Fuente: Minghui.org

Pedro Requejo y Francisco José Contreras, dos diputados del Grupo Parlamentario Vox en España quisieron expresar su condena. Para ello y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentaron una Proposición de no Ley relativa al impulso de acciones diplomáticas como respuesta a la violación de los derechos humanos en la República Popular China para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores de España.

Pedro Requejo, miembro del Grupo Parlamentario Vox.
Francisco José Contreras miembro del Grupo Parlamentario Vox durante su intervención en el Congreso.

En dicha Proposición de NO Ley se afirma:

“La violación masiva de los derechos de las personas y de las familias en China no es solo un asunto interno, sino un grave problema para toda la comunidad internacional, pues China se ha erigido en superpotencia política, económica y militar, y representa un modelo alternativo a las democracias occidentales.

[…] Las vulneraciones de derechos humanos por el gobierno del Partido Comunista Chino incluyen la extracción forzada de órganos a presos de conciencia (especialmente, los miembros del grupo religioso Falun Gong); la deportación o reducción a trabajo esclavo de etnias como los uigures; el uso de la tortura; la esterilización forzosa de millones de mujeres; la persecución de los fieles de religiones no reconocidas (y controladas) por el Gobierno; la aplicación extensa y arbitraria de la pena de muerte (en China son ejecutadas anualmente más personas que en todos los demás países del mundo juntos)[…]

El informe publicado en 2007 -y actualizado en 2016- por David Matas, Ethan Gutmann y David Kilgour documenta cómo tanto presos comunes como presos de conciencia han sido usados como banco de órganos. Se sabe que han sido sacrificados con este fin (la persona muere tras la extracción de órganos vitales) miembros de minorías étnicas y religiosas como los uigures, los tibetanos, los cristianos y, muy especialmente, los integrantes del grupo de meditación Falun Gong, cuya erradicación decidió el Gobierno chino en 1999”.

En dicha propuesta condenan la sustracción forzada de órganos a practicantes de Falun Dafa por parte del PCCh, pidiendo desde la Unión Europea el inicio de un procedimiento completo, transparente e imparcial sobre las prácticas de trasplantes de órganos en China. También instan a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la actividad cultural y educativa impartida por los Institutos Confucio puedan ser tapaderas de propaganda y espionaje.

Minghui.org ha confirmado la muerte de miles de practicantes de Falun Gong en esta brutal persecución en los últimos 23 años. Se cree que el número real es mucho mayor. Miles más han sido encarcelados y torturados por su fe.

Hay pruebas concretas de que el PCCh aprueba la sustracción ilegal y forzada de órganos a los practicantes detenidos, que son asesinados para abastecer a su industria de trasplantes de órganos.

Bajo la dirección personal de Jiang, el PCCh estableció la Oficina 610, una organización de seguridad extralegal con poder para anular los sistemas policial y judicial y cuya única función es llevar a cabo la persecución contra Falun Dafa.

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