Por Julio M. Shiling – elamerican.com
Estaba claro, a juzgar por el heroísmo mostrado por cientos de miles de cubanos que salieron a las calles el 11 de julio en lo que se ha denominado el Levantamiento Cubano de 2021 (11J), que a pesar de la esperada represión salvaje aplicada a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, por el sexagenario régimen castrista, las demandas populares para el cese del dominio comunista en Cuba no se detendrían.
Con más de 5,000 cubanos detenidos de inmediato, como informó 14YMedio, y en algunos casos con condenas de prisión extravagantes, como la de veinticinco años de cárcel que se pide para Maikel Puig Bergolla, marido y padre de dos menores que participó en la protesta pacífica del 11-J en la ciudad de Quivicán (provincia de La Habana), bajo cargos inventados de “desorden público, desacato, instigación a delinquir y tentativa de asesinato”, no se ha impedido la planificación de futuras protestas en la Isla.
La Marcha Cívica por el Cambio es un acto de seguimiento de las manifestaciones del 11J. Esta protesta pacífica programada para pedir una transición democrática en Cuba y una serie de demandas de derechos humanos y naturales está programada para el 15 de noviembre (15N). La fecha se cambió del 25 de noviembre original, debido al anuncio reactivo de la dictadura marxista de realizar ejercicios militares en todo el país para frustrar el proyecto.
Sus organizadores, Archipiélago, un comité de acción cívica formado por el dramaturgo cubano Yunior García en las plataformas de las redes sociales, volvieron a convocar la marcha en todo el país para el 15 de noviembre, con el fin de poner fin al espectáculo militar represivo programado por el régimen castrista. El comunismo cubano, en su habitual modo fanatizado, ha instituido una serie de medidas represivas para impedir que se ejecute la protesta.
El gobierno castrocomunista ha adoptado una doble estrategia metodológica en su intento de evitar que los cubanos expresen públicamente sus legítimas demandas en las calles. Una, ha sido la evidente respuesta brutal del régimen tras la rebelión cívica del 11J. Esto incluye torturas indiscriminadas (físicas y mentales) a los confinados, la negación de servicios básicos monopolizados por el estado a sus familiares, las amenazas de potenciales cargos “criminales” contra familiares cercanos, y la imposición, o la amenaza de largas penas de prisión por supuestos “crímenes” a aquellos que se atrevieron a protestar o que están considerando unirse a las manifestaciones del 15N.
La otra modalidad es la movilización de actores del régimen para confrontar y atacar físicamente y/o intimidar a los manifestantes o potenciales manifestantes para que no lleven sus demandas válidas al foro público.
A través de su página de Facebook, los promotores del 15N alertaron sobre la amplificación del régimen castrista de su esquema reaccionario opresivo. “Las citaciones hasta la semana pasada”, afirman, “habían sido dirigidas hacia los coordinadores del grupo Archipiélago, firmantes de las cartas a las intendencias y gobiernos provinciales, familiares y allegados. Ahora, en una conducta carente de sentido, han comenzado a citar al azar a los firmantes de la lista de apoyo a la marcha, la cual abarca más de 1,200 personas, e incluso a aquellos que han expresado en redes su apoyo a la iniciativa cívica del 15N.”
El diseño claro de las autoridades comunistas es ahogar la participación popular con la posibilidad de enfrentarse a largas penas de prisión. El legalismo socialista vigente en Cuba, instrumento condicionado al dominio dictatorial, se mantiene firme en la supremacía del socialismo como orden sistémico y su reforzamiento está omnipresente en cada capa del Código Penal cubano, las leyes castristas y la reciente Constitución de 2019.
El castrocomunismo está añadiendo capas de tácticas represivas en su intento de minimizar la participación popular cubana en el evento del 15N. Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), un ejército paramilitar de informantes que están ubicados en cada cuadra, en cada localidad de Cuba, están siendo motorizados para atacar violentamente cualquier expresión de oposición, como destaca una de las páginas de Facebook de los CDR. Otros ejemplos de organizaciones de pantalla engendradas por el régimen que se preparan para la guerra contra los cubanos que quieren exigir públicamente la libertad, se están mostrando con tacto y precisión, como revelan las publicaciones en las redes sociales.
La lucha por la libertad de Cuba se libra en todo el mundo. Todas las acciones de liberación que se desarrollan dentro de los límites geográficos del país, sin duda, tienen prioridad. El 15N está en el radar de todos los amantes de la libertad.
Archipiélago fue directo al citar en la mencionada publicación en las redes sociales la dirección popular de las manifestaciones: “Las personas que han apoyado de alguna forma la iniciativa de la Marcha Cívica por el Cambio no lo han hecho a nombre de organización política alguna, sino en ejercicio de los derechos que como ciudadanos les asisten. Indagar sobre las motivaciones o intenciones personales para hacerlo es a todas luces irrelevante en tanto ninguno ha cometido delito.” No hay que dudar, el levantamiento del 11J marcó un antes y un después. El régimen castrista lo sabe.