Por Gabriela Moreno – PanAm Post
La segunda audiencia del testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, —preso en Estados Unidos tras haber sido extraditado desde Cabo Verde— en la que se contemplaba leerle los cargos que se le imputan y él debía decidir si se declaraba culpable o no, se suspendió hasta el próximo 15 de noviembre. Así lo informó en Twitter el periodista Joshua Goodman, de Associated Press. De esta manera gana tiempo para decidir si colabora o no con la justicia estadounidense. Adicionalmente, la Fiscalía de EE. UU. pidió desestimar siete de los ocho cargos que le fueron presentados inicialmente.
El encuentro virtual a través de la plataforma Zoom entre el juez federal, Edwin Torres, el abogado defensor de Saab, Henry Bell, y los fiscales Kurt Lukenheimer y Alex Kramer —sin que Saab se encontrara conectado— concluyó que en dos semanas deberá volver al estrado después de que el magistrado aceptara la solicitud de postergación hecha por el colombiano.
Según había adelantado el fin de semana el abogado Henry Bell a la agencia EFE, Álex Saab tenía decidido declarare no culpable este lunes. Ahora tendrá dos semanas más para pensarlo. Declararse culpables es el paso que normalmente dan los acusados que llegan a acuerdos de colaboración con la Fiscalía con vistas a lograr penas más suaves si son condenados.
La Fiscalía de EEUU pide desestimar siete de los ocho cargos
En la primera audiencia, el juez presento ocho cargos contra Álex Saab, siete por lavado de dinero y uno por conspiración para cometer este delito. Este lunes el fiscal Kurt Lunkenheimer pidió desestimar los siete primeros y dejar solo el de conspiración para lavado de dinero, basándose en las «garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición».
El Ministerio de Justicia de Cabo Verde informó al día siguiente de la extradición que había recibido “garantías” de Estados Unidos de que Álex Saab tendría “un proceso justo y equitativo” y que “no será condenado a penas que no existan en el ordenamiento jurídico caboverdiano como pena de muerte, cadena perpetua, tortura, tratamiento inhumano, degradante o cruel”, según reseñó en ese momento Notícias do Norte.
La Fiscalía aclaró en un breve documento publicado en el sistema electrónico judicial estadounidense que esta petición aplica solamente para Saab, y no para su socio, el empresario colombiano Álvaro Pulido, incluido en el mismo proceso criminal.
Al hombre de confianza del régimen de Nicolás Maduro se le acusa de pagar sobornos para asegurar contratos con el régimen chavista y tejer una trama de corrupción de 350 millones de dólares.
En esta oportunidad no hubo declaración alguna por parte de la defensa. Solo trascendió que los abogados del barranquillero, de 49 años, esperan reunirse con él por primera vez esta semana, ahora que ha completado su cuarentena obligatoria por COVID-19.
La defensa insistirá en pedir la libertad bajo fianza
Poco después de ser extraditado hace dos semanas desde Cabo Verde a la nación norteamericana, Saab expresó que era inocente de todas las acusaciones. No obstante, estas aseveraciones las hizo por medio de una carta leída por su esposa, Camilla Fabri, en una plaza de Caracas. Dijo además que no tenía en qué colaborar con Estados Unidos, como suelen hacer algunos acusados, al sellar acuerdos con los fiscales, para obtener una reducción de sus condenas.
Esta postura potenció que la Fiscalía adelantara en la primera audiencia su posición contraria al otorgamiento de libertad bajo fianza para Saab, con el argumento de que existe riesgo de fuga. Esto implica que debe permanecer detenido durante el proceso legal.
Sin embargo, el abogado defensor de Saab, Henry Bell, confirmó a EFE que insistirá en una posible solicitud de esta medida en la segunda audiencia. Mientras tanto, Fabri insiste desde sus redes sociales que «Cabo Verde secuestró a su esposo».
México en el proceso
La suspensión de la audiencia de Saab ocurre después de México anunciar denuncias, así como el bloqueo de dinero, en contra de 25 presuntos involucrados en el esquema delictivo de envío de alimentos a Venezuela.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda del país azteca presentó ante la Fiscalía General las querellas. Asimismo, acordó el congelamiento de 2,8 millones de dólares de quienes se sospechan involucrados en la red de lavado de dinero relacionado con el colombiano.
Asimismo, la UIF presentó dos denuncias contra funcionarios que trabajaron en la propia unidad y en el Ministerio Público durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, por haber participado en un “acuerdo reparatorio ilegal”, para dar por cerrado el caso sobre la compra de alimentos con sobreprecio en México.
También ocurre cuando en Ecuador trasciende la supuesta relación con el expresidente Rafael Correa, que según Fernando Villavicencio Valencia, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, permitió la evasión de 2000 millones de dólares.
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