Por Oriana Rivas – PanAm Post
Las publicaciones que vinculan al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores (PT), con la mayor red criminal del país ‘Primer Comando Capital (PCC)’ deberán ser eliminadas de las redes sociales tras una medida que dictó Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), quien es conocido por ser abierto simpatizante de la izquierda del país.
La decisión se da a pocos meses de las elecciones presidenciales y a tan solo días de que salieran a la luz las declaraciones del publicista Marco Valério respecto a las conexiones que existen entre Lula da Silva, la tolda política y la organización que domina el narcotráfico en la región amazónica en Brasil y el Atlántico sur, para luego traficarla a Europa en conjunto con Asia.
En consecuencia, la censura se impone sobre la reveladora información que otros medios internacionales han señalado anteriormente. Esta vez, enfocándose en las publicaciones de redes sociales, la resolución de Moraes indica que «el sensacionalismo y la difusión sin sentido de contenidos falsos» pueden «comprometer la equidad del proceso electoral, lesionando valores, principios y garantías constitucionalmente garantizadas», haciendo referencia al derecho al sufragio.
Penalización de 1800 dólares diarios
La multa para los perfiles de políticos bolsonaristas podría ser de 10.000 reales diarios (más de 1800 dólares) si no ejecutan la “inmediata remoción de los contenidos” e implica a Flávio Bolsonaro, senador e hijo del actual presidente de Brasil, así como a los diputados Carla Zambelli y Hélio Lopes.
No solo se silencian los contenidos sobre la red criminal, sino que el ministro del STF menciona un escenario de supuesta manipulación. Adicionalmente, emite la orden en momentos cuando el presidente Jair Bolsonaro le gana la batalla a Lula en plataformas digitales por su desempeño positivo, popularidad y aceptación de sus mensajes.
Moraes toma su decisión respecto a las publicaciones de los vínculos de Lula da Silva a poco tiempo de asumir como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), lo cual significa que va a dirigir el organismo cuando ocurran las elecciones presidenciales en octubre este año.
Para el político y columnista de PanAm Post Roderick Navarro se trata de una «dictadura judicial».