Por Carlos Esteban – La Gaceta de la Iberosfera
Un Twitter sin censura sería la ruina del Partido Demócrata. Un Twitter sin algoritmos tramposos que privilegien la versión oficial sobre el resto daría un golpe, quizá de muerte, a toda la estructura del poder ‘woke’. En Estados Unidos, donde los grandes medios están en manos de la narrativa, lo saben bien: Donald Trump logró sortear el bloqueo de la prensa convencional sirviéndose de unas redes sociales que, incluso estando en su contra, ofrecían ciertos espacios de libertad, un error que no están dispuestos a repetir.
Por eso, la Administración Biden no puede permitir que Elon Musk, el dueño de Tesla que se ha comprometido a devolver la libertad de expresión a Twitter, acabe haciéndose con la red social, como parece ya inevitable. Aunque tengan que invocar vagas razones de ‘seguridad nacional’ para impedirlo.
Según Bloomberg, la administración Biden está discutiendo si el país debería someter algunas de las empresas de Elon Musk a un escrutinio de seguridad nacional, incluido el acuerdo para Twitter y la red por satélite Starlink de SpaceX, citando a fuentes cercanas a la negociación.
Es decir, que no solo podrían bloquear el acuerdo de compra, sino también «expropiar» el proyecto estrella de Musk de comunicaciones vía satélite. Y eso, solo porque Musk ha preguntado en alto por qué nadie está haciendo nada por promover las negociaciones de paz en Ucrania y cómo se supone que va a acabar todo el asunto.
Citando a Bloomberg, «los altos funcionarios estadounidenses se han sentido incómodos por la reciente amenaza de Musk de dejar de suministrar el servicio vía satélite Starlink a Ucrania -que hasta ahora le ha costado 80 millones de dólares- y lo que ven como su postura cada vez más amistosa con Rusia después de un serie de tuits que esbozan propuestas de paz favorables al presidente Vladimir Putin. También les preocupan sus planes de comprar Twitter con un grupo de inversores extranjeros».
El debate, aseguran las fuentes, no ha hecho más que empezar. Los altos funcionarios y las agencias de inteligencia norteamericanas están estudiando los medios legales que permitirían echar mano a las empresas de Musk. Una posible vía legal sería apelar a la ley que rige el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS )para revisar los acuerdos y operaciones de Musk por riesgos de seguridad nacional. El CFIUS se utilizó ampliamente en la administración de Trump para bloquear y deshacer numerosos acuerdos chinos, argumentando que podrían representar una amenaza nacional para los Estados Unidos. No los de Hunter Biden, se entiende. Y ahora es Musk quien se ha convertido en el mayor enemigo del estado profundo.
El CFIUS revisa las adquisiciones de empresas estadounidenses por parte de compradores extranjeros, pero no está claro que permita revisar las operaciones de Musk en este caso. Quizá no sea necesario. El CFIUS es una de esas instituciones opacas y difusas, tan caras a los aspirantes a dictadores, que operan en un secreto total y no tiene que dar cuenta de sus deliberaciones, y sus competencias alcanzan incluso acuerdos ya consumados.
La paradoja es que, de actuar el gobierno norteamericano en este sentido liberticida, estarían haciéndole a Musk el favor de su vida, ya que el multimillonario trató de desentenderse de su oferta de compra de la red social y solo tendrá que adquirirla porque así le obliga un tribunal del estado de Delaware. También podrán respirar tranquilos los trabajadores de Twitter, ya que Elon Musk ha anunciado su intención de despedir a tres cuartas partes de la plantilla de censores vocacionales.
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