Traducido de TheNationalPulse.com por TierraPura.org

Un juez de distrito de EE.UU. prohibió el mandato de vacunación de Biden para los empleados federales, en una nueva reprimenda a su presidencia y a los decretos relacionados con el COVID. La noticia llega apenas unos días después de que el Tribunal Supremo suspendiera el uso de la OSHA por parte del régimen para obligar a millones de estadounidenses a ponerse las inyecciones, cuya eficacia es cada vez menor.

El juez Jeffrey Vincent Brown del Distrito Sur de Texas falló a favor de los demandantes en el caso Feds for Medical Freedom vs. Joseph R. Biden en una decisión del 21 de enero. Feds for Medical Freedom se describe a sí misma como una coalición de base compuesta por miles de empleados públicos que se formó en oposición a los draconianos mandatos de salud del COVID-19.

La sentencia anulará una orden ejecutiva promulgada por el presidente Biden, que estipulaba que todos los contratistas, subcontratistas y empleados del gobierno federal debían recibir las vacunas COVID-19.

“La primera, la Orden Ejecutiva 14042, ya es objeto de un requerimiento judicial a nivel nacional. Dado que esa orden judicial protege a los demandantes de un daño inminente, el tribunal se niega a prohibir la primera orden. La segunda, la Orden Ejecutiva 14043, equivale a un mandato presidencial para que todos los empleados federales accedan a la vacunación contra el COVID-19 o pierdan sus puestos de trabajo. Dado que la autoridad del Presidente no es tan amplia, el tribunal prohibirá la aplicación de la segunda orden”, explica el dictamen.

“Dado que las medidas cautelares son una herramienta extraordinaria que debe esgrimirse con moderación, el tribunal debe estar convencido de que los demandantes se enfrentan a un daño irreparable antes de concederlas”, argumenta el tribunal antes de afirmar que “el tribunal está convencido de ello”.

El caso trata de “si el Presidente puede, de un plumazo y sin la intervención del Congreso, exigir a millones de empleados federales que se sometan a un procedimiento médico como condición para su empleo”, razona el juez Brown. “Eso, en el estado actual de la ley, tal y como acaba de expresar el Tribunal Supremo, es un puente demasiado lejano”, continúa el dictamen.

Los argumentos del demandante se dividen en dos categorías: “(1) que la acción del Presidente era ultra vires, ya que no hay ninguna ley que le autorice a emitir el mandato y la autoridad inherente de la que goza en virtud del artículo II no es suficiente, y (2) que la aplicación de su orden por parte de las agencias viola la Ley de Procedimientos Administrativos (APA)”.

Aparentemente, el juez Brown está de acuerdo con el razonamiento de Feds for Medical Freedom, y sostiene que el intento de mandato de vacunación “excede” los límites del poder presidencial:

¿Y cuál es ese límite? […] El gobierno no ha ofrecido ninguna respuesta, ningún principio que limite el alcance del poder del que insisten que el presidente goza. Por su parte, este tribunal solo dirá esto: por muy amplio que sea ese poder, el mandato de los trabajadores federales lo excede.

“Independientemente de lo que la sabiduría convencional pueda ser en relación con la vacunación, ningún remedio legal protege adecuadamente los intereses de libertad de los empleados que deben elegir entre violar un mandato de dudosa validez o consentir un procedimiento médico no deseado que no se puede deshacer”, señala el juez Brown.

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