Por Diego Salvatierra – La Derecha Diario
Este 30 de septiembre, tras 37 días de marcha desde la ciudad de Trinidad, Beni, llegó a Santa Cruz de la Sierra el contingente de aproximadamente 500 personas de varios grupos indígenas del oriente de Bolivia. Estos indígenas son la antítesis de los que defienden a Evo Morales, y entre sus demandas resaltan la defensa de sus tierras, menos recursos en manos del Estado central, fin a la persecución política del socialismo y un censo de su población.
La marcha de medio millar de indígenas orientales cumplió su cometido y llegó al centro de la ciudad más rica de Bolivia. Con una calurosa bienvenida por parte de los habitantes de la ciudad, que desde su entrada no dejaron de arengar a los marchistas, una celebración religiosa, y la iza de las banderas de Bolivia y Santa Cruz, se asentaron en los predios cedidos por la universidad pública y advierten que no se moverán hasta que el gobierno nacional atienda sus demandas.
Los marchistas provienen principalmente de los departamentos que históricamente han sido opositores al régimen comunista del Movimiento al Socialismo (MAS) y Evo Morales, como Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Conjuntamente, se plegaron a la misma grupos que en el pasado rechazaron la reelección de Morales, además de contar con el apoyo de la presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Amparo Carvajal.
La movilización partió el 25 de agosto desde Trinidad hacia la capital cruceña con el propósito de reunirse con las autoridades nacionales para exigir respeto a sus tierras, que, en los últimos meses, en particular en Santa Cruz, fueron entregadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a representantes de los campesinos, cocaleros e interculturales del occidente del país y que forman parte de los sectores sociales afines al MAS.
Desde que la columna humana apareció en la carretera a Brasil, ingreso al este de la ciudad, la ciudadanía cruceña, profundamente anti socialista, los recibía con todos los honores.
También, fueron recibidos por parte de la Asamblea Departamental (presidida por el derechista CREEMOS) y del Concejo Municipal la declaratoria de huéspedes ilustres del departamento y la ciudad, pese a que, en el caso del municipio, el partido del alcalde suspendió la sesión para no otorgar este reconocimiento.
Llegando a la plaza principal, fueron debidamente saludados por el gobernador de Santa Cruz, el derechista Luis Camacho, y el presidente de la Asamblea Departamental, Zvonko Matkovic, quienes expresaron su total respaldo a las demandas que promueven los movilizados.
Momentos posteriores a la celebración religiosa, el líder de la marcha, Marcial Fabricano, expresó que las demandas de sus liderados son firmes; de igual forma, comunicó que su misión final es reunirse directamente con el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca para que sean ellos directamente quienes se dispongan a atenderlos.
Desde el gobierno central no han expresado voluntad alguna en reunirse con los indígenas orientales, y lo único que atinaron a decir es que “no conocen cuales son sus demandas”.
Para ello, han enviado una comisión para atender a los manifestantes. Y pese a que el día que la marcha llegó a la capital cruceña, Arce estaba en Santa Cruz, se rehusó a recibirlos.
Evidentemente, esta actitud es un total acto discriminatorio, puesto que no sería de esta forma si los movilizados fueran algún sector afín a sus políticas socialistas, como lo son los denominados “interculturales”, un grupo de personas que, precisamente, con la autorización del gobierno del MAS, ingresan a las tierras del oriente para tomarlas.
Estos mismos grupos fueron los directos responsables de la quema de más de 5 millones de hectáreas de bosques en Santa Cruz durante 2019, además de haberse mostrado a estas personas ampliando cultivos de hoja de coca dentro de parques nacionales y áreas protegidas.
Específicamente, las demandas de este grupo consisten en: respeto a su propiedad privada y originaria de la tierra, en respuesta a los avasallamientos propiciados por el MAS por órdenes de Evo Morales. Auditorías y resarcimiento por el desfalco al Fondo Indígena, una oficina gubernamental que se ocupaba de mejorar las condiciones de vida de los originarios, que fue asaltada y vaciada por Nemesia Achacollo, Juan Ramón Quintana, Hector Arce y otros ex ministros de Evo Morales en un monto de más de 144 millones de dólares.
Reformas a las leyes agrarias que protejan la propiedad privada de la tierra y que no den títulos a personas que no viven en las tierras del oriente. Reasignación de parlamentarios en favor de las tierras del oriente, puesto que la actual distribución favorece a las regiones donde el MAS tiene ventaja. Abrogación de las leyes que amplían los cultivos de coca, que se destina al narcotráfico.
Redistribución de los recursos recaudados para que las regiones administren la mayoría, y no el Estado central, como lo es actualmente. Justicia por la represión a otra marcha indígena en 2011, donde, por órdenes de Evo Morales, se utilizó la fuerza pública para violentar a los marchistas, sin considerar a ancianos, menores y embarazadas.
Y por último, respeto y redireccionamiento de una carretera que atraviesa por un parque nacional, puesto que el MAS pretende de esta forma, acrecentar los cultivos ilegales de coca para el narcotráfico en un área protegida.
Estas demandas ya fueron elevadas a los órganos de justicia del país, así como a los organismos internacionales competentes, como la Corte Interamericana de Justicia dependiente de la OEA, cuyas resoluciones, en Bolivia, tienen rango constitucional.
Son muchos los sectores que respaldan este petitorio, entre los que se encuentran la Iglesia católica, que, en la voz del clérigo más importante de Santa Cruz, ha exhortado a Arce a atender a estas personas como atiende a los sectores que los respaldan. Igualmente, el gobernador Camacho expresó que estas demandas deben derivar en una nueva lucha para lograr convertir a Bolivia en un Estado federal. En el mismo sentido, el Comité Cívico respaldó al grupo y se puso a disposición para colaborarlos en sus objetivos.
Hasta el momento, no existe pronunciamiento del gobierno de Arce, no más allá de la comisión que fue enviada. Se espera que este actuar discriminatorio no cese y se siga profundizando la división que este grupo comunista fomenta en la sociedad boliviana.
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