Por Gabriel Moreno – PanAm Post
Los tribunales cubanos condenaron sin un ápice de clemencia a quienes participaron en las protestas del 11 de julio. Los fallos de seis juicios contra 129 manifestantes imponen penas que van de seis a 30 años de cárcel a quienes reclamaron democracia, medicinas y alimentos en las calles de la isla.
Las sentencias difundidas por el Tribunal Supremo de Cuba (TSC) suman 1916 años de cárcel entre todos los imputados. El castrismo los acusa de cometer «graves disturbios y hechos vandálicos con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana».
Con esos argumentos, el régimen los procesó por hurto y sedición. A 31 de los imputados les corresponderá estar privados de libertad entre 20 y 30 años, 25 cumplirán condenas de entre 15 y 19 años; y 48 pasarán desde 10 hasta 14 años en prisión. Solo uno de los acusados fue absuelto, y otro recibió una pena de cuatro años “de trabajo correccional sin internamiento”.
Argumentos escuetos
EL TSC considera «probado y demostrado» que los condenados –sin mencionar la edad pero mayoritariamente jóvenes– “intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta” obedeciendo «instrucciones impartidas desde Cuba como desde el exterior» en las esquina de Toyo y La Güinera, en La Habana.
En el caso de los sucesos de la esquina de Toyo, sostiene que los manifestantes «lanzaron piedras y botellas contra varios funcionarios» e «instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, autos patrulleros; voltearon una moto y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y provocaron lesiones y graves daños materiales».
En La Güinera, el TSC subraya que «lanzaron piedras, palos, botellas y cócteles molotov contra agentes» y «otros trabajadores de instituciones estatales (…) a quienes causaron lesiones», además de asediar «por varias horas» una «unidad de la Policía Nacional Revolucionaria». Este es el barrio habanero con la mayor concentración de acusados por sedición en el país. Seis de cada diez procesados por ese delito protestaron allí, según el recuento de Justicia 11J citado por 14ymedio.
Con cuestionamientos
Estas sentencias son históricas. Todas superan las penas impuestas a los detenidos por los incidentes del Maleconazo en 1994. Si bien aquellas fueron de menor proporción y focalizadas solo en La Habana, los tribunales cubanos alegaron desorden público y establecieron sanciones de un año de cárcel en la mayoría de los casos.
El régimen mutó a la severidad. Ahora usó la figura de «sedición» para enjuiciar a los participantes en las protestas de julio, las más significativas contra la dictadura castrista en 62 años.
Según la normativa, incurren en este delito quienes «tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista o la celebración de elecciones o referendos, o impidan el cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida dictada por una autoridad civil o militar en el ejercicio de sus respectivas funciones, o rehúsen obedecerlas, o realicen exigencias, o se resistan a cumplir sus deberes».
Sin embargo, los expedientes judiciales de los casos de La Güinera –una comunidad de 25000 habitantes– reflejan acusaciones débiles, llenas de incongruencias y arbitrarias.
Las contradicciones
Por un lado, los fallos del TSC omiten la muerte de un joven manifestante, Diubis Laurencio Tejeda, alcanzado en la espalda por un disparo de un policía; y por otro lado, la Fiscalía menciona que en La Güinera –a diferencia de otras zonas del país– no fueron atacadas patrullas policiales, no se arremetió contra las criticadas tiendas dolarizadas, no hubo saqueos y tampoco se llevó a cabo mayor destrucción de propiedad.
Además, entre los acusados por sedición incluyeron a quienes solo grabaron y transmitieron por Facebook los acontecimientos, sin participar en ningún tipo de enfrentamiento con la policía, así como también hubo detenidos que la Fiscalía acusa por considerar que su sola presencia en la multitud impidió mantener el orden público.
Las acusaciones también establecen vínculos con la oposición en el exilio a manifestantes sin relación con esta. Así sucedió, por ejemplo, con el caso de Wilmer Moreno Suárez, un cantante, arreglista musical y compositor sentenciado a 26 años.
Él recibía de parte del ciudadano cubano residente en los Estados Unidos, Rolando Regata, 240 dólares mensuales a través de los Estudios Odisea para promover su trabajo. Como Regata le había escrito en los días de las protestas a Moreno Suárez, la Fiscalía dice que se convirtió en un instrumento de la oposición en el exterior.
En una entrevista, Regata dijo que ni siquiera sabía que lo mencionaban en un documento judicial en Cuba. Aclaró que él es músico y no tiene «nada que ver» con política. «Vivo en EE. UU. desde los 12 años. El dinero que mandaba era para ayudarlo y por nuestras colaboraciones musicales. En ningún momento le pagué para que saliera a manifestarse. Además, si yo fuera opositor, ¿iba a mandar solo 240 dólares?, eso no tiene sentido», precisó desde Fort Myers, Florida, donde reside.
Una lista larga
Los castigados con mayor dureza son Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven, con 30 años de prisión; Roberto Pérez Ortega, Luis Frómeta Compet y Asley Nelson Cabrera Puente, con 25 años.
Con 23 años de privación de libertad aparecen Walnier Luis Aguilar Rivera, Ángel Hernández Serrano, Yerandis Rillo Pao, Oscar Luis Ortíz Arrovsmeth, Robert Orlando Cairo Díaz, Denis Ojeda Álvarez, Yoandry Reinier Sayu Silva y Yoanky Báez Albornoz.
“Estamos solos en esta lucha, el pueblo de Cuba está a merced de lo que el gobierno quiera hacer. Necesitamos ayuda”, declara Luis Wilber, padre de Walnier Aguilar, a través de la cuenta de Twitter de la organización Prisoners Defenders.
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