Por Tomás Lugo – elamerican.com
La persecución por parte de las autoridades federales contra el expresidente Donald Trump no acabó con la redada a su residencia en Mar-A-Lago. En los últimos días, de hecho, se ha extendido a sus aliados, fortaleciendo las sospechas de que la Administración Biden está utilizando a su Departamento de Justicia (DOJ) y al FBI como armas políticas.
Tras la redada contra la propiedad de Trump, los aliados del expresidente republicano han vivido experiencias cuando menos curiosas con las autoridades. Un ejemplo es el caso de la congresista Marjorie Taylor Greene, quien denunció que la policía había irrumpido en su vivienda dos noches seguidas sin razón aparente.
La policía luego aclaró que había respondido a dos llamadas de emergencia al 911 supuestamente realizadas desde la residencia de Greene. Sin embargo, a juzgar por las declaraciones de la congresista, las llamadas parecen haber sido falsas alarmas.
Redadas, citaciones y confiscaciones contra aliados de Trump
El CEO de MyPillow, Mike Lindell, uno de los más vocales seguidores de Trump y quien incluso financió una investigación en un intento por probar los alegatos de que la elección del 2020 fue amañada, también tuvo al FBI en su residencia tras recibir una citación. Las autoridades federales, según la denuncia de Lindell, incautaron su teléfono celular.
Steve Bannon, exestratega de la Casa Blanca para la Administración Trump, fue acusado de lavado de dinero, conspiración y fraude en una investigación relacionada con la recaudación de fondos para la construcción del muro en la frontera sur, en lo que parece ser una rebuscada operación que busca ponerlo tras las rejas.
Bannon denunció también que el FBI había allanado las residencias de 35 aliados de Trump y comparó a la autoridad federal con la Gestapo.
Esto fue antes de que el New York Times reportara que el DOJ había emitido alrededor de 40 citaciones contra aliados de Trump e incautado los teléfonos celulares de dos de sus consejeros, en lo que el medio llamó una “escalada sustancial de la investigación sobre sus esfuerzos para subvertir las elecciones de 2020”.
“La incautación de los teléfonos, junto con un esfuerzo cada vez mayor para obtener información de quienes rodean a Trump después de las elecciones de 2020, representan algunos de los pasos más agresivos que ha tomado el departamento hasta el momento en su investigación criminal sobre las acciones que llevaron al asalto al Capitolio por parte de una horda pro-Trump el 6 de enero de 2021”, se lee en el artículo del Times.
Tras presentarse a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Bannon señaló que los cargos en su contra y los allanamientos del FBI forman parte parte de una táctica de intimidación contra los aliados de Trump.
Todo esto ocurre mientras la administración Biden incrementa la agresividad de su discurso contra los republicanos, a quienes se ha referido en múltiples ocasiones, tanto personalmente como a través de sus portavoces, como “extremistas”.
Biden ha hecho incluso una distinción entre los republicanos que apoyan a Trump, a quienes prácticamente ha declarado enemigos públicos (e incluso los amenazó con enfrentar el poderío bélico del Estado), y los “republicanos mainstream”.
A solo dos meses de unas elecciones de medio término en la que los republicanos podrían retomar el control de la Cámara Baja y el Senado, con candidatos trumpistas asumiendo vigorosamente las nominaciones republicanas, y en medio de una retórica divisiva que claramente busca intimidar a los aliados de Trump y dividir al GOP en dos, sumado a un comité de investigación sobre los sucesos del 6 de enero en el Capitolio que no ha dado resultados hasta los momentos, vale la pena preguntarse: ¿está la administración demócrata utilizando a las fuerzas públicas como el FBI para minimizar al enemigo en temporada electoral?
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