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Lo cuenta Friday Fax: la Comisión de Derecho Internacional de la ONU ha preparado un nuevo borrador del tratado sobre crímenes contra la humanidad, que podría usarse para multar y encarcelar a todo el que no trague con la agenda LGTBI. Dicho borrador se ha llevado a debate en la Asamblea General.
El borrador eliminaría la definición de género del derecho internacional como “los dos sexos, masculino y femenino, dentro del contexto de la sociedad”, y al eliminar la definición se abriría la puerta al enjuiciamiento de cualquier persona que se oponga a la agenda LGTBI. Esta medida cuenta con el ferviente apoyo, cómo no, de la Unión Europea y de Estados Unidos.
El tratado busca complementar el trabajo de la Corte Penal Internacional en La Haya bajo el Estatuto de Roma al exigir a los gobiernos que tipifiquen y enjuicien de forma independiente los crímenes de lesa humanidad en sus propios tribunales nacionales.
Según un informe de la comisión en 2019 , justifican la eliminación de la definición de género para adaptarse a una comprensión “evolutiva” del término “género como un concepto construido socialmente (en lugar de biológico)”. La comisión citó el trabajo de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional para agregar la orientación sexual y la identidad de género como parte de los delitos “basados en el género”, así como las opiniones no vinculantes emitidas a través del sistema de derechos humanos de la ONU.
Es decir, la ONU obligará a que los delitos “basados en el género” puedan tipificarse como crimen contra la humanidad, y claro, si eliminan la definición de género como “hombre y mujer”, se abre la puerta a que todo aquel que se atreva a criticar la agenda trans y LGTBI pueda ser acudado de un crimen contra la humanidad.
Un representante de Marruecos habló en nombre de los 54 países del Grupo Africano: “no se deben ignorar las preocupaciones legítimas de todos los Estados miembros”. Además, varias delegaciones, incluidas las de Egipto, la Federación de Rusia y Pakistán, se unieron a esta declaración.
Es decir, la ONU obligará a que los delitos “basados en el género” puedan tipificarse como crimen contra la humanidad, y claro, si eliminan la definición de género como “hombre y mujer”, se abre la puerta a que todo aquel que se atreva a criticar la agenda trans y LGTBI pueda ser acudado de un crimen contra la humanidad
Un representante de la Santa Sede fue más claro al instar a los Estados miembros a rechazar cualquier intento de redefinir el género, señala el medio: “Mi Delegación lamenta la decisión de la CDI (Comisión de Derecho Internacional) de no incluir en el proyecto de artículos la definición de género contenida en el párrafo 3 del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que forma parte integral de la definición de los crímenes acordado durante la Conferencia de Roma de 1998”.
Además, FridayFax denuncia las amenazas que se produjeron durante un debate entre delegados de la ONU. Al parecer el experto independiente de la ONU sobre la prevención de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, el profesor de derecho de Harvard, Víctor Madrigal-Borloz, acudió al comité de política social de la Asamblea General de la ONU, para hablar de su último informe que se centra en la promoción de la agenda LGTBI y trans en el contexto del conflicto armado y el mantenimiento de la paz.
El informe argumenta que no se podía limitar la violencia como violencia física, sino que también se puede cometer violencia verbalmente, sugiriendo que también el discurso contra la agenda LGTBI debería considerarse una violación de los derechos humanos, es decir, condenar las opiniones que no sigan lo políticamente correcto y a aceptado por la progresía internacional.
Bélgica fue más explícita, al denunciar “agresiones verbales y físicas” contra personas que se identifican como homosexuales y trans. La delegada irlandesa habló en contra de lo que llamó “propaganda nacionalista homofóbica y transfóbica”.
En declaraciones anteriores de la ONU, Madrigal-Borloz llegó a pedir a las empresas de redes sociales y a los gobiernos que aborden el “discurso de odio”, y solicitó sanciones penales contra cualquiera que critique la agenda LGTBI.
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