Abortos obligatorios: hospitales españoles como «centros de exterminio»

Por Mamela Fiallo Flor – Panampost.com

España rompió el récord de natalidad más bajo de su historia. En lugar de abordarlo como un problema, la ministra de Igualdad, Irene Montero, clama por aumentar el acceso al aborto, en un país donde mueren cada año más personas que las que nacen, así lo demuestran las cifras oficiales de 2019, cuando según el Ministerio de Sanidad hubo 360.617 nacimientos y 418.703 defunciones.

Bajo este escenario sustentado por las estadísticas, la propuesta se encaminaría a favorecer un futuro exterminio. Es por ello que la vocera del partido Vox en la Comisión de Igualdad, Lourdes Méndez señala que «esta ley no se hace para favorecer a las mujeres, sino al dictado de los centros de exterminio». Ahora se pretende sumar a estos centros a todos los hospitales públicos con la obligatoriedad de practicar abortos.

Como titular del Ministerio de Igualdad del Gobierno socialista de España, Irene Montero pretende imponer el aborto desde los 16 años de edad en hospitales públicos que hasta ahora tenían el derecho a elegir no hacerlo.

«Si esa menor de edad es responsable para elegir con quién mantiene relaciones sexuales o trabajar, también lo es para poner fin a su gestación», exclamó Montero.

Para lograr su propósito, deberá derogar la reforma que introdujo el Partido Popular en 2015, que exige el consentimiento de los progenitores para que una adolescente de 16 y 17 años pueda practicarse un aborto. Un golpe más de la izquierda española contra la patria potestad. Además se pretende obligar a todos los hospitales a que tengan un médico dispuesto a practicar abortos.

«Todos los hospitales con servicio de ginecología y obstetricia deberán tener profesionales que puedan garantizar la interrupción voluntaria del embarazo», señaló Montero al momento de presentar su propuesta.

Por si fuera poco, las mujeres no recibirán el habitual sobre cerrado con información sobre ayudas a la maternidad ni deberán cumplir los tres días de reflexión obligatoria antes de abortar, de acuerdo con el proyecto.

«El aborto será libre, gratuito y seguro», asevera Montero ante lo que llama la necesidad de actualizar la ley.

La ministra pretende convertir el aborto en una prestación pública más, por medio de la reforma a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010. No obstante, aún debe negociar para conseguir que se apruebe en el Consejo de Ministros.

Irene Montero se presentó ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Allí aseguró que se deben combatir «todos los obstáculos» contra el aborto en el sistema de sanidad pública, alegando que existe una «barrera sistemática y estructural» que se encuentra una mujer a partir de sus 16 años para abortar.

La alta funcionaria del partido izquierdista Podemos ya encontró resistencia en el Parlamento. PNV, PP, Cs y Vox se oponen a esta medida. Y es que la reforma limita no solo la libertad de conciencia sino que además impide la libertad religiosa e incluso perjudica el acceso a la salud adecuada.

En palabras de la misma Irene Montero, con su propuesta se evitaría que se hagan ecografías las embarazadas si ya están decididas a abortar. Para los promotores del aborto, la ecografía es una herramienta peligrosa, dado que al ver a su hijo en pantalla y escuchar su corazón, muchas mujeres se ven disuadidas de continuar con el proceso que pondría fin a esos latidos.

Montero fue un paso más allá. Pretende perseguir e incluso criminalizar a las personas que rezan frente a las clínicas de abortos por medio de una reforma al Código Penal. Con el voto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) logró el respaldo en la Cámara de Diputados para penalizar con cárcel rezar por las madres para que no pongan fin a la vida de sus hijos en el vientre. Para la aprobación definitiva se necesita el apoyo del Senado.

Dicho clamor acompaña no solo a la mujer que decide abortar sino también al personal médico y administrativo. Uno de los casos más destacados es el de Mayra Rodríguez, quien fue directora de Planned Parenthood, la principal clínica de abortos en el mundo. Una mujer rezó a lo largo de 17 años afuera de un consultorio y finalmente Mayra acudió a ella para alejarse de lo que fue su trabajo por casi dos décadas. Ahora es provida y se dedica a exponer el daño causado por aquella industria.

PanAm Post conversó con Lourdes Méndez, portavoz de Vox en la Comisión de Igualdad y presidente de Familia y Dignidad Humana, organización formada por políticos y miembros de la sociedad civil que defienden el derecho a la vida y la protección de la familia, quien reprocha la persecución. Estas fueron sus palabras:

Esta iniciativa es inconstitucional porque ataca derechos fundamentales como son la libertad de expresión, de reunión y libertad religiosa. Son derechos imprescindibles en un sistema democrático. No se puede meter en la cárcel a nadie por rezar o querer informar a mujeres que van presionadas a abortar. Supone un profundo ataque a la libertad. Y se resiente nuestra libertad y nuestra democracia.

Por cierto, si hablamos de libertad, habría que hacerlo también de la falta de libertad de las mujeres que van a abortar …. Porque una gran mayoría van presionadas. Esta ley no se hace para favorecer a las mujeres, sino que se hace al dictado de los centros de exterminio.