Por Nehomar Hernández – gaceta.es
El martes 15 de noviembre 77 diputados de la Cámara de Representantes del parlamento colombiano votaron en contra de la aprobación de una ley que terminaría de allanar el camino para la aplicación abierta y clara de la eutanasia, incluso en casos de personas que no tengan un diagnóstico de enfermedad terminal en la nación hispanoamericana.
La votación –que ya constituye el tercer intento de darle el visto bueno a esta polémica ley– contó con solo 66 votos a favor dentro de la Cámara. Muy lejos del mínimo necesario para darle luz verde a este instrumento legal, que cifra en 85 los apoyos parlamentarios mínimos requeridos para ello.
Colombia es, de hecho, uno de los 7 países del mundo en donde la eutanasia es, en teoría, legal. Esto llama poderosamente la atención al darse en medio de una sociedad que paradójicamente es reconocida en Hispanoamérica por preservar en gran medida los valores típicamente conservadores, desde el punto de vista social y político. Incluso al punto de ser hasta ahora una de las pocas naciones que ha logrado generar un muro de contención en la región contra la llegada de la izquierda antisistema al poder.
El derecho a la llamada “muerte digna” entró de lleno en la discusión colombiana en 1997, cuando esta práctica fue despenalizada ante los ojos del Estado, mediante una sentencia judicial. Desde entonces se cuentan 157 casos en los que se practicó la eutanasia en el país sudamericano.
Sin embargo, no fue sino hasta 2015 cuando se creó un instrumento “legal” para regular su aplicabilidad, métodos y consecuencias. En aquel año fue aprobada la Resolución 1216, que básicamente trazaba los pasos a seguir para acceder a la práctica de la eutanasia, con el visto bueno de la institucionalidad de Colombia.
De este modo, la Resolución acotaba que podían solicitar el procedimiento enfermos con padecimientos terminales, si es que así lo disponía su voluntad. Dicho requerimiento -previamente revisado a través de evaluaciones médicas- caía en una suerte de junta de “expertos” designados por el Estado: el “Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad”. Un cuerpo integrado por galenos, abogados y psicólogos, debía emitir una opinión favorable o desfavorable a la solicitud del interesado en poner fin a sus días.
Una eutanasia sin limitaciones
Sin embargo, desde mediados de este año la regulación de la eutanasia en Colombia ha llegado a un nuevo nivel de polémica. Con la recientemente aprobada Resolución 971 varias cosas de consideración cambiarían; pero entre ellas la más importante es, sin lugar a equívocos, que para optar a esta práctica ni siquiera se tendría que estar sufriendo de una enfermedad terminal, sino que bastaría tener un padecimiento de salud que los expertos del mencionado comité califiquen como “incurable y avanzado”.
La discusión ha llegado el Congreso porque ni la sentencia de 1997, ni la resolución de 2015, ni la de este mismo año son, de suyo, leyes en firme. Eso es lo que explica que cada vez que se hace una solicitud para aplicar la eutanasia a alguien, un juez pueda poner marcha atrás al proceso, siendo el poder judicial quien tiene la última palabra sobre estos asuntos.
Debido a ello es que el tema lleva tres discusiones en el Congreso. Lo que se intenta es darle rango definitivo de ley a esta suerte de eutanasia sin límites que se propone en la Colombia de hoy.
Los parlamentarios pro-vida exponen sus razones
Los parlamentarios pro-vida dentro del Congreso colombiano han expuesto sus motivaciones para plantarse por tres veces seguidas en contra de esta tentativa. La diputada del gobernante Centro Democrático, Yenica Acosta, aseguró que “los médicos no se formaron para acabar con las ilusiones de vida de ningún ser humano y sí para brindar alternativas y prolongar la esperanza de vida”, según reporta el medio “wradio”.
Por su parte, el representante del partido cristiano Colombia Justa Libres, Carlos Acosta -quien además es profesional de la medicina-, dijo este martes en el debate de la Cámara: “¡Matar no es un acto médico! Nosotros hicimos un juramento hipocrático para salvar vidas y si quieren matar a alguien lo pueden hacer en la sala de la Corte o en un pelotón”.
Finalmente el también representante del Centro Democrático en la Cámara, Christian Garcés, señaló: “Quiero respetuosamente protestar por quienes quieren callar las voces de los que seguimos principios cristianos, somos defensores de la vida”. En ese sentido justificó su oposición al proyecto de ley arguyendo que no estaba dispuesto a aprobar un reglamento que organizara “la manera de asesinar colombianos”.
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