Fuente: Oriana Rivas para Panam Post
El fiscal Karim Khan viajará para reunirse con el régimen chavista en abril de este año. Para ese momento, Nicolás Maduro deberá responder si está investigando o no delitos de lesa humanidad en el país
Un documento de la Corte Penal Internacional (CPI) dejó por asentada una prórroga de tres meses para que la dictadura venezolana informe si está investigando o no crímenes de lesa humanidad en el país. Es decir, el plazo culminaría el 16 de abril de este año, misma fecha en la que el fiscal Karim Khan viajará para reunirse con Nicolás Maduro.
La conclusión a la que pueda llegar el organismo internacional tiene una tendencia a demorar, advierten expertos en materia de derechos humanos, aunque desconocen exactamente cuánto. Sin embargo, están atentos al proceso, porque aseguran que traerá consecuencias para el régimen de Maduro. Por lo tanto, las expectativas son altas este 2022 respecto a las investigaciones de la CPI, las cuales pasaron de examen preliminar a investigación formal a partir de que el fiscal Karim Khan asumiera el cargo en sustitución de Fatou Bensouda.
En este sentido, el texto explica que el régimen de Maduro fue notificado el pasado 16 de diciembre respecto a el inicio de la investigación el 3 de noviembre de 2021. El plazo para la respuesta vencía un mes después, el 16 de enero de 2022, pero debido a varias razones, como la imposibilidad de reunirse con representantes del chavismo y otros factores; terminaron otorgando un plazo de tres meses adicionales según el artículo 18 del Estatuto de Roma.
Víctimas del régimen chavista, familiares y especialistas siguen de cerca la investigación. Figuras como Tamara Sujú, directora ejecutiva de Casla Institute, han elaborado informes y denunciado atroces crímenes de lesa humanidad. El chavismo, parece hacer caso omiso.
La reunión que no ocurrió
Un intento fallido de reunión trascendió en diciembre de 2021. Países Bajos negó el permiso de vuelo a un avión de Conviasa que trasladaría a una delegación chavista para una reunión con Karim Khan, en la ciudad de La Haya. En el encuentro iba a estar presenta Delcy Rodríguez, vicepresidente del chavismo.
Ella dijo que la decisión era una «burla patética y burda“. Sin embargo, es importante recordar que Conviasa está sancionada por Estados Unidos, al considerar que sus aviones son utilizados para trasladar a personas vinculadas actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, reseñó para ese momento el portal Monitoreamos.
El encuentro no se efectuó y eso pudo haber influido para asignar la prórroga, explicó el experto en derecho internacional Mariano de Alba.
Puntos pendientes de la investigación
Actualmente se estima que hay 251 presos políticos en Venezuela, según cifras del Foro Penal Venezolano. Las historias de las que se tiene registro son unas peores que otras. De este total, 236 son hombres y 15 son mujeres, de estos uno apenas atraviesa la adolescencia.
«Desde 2014, se han registrado 15749 detenciones políticas en Venezuela», aseguró la ONG en noviembre del año pasado. Cuando los Estados miembros del Estatuto de Roma citaron la situación de Venezuela respecto a los derechos humanos, pidieron que se tomaran en cuenta los hechos ocurridos desde ese año. No obstante, la Fiscalía decidió que el examen preliminar contemplaría desde abril de 2017.
Uno de los aspectos que se espera que la CPI esclarezca este año es precisamente qué marco de tiempo tomará la investigación, apuntó Efecto Cocuyo. A esto se suma más preguntas aún sin respuesta, como cuáles crímenes serán objeto de averiguaciones o cómo será la participación de las víctimas.
Mientras eso llega, el régimen de Maduro tiene el tiempo en contra para rendir cuentas de si está investigando o no sus propios crímenes.
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