Traducido de ZeroHedge por TierraPura.org

Un médico del Reino Unido al que el Consejo Médico General (General Medical Council o GMC) le prohibió utilizar las redes sociales por afirmar que las “máscaras no hacen nada” ha ganado su caso en el Tribunal Superior.

El Dr. Samuel White fue sancionado con una prohibición de 18 meses por el GMC después de que en junio publicara un vídeo en Instagram y Twitter en el que cuestionaba la eficacia de los protectores faciales.

En el vídeo, White decía que ya no podía tolerar trabajar en sus anteriores funciones debido a las “mentiras” en torno al NHS (Departamento Nacional de Salud) y a la respuesta del gobierno a la pandemia, que eran “tan amplias” que ya no podía “soportarlas”.

White también cometió el último pecado al afirmar que “las máscaras no hacen nada” para detener la propagación del virus del Partido Comunista Chino (PCCh), a pesar de que ésta era la opinión médica consensuada al comienzo de la pandemia antes de que cambiara misteriosamente casi de la noche a la mañana.

El médico también expresó su preocupación por la seguridad de las vacunas y la fiabilidad de las pruebas del virus del PCCh.

White llevó su caso contra el GMC ante el Tribunal Superior basándose en su libertad de expresión “para participar en debates y discusiones médicas, científicas y políticas”, dijo el abogado de White, Francis Hoar, en una audiencia en los Tribunales Reales de Justicia.

Hoar añadió que las opiniones de White estaban “respaldadas por grandes cuerpos de opinión científica y médica” y habían sido “declaraciones de hechos y opiniones sobre intervenciones farmacéuticas y no farmacéuticas en respuesta a la pandemia”.

https://twitter.com/Red_Pill_Led/status/1402088740613279745

Alexis Hearnden, del GMC, alegó que las opiniones de White no sólo eran información errónea, sino que suponían un “riesgo” para el público porque no se ajustaban a los pronunciamientos oficiales.

Sin embargo, el tribunal falló a favor de White, afirmando que el tribunal que le prohibió hablar había violado la Ley de Derechos Humanos de 1998.

La sentencia concluye que la decisión del tribunal fue “un error de derecho y un claro desacierto”, lo que significa que la decisión fue “claramente errónea y no puede mantenerse”.

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