Por Daniela Carrasco – gaceta.es
Héctor Llaitul, líder de la agrupación terrorista mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue detenido el miércoles en Cañete (Región del Bío Bío) por hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad gracias a una querella interpuesta en 2020 en el marco de la Ley de Seguridad del Estado. Por su parte, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva y fijó en 30 días el plazo de investigación.
Este procedimiento es sumamente relevante para Chile, no obstante, este hecho permite la apertura de numerosas interrogantes ya que se da a un poco más de una semana del plebiscito y en un proceso sociopolítico complejo.
Breve aproximación histórica a la insurrección mapuche
Tras cumplirse 500 años del descubrimiento de América, a nivel Latinoamericano, los grupos izquierdistas —derrotados tras la caída del Muro de Berlín— se reunieron en 1990 en el Foro de Sao Paulo, que establece directrices de acción, resolviendo el impulso de luchas identitarias como los movimientos indigenistas.
En el caso chileno, para el pentacentenario, surgió una vertiente de la población mapuche bajo el “Consejo de todas las Tierras”. Entre sus objetivos destacan dislocar los principios del progreso y desarrollo de una sociedad libre.
Por ello, la noción de un “Estado” sería una imposición cultural occidental que debe abolirse. Por tanto, en 1992 crean la “Wenüfoye”, una nueva bandera mapuche que revela un componente político explícito. De hecho, Elisa Loncón —primera presidente de la Convención Constitucional chilena— participó en el diseño de dicha bandera.
Desde luego, cabe mencionar que no toda persona mapuche es a fin a la insurrección impuesta por estas agrupaciones extremistas. De hecho, han surgido voces disidentes dentro de ellos como la Corporación Mapuche ENAMA —no apoyan la plurinacionalidad— y el Consejo Político Mapuche —cercano a las ideas de las derechas—. Es más, según un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP), solo el 12% de los mapuches considera que Chile debe ser un Estado plurinacional.
Aclarado el último punto, no cabe duda que la guerrilla ha generado una gran división en el país, en especial en la macrozona sur, es decir, aquellas regiones como La Araucanía, Bío Bío y Los Ríos —sectores en los que ganó José Antonio Kast en las elecciones presidenciales y la opción Rechazo se impone como favorita para el plebiscito—.
Teniendo en cuenta lo anterior, con el paso de los años las acciones violentas se han radicalizado y han aumentado drásticamente. A finales de los noventa, ocurrieron las primeras quemas de camiones.
En los 2000s, varios de sus miembros fueron hallados culpables bajo la Ley Antiterrorista, ya que bajo el gobierno de Ricardo Lagos se realizaron los primeros contingentes policiales para desarticular la insurrección, sin éxito. Luego, en los 2010s, las huelgas de hambre se instalaron como una estrategia para negociar con el Estado chileno.
Desde entonces, los ataques incendiarios comenzaron a ser cada vez más frecuentes y violentos. Este es el caso del matrimonio Luchsinger-Mackay, una pareja de ancianos que se dedicaban a la agricultura y que fueron víctima de la subversión mapuche en 2013, ya que murieron producto de un ataque incendiario a su hogar en la localidad de Vilcún. En dicha acción terrorista Celestino Córdova fue declarado culpable.
En la presente década este tipo de ataques han escalado dramáticamente, afectando a camiones, a vehículos, a empresas o industrias y a propiedades privadas. Sin embargo, lo peor de la insurrección mapuche ha sido el ataque directo a personas, quienes han asesinado a civiles y carabineros, sin olvidar la quema de animales vivos.
Detención de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM)
Dentro de las distintas agrupaciones terroristas mapuches, destaca la CAM, que surgió en 1998. Se definen como “autonomistas, anticapitalistas y revolucionarias”. Reclaman la emancipación del pueblo mapuche, pero no solo hablan de “soberanía”, sino también de tener “autonomía” del Estado chileno —autonomismo izquierdista—.
La CAM se ha adjudicado numerosos ataques y crímenes, y suelen usar armas de guerra que supera la potencia de las que poseen las policías chilenas. Asimismo, se han encontrado vínculos con las FARC recibiendo entrenamiento paramilitar.
Héctor Llaitul ha sido el principal líder de la CAM, quien fue parte del Frente “Patriótico” Manuel Rodríguez (FPMR) —agrupación que asesinó en plena democracia al senador Jaime Guzmán en 1991 y que varios de sus miembros hoy están prófugos de la justicia— y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) —también agrupación paramilitar de extrema izquierda—.
