Fuente: Panam Post.
Giorgio Jackson, el funcionario de más confianza del presidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric, protagoniza el primer gran escándalo de presunta corrupción vinculado a su entorno: el JacksonGate, tras ser señalado por la excandidata a la gobernación de la Región Metropolitana de Santiago, Karina Oliva, –en investigación por fraude– como gestor financiamiento irregular para las primarias del mandatario.
Oliva fácilmente se perfila como la “garganta profunda” en esta aparente reedición del Watergate –versión chilena–, recordando el escándalo que hace cinco décadas provocó la dimisión de Richard Nixon, el hasta ahora único presidente de Estados Unidos en salir por la puerta de atrás de la Casa Blanca por liderar una red de espionaje contra la oposición. Dos periodistas, Bob Woodward y Carl Bernstein ganaron un Premio Pulitzer por el descubrimiento. Pero en Chile, la dirigente del partido Comunes, que forma parte del Frente Amplio de Boric, va por más.
Ella espera que haya justicia en su caso. Eso dice. Las autoridades ya ordenaron el levantamiento del secreto bancario de varias de sus cuentas, revisión de computadoras, gastos de campaña y declaraciones de testigos y eventuales imputados para desentrañar su rendición de gastos presentada ante el Servicio Electoral.
Con las diligencias en desarrollo, Jackson niega las acusaciones. Asegura que “todo el gasto del hoy presidente fue puesto a disposición del Servel».
El JacksonGate en evaluación
El ministro Jackson promete que colaborará con las indagaciones del caso ya bautizado como el JacksonGate, el cual salpica a Gabriel Boric. Según la rendición electoral del presidente difundida por el Centro de Información Periodística (CIPER), el mandatario contrató como principal proveedor de su campaña a la imprenta Alerce Talleres Gráficos, del exmilitante del Partido Socialista, Milton Lee, quien estuvo imputado en el caso Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) por facturar a esa compañía servicios de campaña prestados al exsenador socialista Carlos Ominami.
La relación entre Alerce y la campaña de Boric quedó expuesta en las rendiciones de gastos de la primera vuelta presidencial de 2021. De los 165 millones de pesos (equivalentes a 200.000 dólares) en facturas de Alerce rendidas al Servel, 120 millones corresponden a servicios incluidos en la solicitud de reembolso.
La imprenta de Lee también facturó a otras campañas en la última elección, entre ellas las de los frenteamplistas Lorena Fríes (10,3 millones de pesos) y Sebastián Depolo (7,7 millones de pesos); la del exaspirante al Senado y exministro radical, José Antonio Gómez (14 millones de pesos) y la de los candidatos a diputados del Partido Socialista, Natalia Sánchez Aceituno (12,7 millones de pesos), y de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber (6,3 millones de pesos). En total la empresa facturó 237 millones de pesos chilenos en la última elección.
El que generó más gastos
Por lo que revelan estos números, Gabriel Boric aparece con el mayor gasto en “asesores de campaña” con un global de 206 millones de pesos, distribuidos en 84 personas, quienes recibieron pagos totales que van desde los 250.000 hasta los 11,6 millones.
Entre los asesores mejor pagados de la campaña de Gabriel Boric destaca Sebastián Eugenio Kraljevic Chadwick, el estratega detrás de las últimas campañas frenteamplistas, quien emitió facturas por un total de 11.606.342 pesos. Le sigue Antonia Valentina Rozas Fiabane con un global de 9.893.333 pesos. Luego Adrián Sepúlveda Haardt con 9.106.100, quien estuvo a cargo de coordinar adquisiciones y proveedores. Aparece después el administrador electoral Daniel Arancibia, con un total de 9.025.605. Cierra la nómina la exencargada nacional del Frente Feminista de Convergencia Social, Javiera Cabello Robertson, quien cobró 8.346.400 pesos por su cargo como secretaria política y ejecutiva de la campaña. “Algunos ya fueron aprobados por el Servel y otros están en evaluación”, admite Jackson.
Pesquisas para indagar
Esta semana será clave en la indagatoria a partir de dos diligencias ya instruidas por el fiscal a cargo del caso de Karina Oliva, Milibor Bugueño, quien de acuerdo con La Tercera partirá por “verificar los destinos de los dineros fiscales depositados, acreditar un eventual perjuicio y corroborar que los dineros pagados por concepto de reembolso de gastos electorales rendidos en la candidatura a gobernadora regional por la Región Metropolitana hayan sido efectivamente destinados en su totalidad a efectuar los pagos que se individualizaron en la rendición de cuentas presentada ante el Servicio Electoral”.
En eso ya trabajan los investigadores y provocará que la izquierda chilena desfile por la Fiscalía a declarar por el escándalo del JacksonGate que ya complica al gobierno de Boric. Algunos ya saben que serán citados como parte de la investigación que adelanta la instancia judicial.
La alcaldesa de Santiago y dirigente del Partido Comunista (PC), Irací Hassler, será la primera en comparecer. La jefa comunal lidera un listado de autoridades que tendrán que prestar testimonio en calidad de testigos ante los fiscales, y así entregar su versión sobre el “desayuno feminista”, instancia, que, según denunció un artículo de Ciper, habría rendido como gasto de campaña la suma de 50 millones de pesos, monto objetado por los fiscalizadores del Servel.
Le seguirán la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, así como las diputadas comunistas Karol Cariola, Marisela Santibáñez y la ahora vocera de gobierno Camila Vallejo. Quien ya acudió hasta las instalaciones del Ministerio Público a entregar su versión fue la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, también del Frente Amplio.
Una diligencia clave
Una diligencia que podría abrir una nueva hebra investigativa en la causa es la solicitud de la Fiscalía del expediente de Oliva que reposa en el Tribunal Supremo de Comunes que propició su expulsión de esta tolda política.
La decisión tomada por el Ministerio Público es relevante porque este contiene la acusación que derivó en el JacksonGate.
Hay quienes creen que esta ventilación de presuntas irregularidades es parte de una discordia por la repartición de cargos de gobierno que no asignó ninguna cuota a Comunes. Así lo señala el exconcejal de Providencia, Matías Bellolio en su cuenta de Twitter.
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