Por Gabriela Moreno – Panampost.com
El presidente del partido izquierdista Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el cual milita el primer mandatario del país, Pedro Castillo, esquiva a la justicia que lo investiga por lavado de activos y la procedencia de los fondos que usó para comprar un local en Lima, pagar campañas electorales y la reparación civil que le adeudaba al Estado por el delito contra la administración pública, en su modalidad de negociación incompatible.
Cerrón evade responder al Ministerio Público. Según Perú 21, el dirigente se ausentó de la diligencia de deslacrado de sus dos computadoras que serviría al fiscal Richard Rojas para colectar conversaciones, mensajes, fotos, audios, videos, llamadas, redes sociales, correos y otro tipo de información alegando “actividades partidarias”.
Su ausencia es estratégica después de que trascendiera que la orden de allanamiento a su vivienda en Huancayo y a los locales de su partido –ejecutada el pasado sábado 28 de agosto– solo habilitaba al fiscal a incautar documentos y bienes que le permitan sustentar su investigación pero no lo autorizaba a recoger información de los equipos electrónicos que decomisara.
Frente a ello, el funcionario requería la autorización de Cerrón. Él prometió colaborar. Un par de días después cambió de opinión porque esos equipos contienen documentos sobre la campaña presidencial de Pedro Castillo que servirán para corroborar si Perú Libre recibió aportes ilegales, como sospecha la Fiscalía.
El cerebro comunista acumula causas judiciales
La justicia insistirá. La próxima medida será la emisión de una nueva orden por parte del juez del caso que autorice la intervención del fiscal; sin embargo, a partir del 30 de septiembre, Vladimir Cerrón tendrá que enclaustrarse en la región de Junín como parte de la condena de cuatro años de prisión suspendida que se le impuso en 2019 y por la investigación del caso Antalsis que afronta, y ello dilataría el proceso que se sigue en la capital.
Pero la polémica no acabará. La Procuraduría Anticorrupción de la región de Junín presentó una denuncia penal en su contra por presunta comisión del delito contra la administración pública en modalidad de peculado y colisión.
La denuncia penal también incluye al actual gobernador de Junín, Fernando Orihuela, y al suboficial de la Policía Nacional de Perú (PNP), Carlos Zárate, por la presunta comisión de los mismos delitos debido a la escolta brindada por la Policía a Cerrón por orden de Zárate Villalobos, pese a no ejercer ningún cargo público que lo justificara.
Una investigación realizada por Latina Televisión reveló que la escolta de Cerrón era la que le correspondía al gobernador Orihuela y que Zárate es hombre de confianza de Cerrón.
Un lujoso automóvil bajo sospecha
En ese historial de pesquisas figura además el lujoso automóvil Audi en el que llegó Vladimir Cerrón a la entrega de credenciales de Pedro Castillo. La Fiscalía tiene sospechas sobre su procedencia. El vehículo figura a nombre de Edward Castillo, un joven de 26 años que recién el año pasado alcanzó el grado de bachiller en Ingeniería Civil en la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) de Junín pero desde 2019 –época de Cerrón como gobernador en la zona– sus ingresos como proveedor solo ascendieron a 25500 soles (6000 dólares) de acuerdo con el portal de Transparencia del Ministerio de Economía.
Aunque en 2020 continuó bajo esa modalidad es “curioso que alguien con ese nivel de ingresos haya podido adquirir un auto de alta gama. Lo que no puede pasar desapercibido es que Edward Castillo es ahijado de Cerrón. Así lo declaró Moisés Castillo Baltazar, padre del joven bachiller al fiscal Richard Rojas”, según destaca Perú 21. Escurrirse eternamente luce inviable.
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