Llaitul fue detenido el miércoles 24 de agosto en la localidad de Cañete, gracias a una investigación en el marco de la Ley de Seguridad del Estado (LSE) interpuesta por el Gobierno de Sebastián Piñera en 2020. No obstante, el terrorista ya había sido detenido, procesado y condenado con anterioridad por asociación ilícita, ataques incendiarios, porte ilegal de armas, y por la LSE. Pero había resultado también absuelto.
En la última ocasión, Llaitul fue detenido por el motivo de violación de la LSE, por usurpaciones violentas a propiedad privada, hurto y robo de madera, y ataques a la autoridad. La Fiscalía chilena sostiene que cuenta con las pruebas necesarias para validar estas acusaciones.
De hecho, hace unas semanas, el terrorista justificó el robo de madera para comprar armas, porque el “(el robo de madera) es para tener los fierros y para tener los tiros”. Y en el mes de mayo, llamó a “preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada”.
A propósito de la detención del líder de la CAM, desde la misma agrupación señalaron en su declaración pública que se llegó a un “punto de inflexión” y convocaron a radicalizar los “procesos de recuperación” territorial. Igualmente, la CAM tildó al gobierno de Boric de “pseudoizquierda” y que colaboran con los “conglomerados económicos que han ocupado las tierras ancestrales mapuche”. También, criticaron al Partido Comunista porque, supuestamente, “han respaldado la presencia de militares” en la zona.
Desde luego, como era de esperar, durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, se registraron barricadas y ataques a buses y camiones en la Ruta 5 Sur. Por consiguiente, la Multigremial Nacional pidió a la ciudadanía que por seguridad no transiten por las rutas y carreteras de la Macrozona Sur y se cancelaron viajes por buses desde la ciudad de Santiago a dicha zona.
Con todo, la detención de Héctor Llaitul por la Policía de Investigaciones (PDI) si bien fue un éxito de una rigurosa investigación, dejó numerosas impresiones. Se debe considerar que encontraron a Llaitul en un restaurante con dos personas, cuando suele estar resguardado con un contingente numeroso y no opuso resistencia a la detención.
Desde la oposición se destacó que esta acción se puede realizar gracias a la Constitución vigente, porque en caso de aprobarse la propuesta de nueva Constitución, no habría certezas por el pluralismo jurídico.
A otras voces les llamó la atención que se haya logrado esta detención a un poco más de una semana del plebiscito. Esto se sustenta con la carta que envió José Bengoa (escritor y académico) a Héctor Llaitul, en la que le pidió al terrorista una “tregua de 30 días” para beneficiar a la opción Apruebo (la nueva Constitución) en el plebiscito. Igualmente, el presidente frenteamplista, Gabriel Boric, sostuvo que desde su gobierno “no persiguen ideas o declaraciones” a pesar de que Llaitul y la CAM se han adjudicado una cantidad innumerable de delitos y atentados terroristas.
Adicionalmente, la investigación de la PDI recogida por el medio Ex-Ante develó que una asesora de la ministra de Desarrollo Social (Jeannette Vega) se comunicó vía telefónica con Llaitul el 11 de mayo, mismo día que el mapuche convocó a organizar la resistencia armada.
En la transcripción de la llamada de la asesora de Vega devela que le dice a Llaitul que “ella (la ministra) me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”. Él responde que hablen por WhatsApp.
Este dato es curioso, porque Vega ha señalado que cree en la existencia de “presos políticos mapuches” y está a favor de la denominación “Wallmapu”, lo que permite presentar legítimas interrogantes a la detención de Llaitul. Por ello, desde la oposición pidieron la renuncia de la ministra y una acusación constitucional. Finalmente, Vega renunció durante la tarde del jueves.
En definitiva, la detención de Llaitul se da en un marco de un desvergonzado intervencionismo electoral por parte del Gobierno de Gabriel Boric, quien ha tratado de dar garantías de que si gana el Apruebo se reformaría el texto constitucional —pero hay evidencias claras que no será así—.
Asimismo, se ha evidenciado una erótica relación con la violencia por parte distintos rostros del Gobierno como desde el mismo presidente Boric. Si bien, la detención del líder de la CAM es una noticia en desarrollo, se debe mirar con cautela cómo se van dando los hechos y, desde luego, no debemos olvidar que Chile está en línea recta al plebiscito.