prevalentes las irregularidades en casos presentados ante juzgados y tribunales con competencia especializada en materia de terrorismo”.
También los cuestiona por “desatender su obligación de proteger a opositores, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial justificándolos a menudo bajo la figura de la flagrancia”
Esquivando la realidad
El chavismo está en deuda con la Justicia ante la falta de medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos precisa Naciones Unidas pero Tarek William Saab, fiscal general del régimen lo niega y politiza el informe.
«Rechazamos el supuesto informe de una comisión ad hoc pagada por el Grupo de Lima que ataca al sistema de justicia venezolano y los fiscales; quienes afrontamos a diario el asedio y exponemos nuestra integridad por mostrar cómo se deben hacer las cosas» dijo. Mientras que en Twitter la cuenta del Ministerio Público difundió que «mancilla la imagen de los funcionarios».
Sin embargo, anunció que creará la Unidad Especializada de Investigaciones en Materia de Derechos Humanos para “fortalecer las capacidades institucionales en materia de protección e investigación”.
Envía tu comentario
Últimas
