Por Oriana Rivas – Panampost.com
Vigilar y controlar a los disidentes y la población en general es una tradición de cualquier régimen autoritario. Esto les garantiza mayor poder y la posibilidad de ir contra cualquiera considerado un adversario. Lo aplicaban con métodos arcaicos en la antigua Unión Soviética y actualmente lo aplican con avanzados medios tecnológicos desde el comunismo chino hasta la dictadura venezolana.
Al respecto, las solicitudes del chavismo para la intercepción de líneas de teléfono casi se cuadruplicaron respecto al año 2017. Es decir, para ese año el Estado venezolano hizo 234.932 solicitudes frente a 861.004 en el año 2021, de acuerdo al Informe de Transparencia en las Comunicaciones elaborado por Telefónica.
Si bien se trata de «intercepciones legales» de acuerdo al informe, lo cierto es que la legislatura venezolana fue amañada por el chavismo durante años para lograr que las intervenciones de líneas telefónicas se convirtieran en una herramienta de control. Por ende no es extraño que Venezuela se haya llevado la delantera en este tipo de pedidos a la empresa española frente a otros países retratados en el informe como Argentina, Chile, México o Alemania.
En este caso, la empresa cita los artículos 205 y 206 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano como el marco legal de las solicitudes. Asimismo, menciona como órganos competentes al Ministerio Publico a través de sus fiscales, Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (CICPC) y otros organismos al servicio de la dictadura de Nicolás Maduro.
Legalización de los escuchas
El primer escándalo respecto a intervenciones de líneas telefónicas saltó en el año 2009 cuando tal como reseñó ABC el régimen «legalizó el espionaje telefónico y la intercepción sin previa orden judicial para controlar las llamadas de los venezolanos, especialmente las que se hacen a los medios de comunicación».
El epicentro de la decisión quedó enmarcado en el artículo 309 mediante una Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal, el cual retrataba en uno de sus párrafos lo siguiente:
«Los entes públicos o privados que presten servicio de telecomunicaciones, bancarios o financieros, están obligados a mantener unidades permanentes las 24 horas del día y los siete días de la semana, encargadas de procesar y suministrar el registro de ubicación y la data requerida por el Ministerio Público».
La decisión curiosamente coincidió con la orden de Diosdado Cabello, número dos del chavismo para iniciar “un procedimiento penal contra Globovisión”, cuando el canal venezolano aún exponía las mentiras del régimen.
De manera que bajo la excusa de que las llamadas exhortaban a un «golpe de Estado o magnicido», la dictadura venezolana decidió oficializar la intercepciones telefónicas.
Luego, la situación empeoró
Para 2014 trascendió cómo el chavismo —ya el poder había pasado a manos de Nicolás Maduro— reforzó su capacidad tecnológica para espiar a la población y revisar desde las llamadas hasta los correos electrónicos. Lo lograron por medio de tecnología rusa e italiana.
Una fuente anónima que declaró a El Nuevo Herald detalló que esto le daba al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) la capacidad de ejecutar programas para monitorear las conversaciones de la «persona de interés» y en consecuencia detectar palabras claves como «conspiración», «subversión» y «golpe de Estado».
Las técnicas se iban perfecccionando y para 2016 se anunció la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), con el objetivo de espíar a venezolanos desde oficinas clandestinas ubicadas principalmente en Caracas, reveló un reportaje titulado Una invasión a la privacidad sin precedentes.
Las intercepciones se realizaban «usando una combinación de avanzados equipos electrónicos de escucha y virus diseñados por especialistas rusos y chinos», de acuerdo a la publicación.
Que actualmente se divulguen estas cifras en el informe de Telefónica como «intercepciones legales» no hace más que demostrar cómo el régimen mantiene su práctica de vigilancia en nombre de una supuesta seguridad estatal.
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