Fuente: gaceta.es
Presionados por las enormes muestras de descontento popular que se han escenificado este año en la isla, La Asamblea Nacional de Cuba aprobó el jueves nuevas leyes que dicen “ampliar” los derechos de los ciudadanos.
El asunto se produce justo cuando el régimen es criticado por las criminales sanciones que tomó este año contra manifestantes.
Los cambios se derivan de la Constitución del país de 2019, que requirió reformas para modernizar los obsoletos códigos judicial y penal de Cuba.
El nuevo marco aborda vacíos legales clave identificados por activistas disidentes, que alegan que las autoridades alardearon de que hubo debido proceso tras las manifestaciones sin precedentes del 11 y 12 de julio.
Diputados y jueces del régimen castrista han argumentado que las nuevas leyes fomentan la transparencia y aumentan la protección para los acusados de un delito.
Las normas exigen, por ejemplo, que se notifique a los acusados de los posibles cargos en su contra y que se conceda a los detenidos el derecho a un abogado en un plazo de 24 horas.
Los ciudadanos también podrán acceder a sus propios archivos y documentos judiciales, según detalles de la nueva norma.
Pero la forma en que se implementen esas leyes determinará si los cubanos ven o no cambios significativos en sus derechos legales, dijo a Reuters William LeoGrande, profesor del gobierno en la American University en Washington.
«Las leyes (…) aún les dan a los funcionarios una considerable discreción y solo el tiempo dirá cómo las usan, especialmente en casos políticos», dijo.
Disidentes y organizaciones de derechos humanos sostienen que más de 1.000 manifestantes fueron arrestados tras las protestas de julio, los mayores disturbios antigubernamentales desde la revolución del comunista Fidel Castro de 1959.
Algunos cubanos fueron detenidos sin cargos, incomunicados y a otros les faltó representación legal.
El régimen cubano dice que los arrestados en julio incurrieron en delitos como desorden público, resistencia al arresto y vandalismo. La tiranía castrista ha declarado «ilícitas» las marchas de la oposición previstas para el 15 de noviembre, pues argumenta que son financiadas y promovidas por Estados Unidos.
Las leyes aprobadas el jueves entrarán en vigor el 1 de enero de 2022.
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