Por José Hermosa – BLes.com
La contratación de mercenarios en Argentina por parte de la empresa Grupo de Seguridad de Ultramar de China (COSG, por la sigla en inglés) utilizada en los países que integran el proyecto la Franja y la Ruta genera preocupación, porque este país no está vinculado a ese gran proyecto.
La empresa que se presenta como de seguridad ‘privada’, “despertó un sinfín de interrogantes respecto a los motivos detrás de la contratación de efectivos paramilitares en el territorio nacional”, de acuerdo con el medio argentino Perfil, del 20 de noviembre.
Es de notar que el régimen comunista chino estableció una estación espacial militar en la provincia de Neuquén, Argentina, dependiente del Departamento General de Armamentos del Ejército Popular de Liberación, brazo armado militar del régimen comunista chino.
Asimismo, “el interés actual de China en construir y posiblemente operar una «base logística» antártica en Ushuaia, al sur del país, genera preocupaciones porque es muy consistente con la lógica y el patrón del avance del EPL [ejército del régimen chino] en la expansión de su alcance estratégico global”, escribe el autor Evan Ellis.
Por otro lado, las empresas de seguridad privadas chinas, en su mayoría son dirigidas por antiguos miembros del ejército y la policía del Partido Comunista de China (PCCh), y deben ser unipersonales de propiedad estatal, o al menos con el 51 por ciento del capital de propiedad estatal.
En este sentido, el término “empresa de seguridad privada” es “engañoso e inexacto en el contexto chino”. Además, el PCCh exige a todas las empresas que obedezcan sus directivas, de ahí el eslogan: “a medida que el Estado avanza, el sector privado retrocede”, publicó el Africa Center for Strategic Studies, en junio.
Dentro del territorio chino, trabajan alrededor de 4,3 millones de exmiembros del ejército y de la policía del PCCh, para las 5.000 empresas de seguridad del país, de las cuales unas 20 tienen permitido contratar en el extranjero.
Entre ellas se destaca la empresa DeWe Security, fundada en 2011 por antiguos militares y policías del régimen chino, que cuenta con 352 empleados chinos residentes en el extranjero, donde han contratado alrededor de 3.000 empleados locales.
Al parecer, negociar con algunas de las empresas chinas conlleva riesgos “como la falta de transparencia, la debilidad de los controles nacionales, la influencia indebida en las élites del régimen y las tensiones sociales”.
En este contexto, el Africa Center for Strategic Studies considera que las numerosas “empresas de seguridad extranjeras tiene importantes implicaciones políticas para África, ya que socava el papel del gobierno como principal proveedor de seguridad dentro de un país y aumenta el riesgo de violaciones de los derechos humanos”.
Asimismo, “pocos dudan de que los grupos están sólidamente bajo el control de la burocracia de seguridad nacional de China”, en concepto de Andrew Davenport, director de operaciones de RWR Advisory Group, una consultora de riesgos, que los considera parte de una “estrategia de seguridad paralela”.
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