Fuente: La Derecha Diario

La presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen anunció que la Unión Europea establecerá un cupo femenino del 40% para los puestos directivos de todas aquellas empresas (públicas y privadas) que cotizan en bolsa.

A su vez, como alternativa a este cupo laboral, existe la posibilidad de acatar otro cupo en su reemplazo y de manera opcional, el cual estipula un límite inferior del 33% de puestos ejecutivos y no ejecutivos ocupados por mujeres.

Para ser aprobado de manera definitiva, se deberá contar con el aval del pleno de la Eurocámara y del Consejo legislativo, aunque no hay dudas de que habrá suficiente apoyo político en lo que se denomina “consenso socialdemócrata”, que domina el Parlamento europeo, entre los bloques del Partido Popular, los Socialistas y Demócratas, los Verdes y el bloque de Renovar Europa.

Las normativas se limitan a establecer un cupo por razones de “sexo supra-representado” en las empresas cotizantes, sin importar cuestiones asociadas a la productividad, la experiencia laboral requerida o la disponibilidad de oferta en el mercado. El límite fijado tampoco cuenta con un respaldo técnico concreto, sino que se postuló de manera arbitraria.  

Esta medida tendrá un proceso de adopción progresivo que culminará en 2026, y para lograrlo se establecerá un sistema de penalizaciones, imponiendo fuertes multas a todas aquellas empresas que no quieran o no logren adoptar los estándares previstos por la Unión Europea.

De forma polémica, la presidenta von der Leyen postuló que las empresas por sí mismas no pueden llegar al crecimiento óptimo y al nivel de innovación necesario, y para “corregirlo” el cupo laboral forzoso generaría un mayor crecimiento empresarial.

“Es un gran día para las mujeres en Europa, y también es un gran día para las empresas, porque más diversidad significa más crecimiento, más innovación”, anunció von der Leyen en el Parlamento europeo.

A pesar de las intenciones de las medidas, el impacto sobre la eficiencia de las empresas será negativo debido a que se modificarán las decisiones óptimas que habrían tenido lugar sin la intervención. De hecho, esto fue en cierta manera reconocido por la propia normativa al excluir a las unidades empresariales pequeñas y medianas que no cotizan en bolsa, temiendo un impacto mayor sobre el mercado laboral. 

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