Por Luis Leonel León – gaceta.es
La dictadura de Cuba ha ratificado la arbitraria petición fiscal de diez años de cárcel como castigo al pastor Lorenzo Rosales, prisionero político desde hace más de cinco meses, por ejercer su derecho a expresarse libremente. La vista del «juicio infame» fue realizada en la noche del pasado martes, en el Tribunal Municipal de Palma Soriano, en la oriental provincia de Santiago de Cuba.
Vale precisar y reiterar que no se trata de una condena porque este religioso haya cometido algún delito. Nada más lejos de la verdad. El motivo por el que el sistema comunista le enviará a prisión durante una década es su participación, junto a otros miles de cubanos, en las manifestaciones anticastristas desatadas el 11 de julio (11-J) y en días sucesivos en toda la isla.
Los supuestos delitos por los que el régimen ha apresado y condena al pastor son «atentado”, “instigación a delinquir” y “desacato”. Tres de los no pocos artilugios que la policía política y los tribunales castristas utilizan para sancionar a quienes se atreven a disentir. Algo que no es reciente. Es una conocida estrategia del comunismo, no sólo del cubano.
En el país caribeño, desde hace más de 60 años, no existe separación e independencia de poderes ni se permite el debido proceso. Los disidentes políticos son quienes han sufrido las más largas condenas y siguen siendo tratados con la mayor saña. Es imprescindible entender que las sanciones que reciben no solo son castigos, sino que además funcionan como escarmiento social. Esta es una práctica del castrismo desde las guerrillas subversivas en las montañas de la Sierra Maestra contra el gobierno de Fulgencio Batista, luego abiertamente expresada en los llamados «juicios revolucionarios» donde se hizo un baño de sangre nacional, como nunca antes, y que aún se mantiene como instrumento de terror y control.
A través de redes sociales y medios anticastristas, a los cubanos en la isla hoy les llega desde fuera un poco más de información sobre estos temas y sucesos históricos prohibidos en las escuelas y en los medios masivos de comunicación, todos en manos del Estado totalitario.
La esposa de Rosales, Maridilegnis Carballo, es consciente del guión criminal de la Revolución. Su testimonio, al conocer a través del abogado encargado del caso la ratificación de la petición de la Fiscalía, describe la naturaleza del castrismo: “Yo de ellos no espero nada bueno, pero ahora me llamó el abogado, acaban de notificar la petición Fiscal y a mi esposo le piden diez años, por los delitos de instigación para delinquir, desacato y atentado. Durante toda la fase de instrucción no estaban esos delitos, eso se lo han armado ahora. Yo sé que ellos son capaces de todo. Usted ni se imagina. El sábado tuve visita y lo pude ver, y lo que me contó que le han hecho sobrepasa toda imaginación”.
Rosales está preso desde el 11-J, cuando no solo fue detenido y encarcelado arbitrariamente. “Fue golpeado, maltratado y torturado” por los agentes del régimen, “a tal punto que se pensó que él había perdido la vida”, expresó el pastor y obispo Jorge Luis Pérez. Todo esto ha sido denunciado por sus familiares, amigos y líderes religiosos opuestos a la dictadura, contraria a una real libertad de culto. Una reacción que se desborda cuando los religiosos hacen pública su postura disidente.
«Es una total injusticia, donde se utilizaron falsos testimonios por la parte acusadora», dijo Carballo a Radio Televisión Martí, y denunció que “no prevaleció la verdad» en la farsa judicial: «Se sostuvo por la Fiscalía una narración de hechos que nada tienen que ver con lo que realmente pasó el 11 de julio. Se contó una historia que verdaderamente no fue la que vimos, no la que vivimos ese día”.
La esposa del Pastor manifestó lo mismo que han denunciado familiares de otros condenados por participar en las protestas del 11-J: a los manifestantes se les inculpó con supuestos actos de «violencia, se les atribuyeron intenciones de vandalizar. Hasta de matar. Hubo testigos que dijeron que sus intenciones eran acabar con todo. Fueron los testimonios de los testigos de la Fiscalía, que eran, en su mayoría, todos los policías, dijeron que sintieron miedo, que sintieron terror porque el pueblo iba con palos, con piedras, con botellas. Todo eso no es verdad”, aseguró Carballo en entrevista con el periodista Tomás Cardoso.
La esposa del pastor denunció el macabro sainete del régimen para llevar a prisión a otro de los cubanos que salieron, de manera espontánea, a defender su derecho a la libertad en la explosión social del 11-J. El aparato condenatorio de Cuba escenificó otro falso juicio, donde los represores al servicio del régimen fueron quienes «resultaron lesionados, agredidos, víctimas», explicó Carballo.
«Sabemos que todo eso es mentira, que mi esposo es inocente, que su actuar ese día no tiene que ver nada con los delitos de los que se le acusa”, dijo, y agradeció a “todo el pueblo cristiano, a todos los hermanos, a todos los que han estado orando y sabemos que veremos la Gloria de Dios manifestada en este proceso, veremos su justicia”.
El pastor Rosales no es un caso aislado. Es una de las tantas violaciones del castrismo contra los ciudadanos en la isla. Las condenas dictadas por protestar pacíficamente han llegado a los 30 y 25 años de cárcel. Y no pocos han sido castigados con 15, 12 y 10 años en prisión, como Roberto Pérez Fonseca, cuyo real «delito» fue romper una imagen del fallecido dictador Fidel Castro. Son cientos, no solo los manifestantes del 11-J, sancionados por razones meramente políticas, aunque el sistema les haya fabricado cargos por supuestos delitos civiles.
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