Por Mauricio Ríos García – La Gaceta de la Iberosfera
En un momento en el que el Movimiento al Socialismo (MAS) no encuentra manera de lograr la unidad alrededor de Evo Morales o Luis Arce Catacora, y en el que desde uno y otro bando se lanzan adjetivos como “bufones”, “infiltrados”, “lamebotas” y “ministrillos”, alguien filtró un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre una serie de graves violaciones de Derechos Humanos en Bolivia durante el Gobierno de Evo Morales.
Este informe habla concretamente sobre los hechos del operativo del Hotel Las Américas en el año 2009, donde cinco mercenarios (tres extranjeros y dos bolivianos) fueron sorprendidos mientras dormían en horas de la madrugada, detenidos, torturados y ejecutados extrajudicialmente por fuerzas del Estado y bajo órdenes del propio Morales, jefe de “la cultura de la paz”.
El denominado “caso terrorismo” apuntaba que existía un grupo irregular armado que supuestamente pretendía llevar al departamento de Santa Cruz a la secesión y atentar contra el entonces presidente Evo Morales por encargo de líderes políticos opositores, que más tarde también fueron detenidos y procesados ilegalmente, y extorsionados con tal motivo.
Sin embargo, a raíz de la petición presentada en septiembre de 2009 por la madre del irlandés Michael Dwyer, uno de los extranjeros muertos en el operativo policial de abril de 2009, y el abogado Gerardo Prado Herrera, y que fue admitida recién en 2018, la CIDH concluye que “El Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, y protección judicial de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Además, la CIDH realiza recomendaciones en su informe, entre las que se destaca:
-Reparaciones para las víctimas: disponer las medidas de salud física y mental que correspondan para su rehabilitación.
-Adoptar las medidas necesarias para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir.
-Iniciar una investigación penal para esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan.
-Al tratarse de graves violaciones de derechos humanos, el Estado no podrá oponer prescripción u otras eximentes de responsabilidad penal para incumplir esta recomendación.
Arce Catacora, en una encrucijada
Entre otros aspectos importantes a destacar en el informe de la CIDH está el hecho de que el informe fue emitido en diciembre de 2021, pero Wilfredo Chávez, exabogado personal de Morales y actual Procurador General del Estado, lo mantuvo oculto durante al menos 9 meses, hasta que fue filtrado a la prensa local en días recientes probablemente por algún partidario de Arce, presuntamente con la intención de deteriorar todavía más la figura de Morales.
Igualmente, Luis Arce Catacora tendría en sus manos un juicio contra Evo Morales que implicaría el fin definitivo de su carrera política, y de su libertad. Pero en caso de no acceder a su responsabilidad, daría lugar a que la comisión acuse al Estado boliviano elevando el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, en el montaje del caso no sólo estarían implicados Morales, García Linera y los miembros de su gabinete, además de más de 20 miembros de la policía, sino también la Unidad de Contingencia de la Embajada de Venezuela en Bolivia, que, entre otros aspectos, habría pagado pasajes de los mercenarios y cuyos militares habrían estado alojados en el Hotel Las Américas horas antes del operativo de ejecución.
De esta manera, el haber puesto a la Policía Boliviana bajo el mando de una fuerza extranjera, en este caso la venezolana, puede ser parte de una nueva causa de entre otras muchas otras contra Morales, en este caso por haber cometido un acto de traición a la patria.
A Evo Morales le espera una celda
Las reacciones tanto de Morales como de algunos de sus partidarios –48 exministros suyos entre ellos– ha sido la de exigir “su corrección” cuando no la de su rechazo contundente. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo: “El hermano Evo Morales, en su momento, como cualquier presidente patriota hizo lo correcto de defender la integridad, la soberanía y la unidad territorial del país”.
En la misma línea, Evo Morales afirmó desde sus redes sociales: “Es necesario reanudar ese juicio para que nunca más nadie se aventure a intentar dividir nuestra Patria. No hacerlo, sería ser cómplice de los golpistas que buscaron impunidad para los separatistas”. Y además agregó: «En su momento revelaremos a nuestro pueblo cómo y quiénes promovieron la utilización de este caso para tratar de defenestrarnos políticamente».
Lo cierto es que Evo Morales ahora se encuentra tan solo y desesperado ante la situación, que ya no sabe contra quién más estrellarse, y lanza frases al aire y en toda dirección, como “de frente me besan, atrás te patean”, o “unos somos de convicción, otros son de ocasión o de ambición”.
El caso se cerró en 2020 con la absolución de todos los acusados que seguían procesados, luego de que Arturo Murillo, entonces ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, y la Fiscalía de Bolivia retiraron sus acusaciones.
Esto quiere decir que, aunque siempre se supo que este fue un caso armado por Evo Morales y su gobierno, y de que realizó el mayor esfuerzo por construir una narrativa mentirosa, de realizar persecuciones políticas permanentes y de invadir el Poder Judicial, la verdad ha terminado saliendo a la luz de la mejor manera y en el mejor momento posibles, y lo único que le queda a Morales y sus cómplices, tarde o temprano, es una celda por delitos gravísimos cometidos a lo largo de todo su gobierno.
Un nuevo cabildo en Santa Cruz
En el entretanto, a medida que el gobierno de Arce se debilita ante tantos problemas urgentes por atender, el propósito de libertad y democracia por medio de un régimen de administración pública autonómica en Santa Cruz, que justamente el gobierno de Morales trató de acallar en 2009, hoy cobra fuerza con la celebración de un nuevo cabildo de protesta pacífica e histórica este viernes 30 de septiembre.
Este viernes los cruceños se reúnen con gran expectativa nacional para exigir la realización de un censo de población y vivienda con más de diez años de retraso, que permita reordenar la asignación de recursos públicos para un departamento que ha crecido con notable diferencia respecto del resto del país, por el flujo migratorio y el clima propicio de su gente para generar riqueza, y más aún en un entorno de crisis económica creciente.
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