Por Judith Flores – gaceta.es
En medio de la desesperación y por tercera ocasión en lo que va del año, un grupo de familiares de presos políticos se ha dirigido nuevamente al dictador sandinista Daniel Ortega, esta vez para pedir “amnistía”, preocupados por las precarias condiciones en que se encuentran sus parientes, a lo que se suma la edad avanzada y las enfermedades que padecen más de una decena de ellos.
Arropados por la arrogancia, Ortega y su mujer y vicepresidenta designada Rosario Murillo, han ignorado las suplicas de 23 familias que firman la petición, pese a las implicaciones que la medida podría tener debido a que una amnistía significa, según la Real Academia Española, “perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”.
“Admitimos con franqueza que al tomar en cuenta nuestra historia más reciente, se hacen obvias las complejidades que una amnistía acarrea para nuestros compatriotas y familiares. Pero, al revisar nuestra historia más profundamente, vemos con igual claridad que las amnistías han brindado espacios de quietud, comprensión y reencuentro a los nicaragüenses durante momentos altamente críticos”, expresan los familiares a Ortega.
En enero, tras la toma de posesión para el cuarto mandato consecutivo, y sexto en el poder del dictador, familiares de 27 opositores presos en Nicaragua, pidieron a la Iglesia católica encabezar un proceso diálogo para “escucharnos unos a otros” que buscaba la libertad de los presos.
Seis meses más tarde hicieron otro llamado. Esa vez 70 familias se sumaron a la demanda en la que pedían al dictador y las «fuerzas vivas» del país celebrar un nuevo diálogo nacional para lograr la libertad de los reos de conciencia argumentando el «bienestar común» de la nación.
Tras la crisis de abril, Ortega y la oposición promovieron dos diálogos nacionales para intentar salir de la crisis en 2018 y 2019, con la intermediación de la Iglesia Católica, la Nunciatura Apostólica, y la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero ambos intentos fracasaron ante el incumplimiento del régimen.
Y mientras la crisis política sigue escalando por las medidas represivas del régimen, el número de los presos políticos aumenta. A inicios de septiembre la cifra era de 205, pero en los últimos días han continuado las redadas contra activistas opositores al régimen.
Cada vez más vejámenes contra los presos
Cuatro organizaciones de familiares de presos políticos denunciaron recientemente los vejámenes a los que son sometidos los reos de conciencia. Una de los más crueles es la falta de visita de sus seres queridos, a quienes logran ver cada varios meses, esto de acuerdo con la voluntad del régimen y no a las reglas establecidas en los Tratados internacionales sobre derechos humanos, de los que el Estado de Nicaragua es suscriptor.
“43 de nuestros familiares llevan más de 1,000 días privados de su libertad, solo por haber levantado su voz en contra de los abusos del régimen, y demandar libertad, democracia y justicia por los crímenes cometidos desde 2018, siendo sometidos a actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes de forma permanente, prolongando el aislamiento, mala alimentación y la negación reiterada del derecho a la salud; además de los golpes, los robos de la comida que con mucho esfuerzo les llevamos y las amenazas en contra de nuestra integridad y libertad cómo familiares que también constituyen actos de persecución y tortura psicológica”, denuncian a través de un comunicado las cuatro organizaciones.
Llamado al Papa y a la comunidad internacional
Ortega ha ignorado el llamado de la comunidad internacional que en reiteradas ocasiones ha pedido un diálogo nacional y la libertad de los opositores presos. También lo han hecho desde la izquierda regional, como el presidente de Chile, Gabriel Boric, y el de Colombia, Gustavo Petro, pero Ortega también los ha ignorado.
Petro aseguró a inicios de septiembre que su Gobierno mantenía una comunicación privada con Ortega por gestiones “humanitarias” para 21 presos de conciencia, pero la gestión no tuvo éxito.
Para el analista Luciano Montti, a quien identificaremos con ese nombre por razones de seguridad, Ortega no está interesado en negociar. “Él se da esos baños de poder con las suplicas y las propuestas que hacen los familiares, se siente poderosos por eso. El odio de Ortega se nutre con este tipo de peticiones, pero hay que entender que las familias sufren, padecen y viven el odio de la tiranía sobre ellos”.
“Esa solicitud – de los familiares de opositores presos – nace de ese corazón compungido de estas familias que ven a sus familiares cada varios meses, aquí lo que cabe es la liberación inmediata porque no han cometido delitos, y eliminar esos procesos”, afirmó Montti.
Las organizaciones de familiares de presos políticos también han hecho un llamado a la comunidad internacional a ser más beligerantes en la defensa de las libertades, y al Papa Francisco a exigir el cese de la represión.
“La impunidad de Ortega es un caldo de cultivo para el surgimiento del autoritarismo en todo el continente. De manera particular instamos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Comité Internacional de la Cruz Roja, para que continúen la presión y la exigencia de poder constatar el estado físico y mental de nuestros familiares”.
Al mismo tiempo exhortan al papa Francisco a acompañarlos en su demanda de libertad de sus familiares, a exigir el cese de la represión, que se ha extendido a miembros de la Iglesia Católica.
Ortega encarceló al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez y miembros del clero, ha obligado al exilio a otros sacerdotes y persigue a los católicos del país que se oponen al autoritarismo y ha prohibido las procesiones religiosas argumentando razones de “seguridad pública”.
Para Montti la situación de Nicaragua se ha convertido en un asunto extremadamente doloroso por la cantidad de muertes y separación de miles de familias, así como los jóvenes que quedan sin estudiar, al igual que ocurrió en la década de los 80, durante el primer régimen sandinista. “¿Cuándo va a entender el mundo que Ortega no va a negociar?, que Ortega se siente cómodo gobernando sobre las armas, que se siente seguro sentado sobre el aparato represor de los paramilitares y de la policía sandinista”. Hace falta mayor presión, sostiene.
Para los familiares de los presos políticos los esfuerzos deben estar dirigidos a las bases que sostienen la dictadura, siendo una de ellas el Ejército de Nicaragua, “Que actuó en complicidad con policías y paramilitares, para llevar a cabo la sanguinaria ‘operación limpieza’ y continúa en silencio ante el secuestro de las instituciones y ante las masacres perpetradas. Creemos que, asestando un fuerte golpe a las finanzas del Instituto de Previsión Social Militar, los obligaría a repensar su alianza con la dictadura”.
Esa propuesta está actualmente en manos de legisladores estadounidenses, mientras tanto los nicaragüenses se enfrentan a diario a los desmanes de una dictadura que busca solidificar su dinastía.
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