Por Oriana Rivas – PanAm Post
El futuro del presidente peruano Pedro Castillo luce más que sombrío. Este martes, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional por «indicios graves» contra el mandatario, sobre quien pesan varios escándalos por corrupción y otros presuntos delitos. Expulsado de su propio partido en junio pasado, Castillo no se salvará de rendir cuentas a la justicia.
La denuncia constitucional presentada por la fiscal Patricia Benavides se debe a la presunción de que Castillo lidera una organización criminal, sumado a un presunto caso de tráfico de influencias y complicidad en colusión. El anuncio de la funcionaria tambalea la ya débil gestión del presidente izquierdista. Y es que horas más temprano, la justicia detuvo a cinco asesores «de su gabinete en la sombra». Eso sin contar los continuos cambios de su tren ministerial, marcados por la inestabilidad política que han derivado en la renuncia o destitución de sus altos funcionarios.
«No hay vicio más execrable que la codicia, sobre todo entre quienes gobiernan la nación, pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable», dijo en un mensaje televisado la fiscal de la Nación.
Varios detalles también salieron a la luz. La organización no solo estaría liderada por Castillo. A él «lo acompañan» otras personas, como los exministros Juan Silva, Geiner Alvarado y el exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez.
Castillo desenmascarado
Los delitos que se le atribuyen a Pedro Castillo corresponden con los casos denominados: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Puente Tarata), Petroperú y Ministerio de Vivienda. El sustento está «en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales».
A partir de ahora, «es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, apuntó Benavides.
El contexto político de Castillo es complicado. Mucho. Antes de esta denuncia constitucional ya existían en Fiscalía seis investigaciones preliminares y 16 acusaciones en el Congreso peruano.
«Obstrucción a la justicia»
Posiblemente Castillo quiso evitar que la justicia llegara a la instancia de una denuncia constitucional en su contra. La fiscal Patricia Benavides denunció también una “constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta organización criminal”.
Esta, aprovechándose de estar en el Gobierno «amenaza la autonomía del Ministerio Público y realiza un permanente amedrentamiento en su contra y su familia». Un señalamiento no menor de parte de Benavides.
La advertencia quedó hecha. «La hostilización contra el equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer».
Mientras tanto, la defensa de Pedro Castillo busca salvarlo de nuevo. Según su abogado, Benji Espinoza, presentará acciones «a nivel judicial y constitucional.
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