Por Oriana Rivas – PanAm Post
Conforme avanzan los días, nuevos hechos ocurren entorno al caso del avión venezolano de Emtrasur retenido en el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina. Esta vez, la justicia del país sudamericano imputó al piloto Gholamreza Ghasemi por presunto terrorismo. Su nombre es hasta ahora el más famoso en este caso que plantea la existencia de profundos negocios militares entre los regímenes de Nicolás Maduro y de Ebrahim Raisi.
El piloto iraní está en aprietos desde que el avión quedó retenido en Ezeiza. Más aún cuando recientemente la investigación del FBI reveló un presunto «vínculo» con la Fuerza Quds. En el medio el Gobierno argentino de Alberto Fernández buscaba apaciguar el escándalo, incluso llegando a afirmar que los iraníes del avión venezolano eran «instructores» de los venezolanos que los acompañaban en el vuelo.
En esas aguas turbias se mantenía el caso. Hasta que el Gobierno de Paraguay aseveró que en efecto, Gholamreza Ghasemi «se trata de una persona vinculada al Quds», grupo catalogado como terrorista por Estados Unidos. Así, Esteban Aquino, de la Secretaría Nacional de Inteligencia paraguaya, desmintió al Gobierno kirchnerista cuando expresó que el piloto iraní en cuestión tenia «un homónimo con participación en los Quds».
La Justicia argentina parece haber escuchado a Paraguay. Además, citando investigaciones propias afirma que «surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga», citó el dictamen de la fiscal Cecilia Incardona.
Las irregularidades del caso
Las circunstancias irregulares respecto al caso llevan a la Justicia argentina a indagar «si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización».
Las autopartes figuraron en los primeros reportes porque era supuestamente lo que transportaba el avión venezolano —comprado por el régimen de Maduro a la aerolínea iraní sancionada Mahan Air— pero la advertencia entre los expertos es que estas piezas pueden usarse tanto en vehículos como en misiles. Ahí surge el problema y la hipótesis de que ambos regímenes usarían a Argentina como punto clave de abastecimiento para evadir las numerosas sanciones económicas desde EE. UU. Además, el avión tenía paradas previas en México, Rusia y Serbia.
Son hechos que levantan sospechas. En este sentido, el juez argentino Federico Villena «ordenó unas 60 medidas de prueba» para completar un expediente de ocho cuerpos, según un reporte de Infobae.
«El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos ‘cajas negras’ del avión», cita el texto.
Por lo pronto, además de la imputación al piloto iraní y la investigación de toda la tripulación, la carga y el avión; estos tienen prohibición de salida del país mientras se clarifica más el caso, si es que la justicia argentina muestra completa disposición de ir al fondo del asunto y desenmascarar a los involucrados.
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