Por Sabrina Martin Rondón – El American
La Corte Penal Internacional de La Haya notificó al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela que tiene un plazo de tres meses para que demuestre que está investigando crímenes de lesa humanidad. La notificación del tribunal internacional abre las puertas al esperado juicio contra el dictador.
Desde hace aproximadamente una década la Corte Penal Internacional (CPI) ha recibido pruebas de cómo la dictadura venezolana ha cometido crímenes de lesa humanidad y cómo se mantiene implementando torturas de la época nazi contra presos políticos y disidentes, pero hasta ahora es que se empieza a vislumbrar la verdadera posibilidad de que haya justicia.
La CPI abrió un examen preliminar en 2018, no por todos los crímenes cometidos por la dictadura, sino por la acción de efectivos de seguridad en las protestas de 2017 que dejaron un centenar de muertos. Fue en diciembre de 2021 cuando resolvió avanzar en su investigación.
Se trata de un proceso de tiempo indefinido que podría durar décadas, pues la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, se tomó 1,030 días para anunciar lo que ya el mundo sabía: que en Venezuela hay indicios de crímenes de lesa humanidad.
Todo indica que aún hay mucho camino por recorrer. El texto firmado por el fiscal Karim Khan afirma que “en un espíritu de cooperación, de diálogo y de equidad, el fiscal aceptó además conceder a Venezuela una prórroga de tres meses, a saber, hasta el 16 de abril de 2022″, dado que el plazo inicial expiraba el pasado domingo.
El texto también indica que Khan aspira a viajar al país suramericano para “entablar un diálogo significativo con el Gobierno de Venezuela sobre cuestiones de admisibilidad con miras a evaluar, entre otras cosas, el alcance y la necesidad de recurrir a posibles procedimientos”.
En Venezuela, la justicia no es imparcial, pues el régimen tiene a los tribunales a su favor; sin embargo, el chavismo asegura que ha decidido imputar a 150efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017. La oposición, por su parte, considera que estas acciones se tomaron únicamente para evitar el proceso judicial internacional.
¿Qué significa la reciente notificación de la Corte Penal Internacional a Maduro?
Mariano De Alba, especialista en derecho internacional y diplomacia, explicó que “no es correcto decir que la Corte está otorgando un plazo de tres meses para responder por los crímenes”.
“La fecha de la notificación es importante porque es a partir de entonces cuando las autoridades del Estado involucrado (Venezuela) tienen un mes para cuestionar el inicio de la investigación. Si lo hacen, la Fiscalía podría decidir que difiere diligencias de investigación por hasta 6 meses”, explicó De Alba.
“La Fiscalía ha decidido dar hasta el 16 de abril de 2022 porque no se pudo concretar una reunión con el Gobierno de Maduro”, agregó el especialista.
“Si Venezuela solicita el diferimiento, el Fiscal tiene dos opciones: (i) acepta la solicitud, difiriendo por 6 meses la investigación de las personas relevantes; o (ii) no la acepta, teniendo que solicitar a la Corte que autorice la continuación de la investigación”, advirtió De Alba.
El abogado venezolano Carlos Ramírez López, con estudios en litigación penal internacional, aseveró en una entrevista para El American que “el lapso dado por el Fiscal es parte del derecho a la defensa necesario en el proceso judicial, pero en este caso básicamente se trata del principio de colaboración de los Estados que forman parte del Estatuto de Roma, dentro del cuál se obligan a procesar los crímenes que en su territorio”.
Ramírez López informó que en este paso la CPI busca determinar si en Venezuela hay una justicia imparcial e independiente para enjuiciar los hechos.
“En este caso el régimen de Maduro debe exponer al fiscal las actuaciones realizadas para llenar ese requisito en cada uno de los casos objeto de las denuncias”, explicó Ramírez.
Lo cierto es que aunque hay pruebas de más crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, lo que se está evaluando en este proceso judicial son las violaciones de 2017; los crímenes ejecutados antes no están siendo valorados en este procedimiento.
“La investigación del fiscal Khan está compuesta de dos fases: una es la prosecución del examen preliminar que inició la entonces fiscal Fatou Bensouda por diversos crímenes ocurridos desde el año 2017, que fue continuada por el nuevo fiscal, Karim Khan, quien la dio por concluida y luego pasó a la fase de investigación penal ordinaria en la cuál se abarcan, además de esos casos de 2017, otros como el asesinato del concejal Fernando Albán, el del Capitán Acosta Arévalo, etc. Y ya esta fase la investigación debe concluir en una de dos posturas del fiscal: cierra el caso, o acusa formalmente a quienes considere autores de los crímenes objeto de la investigación”, explicó el especialista.
En relación con el tiempo en que podría terminar la investigación contra el régimen de Maduro, Ramírez López señaló que en el Estatuto de Roma no existen lapsos establecidos para esas actuaciones, por lo que «el lapso de tiempo es incalculable».
¿Hay verdaderas oportunidades de que haya justicia?
Ramírez López considera que sí hay oportunidades para que finalmente haya justicia contra el régimen de Nicolás Maduro.
“En mi opinión personal sí las hay. Creo en la sinceridad del fiscal Karim Khan, aunque no es una credulidad incondicional. Como abogado litigante que he sido por tantos años sé que siempre hay que estar alertas y no dormirse en la confianza. El diablo siempre merodea por los tribunales”, dijo.
Lo que viene
El abogado litigante explicó que luego de estos tres meses de plazo, a la CPI le corresponde definir si la justicia en Venezuela funciona o no.
“Si se concluye en la comprobación de los crímenes y en su falta de procesamiento verdadero, entonces el fiscal pasará a formalizar la imputación a los indiciados y se abrirá el juicio con todas sus etapas hasta llegar a una sentencia definitiva y firme”, explicó.
“Creo muy necesario que los factores que en Venezuela luchan por la libertad, principalmente la legítima Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó, se hagan sentir en estos trámites, que se activen ante los organismos internacionales y específicamente ante el fiscal. Que hagan un trabajo real, una ofensiva pública y diplomática en favor del enjuiciamiento. No entiendo por qué no han hecho eso”, criticó Ramírez López ante la inacción de la oposición venezolana.
Desde que la CPI inició su funcionamiento en 2002 ha generado gastos superiores a mil quinientos millones de dólares. En este período solo ha procesado a cuatro criminales africanos y ninguno en América Latina.
Para que un caso sea investigado y enjuiciado tiene que pasar por la aprobación del fiscal de la Corte y luego por una Sala de Asuntos Preliminares; un proceso burocrático que puede durar años.
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