Por Gabriela Moreno – Panam Post

A una semana de la ilegítima juramentación del sandinista Daniel Ortega para su quinto mandato –el cuarto consecutivo–, su estructura de poder apunta contra el sector educativo para someterlo a la absoluta voluntad del régimen que lidera en Nicaragua, recrudeciendo el adoctrinamiento en las aulas.

A través del Ministerio de Gobernación solicitó la cancelación de la personalidad jurídica de tres asociaciones universitarias a la Asamblea Nacional, donde su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), tiene la mayoría (75 de 91 curules) para aprobar la disposición.

La Fundación Universidad de Mobile Latinoamérica Campus (FUMLAC), la Asociación pro Universidad Agropecuaria de la Quinta Región y la Asociación Pro Universidad de Jinotega son las tres instituciones que serán disueltas y sus bienes y acciones pasarán a manos del Estado.

Ortega alega que violan la Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Argumenta que desconoce los estados financieros, desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, origen y detalles de donaciones, proveniencia y beneficiario final pero esta medida abulta la lista de 50 organizaciones no gubernamentales desmanteladas en los últimos tres meses.

Una cárcel para el saber

La cadena de restricciones es extensa porque además Daniel Ortega ordenó a la Dirección de Migración y Extranjería impedir la salida del país centroamericano a todos los rectores de las universidades miembros del Consejo Nacional de Universitarios (CNU), según Artículo 66.

Las notificaciones están emitidas y también alcanzan a los directores de los departamentos administrativos de las instituciones de educación superior públicas.

“La decisión es de arriba”, revela el medio en alusión a la cúpula de Ortega, donde lo acompaña su esposa, Rosario Murillo, en el rol de vicepresidente. Es su estrategia. Ortega confina a los rectores después de prometer a los empleados universitarios un bono de 16000 córdobas equivalentes a 450 dólares, que representan más de dos salarios mínimos. Que nadie proteste, pretende.

Una destitución conveniente

Quien tampoco tiene derecho a refutar a Ortega es Miriam Raudez, a quien destituyó del Ministerio de Educación después de una década sin ofrecer detalles mediante una resolución en la Gaceta Oficial.

Esa fue su estocada para comenzar el próximo 24 de enero el nuevo año escolar de la mano de otra sandinista, Lilliam Esperanza Herrera. No le espera un cargo fácil. Le toca ocuparse del hecho de que Nicaragua está por debajo del promedio de la región en Ciencias, Matemáticas y Lectura, según los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) de la Unesco, órgano que instó a desarrollar un plan educativo.

Pero los intereses del régimen van en otra dirección. El plan de Daniel Ortega es la profundización del adoctrinamiento en las aulas, donde después de la crisis política de 2018 –que dejó más de 300 muertos– hay delegados del Ministerio de Educación que controlan el quehacer de los docentes y los contenidos que imparten.

Ellos son los encargados de distribuir los libros de Convivencia y Civismo, cuyas ediciones tienen un capítulo que se llama “Bien Común”, en el que se explican todos los programas de Daniel Ortega desde 2007, su versión de la historia de la nación centroamericana y su protagonismo en esta.

La evidencia 

Connectas revisó 25 libros de primaria y secundaria de colegios públicos: nueve de Estudios Sociales, 11 de Lengua y Literatura y cinco de Convivencia y Civismo, en los que encontró 35 fotos del exguerrillero sandinista junto a alusiones constantes a los beneficios de los proyectos gubernamentales.

Cuando los niños los leen también pueden encontrar a los aliados políticos como Evo Morales o referentes ideológicos como Hugo Chávez, Ernesto “Che” Guevara o Fidel Castro, así como organismos de la misma tendencia como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) o exaltaciones a proyectos que nunca se concretaron como el Canal Interoceánico.

Para eso hay un presupuesto. Desde 2013 hasta la fecha, el régimen ha gastado 1.300.000 dólares para elaborar los textos cargados de adoctrinamiento que se conjugan con la publicidad estatal que abunda en los murales de los colegios, junto a la figura del poeta Rubén Darío y los mártires del partido de Ortega, entre ellos el fundador del FSLN Carlos Fonseca, el hermano de Daniel Ortega, Camilo, y el poeta sandinista Leonel Rugama, mientras la bandera rojinegra de la organización ondea junto a la del país como si una fuera la sombra de la otra.

El discurso político incluido de manera subrepticia en las aulas nicaragüenses –como también sucede en Cuba- recae sobre 1.800.000 estudiantes y sus familias en un país con índices de analfabetismo que hasta hace tres años llegaba al 15,8 %. Sin embargo, resalta su decreto de «gratuidad».

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Un drama

Ortega destina 118,82 dólares por estudiante de secundaria y 180 dólares por alumno de primaria, cuando en países como Costa Rica el monto ronda hasta los 2000 dólares por cada joven.

Que su país vecino invierta 19 veces más por cada niño evidencia que “una mala educación es funcional para regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega, que quiere convertir a los ciudadanos en clientes”, asegura Josefina Vijil, miembro del Centro de Investigación y Acción Educativa y Social (CIASES), un organismo privado de investigación y análisis de políticas educativas citada por Connectas.

Habría que agregar que el sistema tiene carencias, entre ellas, que los maestros reciben los salarios más bajos de la región: 238 dólares mensuales. El presupuesto general de educación es de 430.000.000 de dólares y el 92 % va para los pagos de salarios y mantenimiento de oficinas.

La realidad manipulada

“Nicaragua vive en libertad y democracia, las autoridades son respetuosas de la ley y de las instituciones públicas. Sin persecución política ni presos políticos, ni torturas en las cárceles, sin exiliados ni golpes de Estado, sin represión militar o policiaca”, dicta el texto de Estudios Sociales que usan los escolares nicaragüenses. Un panorama totalmente opuesto a la realidad.

Es un contraste con las denuncias por concentración de poder y violaciones a los derechos humanos contra Daniel Ortega, el aparato represivo del Estado y paramilitares que acumulan 2000 heridos y el éxodo de 70000 personas, lo cual parece no tener fin cuando en este momento son los nicaragüenses quienes encabezan la primera caravana del año que se dirige a Estados Unidos.

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Incluso, en las aulas proyectan un documental hecho por Juventud Presidente (JP), del aparato propagandístico estatal, donde exculpan al Ejecutivo. La pieza muestra la quema de una familia en el barrio Carlos Marx, donde murieron seis personas calcinadas, entre ellas dos niños de menos de tres años de edad y en el que sobrevivientes responsabilizan a paramilitares de cometer el crimen. La nueva versión señala que fueron los manifestantes inconformes con el régimen los responsables.

Es el “borrón y cuenta nueva” que Daniel Ortega vocifera y que ya practicó Vietnam para llamar “liberación de Camboya” a su invasión que pretendía mayor control sobre la antigua Indochina, así como Stalin al reescribir la historia a favor de Rusia negando la existencia de las demás repúblicas soviéticas, o el mismo Muamar Gadafi, quien solo autorizó leer el “green book” que lo acompañaba en su mesita de noche porque recopilaba sus cuatros décadas en el poder.

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