Fuente: La Derecha Diario
Con inicio en el año 2014, el régimen chino impuso una campaña gubernamental con el objetivo de capturar aquellos prófugos que logran escaparse del país. Estos desertores abarcan desde personas que cometieron delitos financieros, como no pagar impuestos, hasta opositores políticos. El operativo ha logrado arrestar a un promedio aproximado de 1.428 desertores por año en el extranjero.
El año en que empezó la pandemia se dieron las primeras cifras oficiales de esta campaña, y se informó que se “recuperaron” 1.421 “delincuentes”, mientras que en este último año el número alcanzó a 1.114 desertores, lo cual ha sido calificado como “fructífero” por la Comisión Central de Control Disciplinario.
Al llegar a China, la gran mayoría de estas personas “repatriadas” son desaparecidas por la dictadura, enviadas a “campos de reeducación” para no ser nunca más vistas por la sociedad.
La semana pasada, la reconocida ONG Safeguard Defenders emitió un informe con el título de “Retornos Involuntarios a China” en donde reportó y expuso las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura china, dando a conocer cómo extorsionan a organismos internacionales para atrapar a los desertores en cualquier parte del mundo.
El operativo “Caza de Zorros”, como se lo bautizó en 2020, ha atrapado a miles de disidentes políticos o activistas en contra de la dictadura comunista, siendo aquellos que se oponen, critican o presentan cierto riesgo para la integridad y “buena imagen” del régimen.
Entran en la clasificación bloggers, abogados, periodistas y demás disidentes políticos, según afirmó Teng Biao, activista de derechos humanos chino residente en Estados Unidos, quien ha ayudado a confeccionar el reporte. Para esta misión los dirigentes chinos han desplegado más de 70 grupos operarios en más de 90 estados alrededor del globo en orden de detener a sus fugitivos.
Como centro del reporte, se sitúan los métodos implementados por los organismos chinos para capturar sus objetivos, entre ellos, intimidación y persecución familiar y secuestros. Los medios convencionales de captura son las extradiciones en alianza con los países en los cuales reside el “desertor” o mismo la extorsión y engaño para hacer llegar al fugitivo a un estado que cuente con extradición.
Dichas operaciones, según informó el régimen chino, son “totalmente respaldadas por agencias de aplicación de la ley en el extranjero, embajadas y consulados chinos en el extranjero y oficiales de enlace de la policía”.
A pesar de dicha declaración, se registraron por lo menos 80 casos en el último año de aprehensiones forzosas en suelo extranjero, incluyendo a los países de Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Estos secuestros son denominados como “métodos irregulares” por los organismos de la operación.
La población de deportados consta de mayoría china, mientras que por lo menos 700 son provenientes de Taiwán. Así también el Proyecto de Derechos Humanos Uigures registró 395 casos de uigures “repatriados”, los cuales son enviados inmediatamente a campos de reeducación. Muchos de los deportados también provienen de Hong Kong y del Tibet.
Uno de los casos destacados que ejemplifican el modus operandi de “Caza de Zorros” es el de Wang Jingyu, un joven de tan solo 19 años con residencia permanente en Estados Unidos. Él escribió unos comentarios en la red social china Weibo, ismilar a Facebook, criticando al Partido Comunista. Wang testificó como su familia fue detenida abruptamente y perseguida para conseguir su regreso a China.
Safeguard Defenders instó a las naciones a no cooperar con los intentos abusivos de extradición de la dictadura china. Así declaró en el informe: “Las violaciones de China de la soberanía judicial de otras naciones y el incumplimiento de las costumbres en la cooperación judicial internacional socavan la confianza necesaria”.
El régimen chino sigue defendiendo su accionar. Así declaró mintiendo en noviembre del 2020 el portavoz de la operación: “En el proceso de llevar a cabo sus operaciones internacionales anticorrupción, China siempre ha cumplido estrictamente las leyes nacionales de los países objetivo, las leyes internacionales y las prácticas judiciales y de aplicación de la ley internacionales”.
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