Fuente: Derecha Diario
El pasado 10 de septiembre, el presidente Joe Biden anunció la firma de un decreto que le exigiría a las empresas de más de 100 empleados a tener todo su personal vacunado o sufrir severas multas.
Este mandato afectaba a dos tercios de toda la fuerza laboral estadounidense, entre 90 y 100 millones de trabajadores, por lo que inmediatamente tras su firma, compañías en todo el país presentaron demandas judiciales contra la constitucionalidad de este decreto.
Así fue que el caso, 4 meses después, llegó a la Corte Suprema, donde los jueces conservadores hicieron valer la mayoría que dejó Trump en el máximo tribunal y declararon inconstitucional el pase sanitario para empresas privadas.
Si bien el decreto entró en vigencia recién este 6 de enero, millones de empresas habían empezado a despedir personal para adecuarse a este nuevo reglamento, que finalmente solo duró 7 días.
La votación salió 6-3: los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y John Roberts votaron a favor de la inconstitucionalidad, mientras que los progresistas Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonya Sotomayor votaron en contra.
Biden se había respaldado en la función de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), que fue facultada por el Congreso cuando fue creada para regular qué no se puede hacer en el ámbito laboral porque puede poner en riesgo a terceros.
“Aunque el Congreso indiscutiblemente le ha dado a OSHA el poder de regular los peligros laborales, no le ha dado a esa agencia el poder de regular la salud pública de manera más amplia”, dijeron en las consideraciones los jueces en mayoría. “Exigir la vacunación de 84 millones de estadounidenses, seleccionados simplemente porque trabajan para empleadores con más de 100 empleados, ciertamente cae en la última categoría“.
En otras palabras, según la Corte Suprema, la OSHA se excede en sus funciones al querer imponer la vacuna en los trabajadores a través de un pase laboral sanitario, y el gobierno demócrata incurrió en una inconstitucionalidad.
La otra votación: Se mantiene el pase sanitario para empleados de Hospitales públicos
Luego de derribar el mandato de vacunación de la OSHA, los jueces volvieron a votar sobre otra causa que llegó al mismo tiempo a su despacho, esta vez sobre la vacunación obligatoria para personal de salud en establecimientos públicos.
En este caso, los jueces Roberts y Kavanaugh cambiaron de parecer y se unieron con los progresistas para mantener el pase sanitario en centros de salud pública. La votación salió 5-4 en favor de la no inconstitucionalidad.
De esta manera, todos los trabajadores de los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS, por sus siglas en inglés) deberán estar vacunados o podrán ser despedidos inmediatamente. Estos abarcan hospitales públicos y las clínicas privadas que reciben financiamiento del Estado.
El tribunal dijo que el mandato de vacunación para los trabajadores de la salud, a diferencia de la regulación de OSHA, se justifica con el tipo de regulaciones que los CMS han impuesto durante mucho tiempo como condición para que los proveedores de atención médica obtengan fondos federales.
En este caso, la Corte sí cree que la regulación tenga como objetivo proteger a los demás empleados y a los pacientes de estar expuestos a mayores riesgos cuando se encuentran en hospitales, hogares de ancianos, centros de rehabilitación, centros de atención quirúrgica ambulatoria y otros proveedores médicos similares.
“Por lo tanto, la regla se ajusta perfectamente al lenguaje del estatuto. Después de todo, garantizar que los proveedores tomen medidas para evitar transmitir un virus peligroso a sus pacientes es consistente con el principio fundamental de la profesión médica: primero, no hacer daño”, dijo el tribunal.
“Sería muy poco convencional que una instalación que se supone debe ayudar a las personas a curarse de enfermedades, las exponga a contagiarse de COVID-19“, dijo en los argumentos la mayoría.
En la disidencia, el juez conservador Thomas escribió: “Estos casos no tienen nada que ver con la eficacia o la importancia de las vacunas contra el COVID-19. Solo tienen que ver con si CMS tiene la autoridad legal para obligar a los trabajadores de la salud, coaccionando a sus empleadores, a someterse a un procedimiento médico que no quieren y que no pueden deshacer, y yo creo que no la tienen“.
Se calcula que un 35% de los trabajadores de salud afiliados a los CMS todavía no se han vacunado, y con este fallo deberán buscar hacerlo en los próximos días o el gobierno obligará a los hospitales y clínicas adheridas que los despidan.
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