Fuente: La Derecha Diario
La disputa por la fecha del censo nacional de población fue la gota que rebalsó el vaso en el conflicto entre el Gobierno Central y el Gobierno de Santa Cruz, despertando un fuerte estallido social en Bolivia.
Este año tocaba hacer un censo en Bolivia, muy esperado por los cruceños ya que confirmaría el enorme crecimiento poblacional de la región, lo cual implicaría mayor representación en el Congreso, menos quita de impuestos nacionales, y otros beneficios que les corresponden.
Pero el presidente Luis Arce anunció a mediados de año que pospondría el censo para el año 2024, situación que despertó el enojo de los sectores cívicos, gubernamentales y universitarios de Santa Cruz, que vieron como una vez más el gobierno con sede en La Paz menosprecia su autonomía.
Rápidamente se articuló un “comité interinstitucional” para reivindicar la realización del censo en el año 2023, reclamando que si el Gobierno Central no lo hace lo harán ellos mismos y demandarán que los resultados sean aceptados.
Las instituciones del departamento más rico y bastión opositor al socialismo del MAS y Evo Morales llevan más de 3 meses en protestas, intensificándose en las últimas semanas.
Cronología de una Bolivia en llamas
Los orígenes se remontan al año 2021, inicios del régimen que encabeza Evo Morales tras su retorno al país, cuando todo Bolivia se planteaba la necesidad de actualizar sus datos estadísticos tras el último censo en el año 2012, que estuvo plagado de irregularidades, ciudadanos que no fueron censados y artimañas para manipular resultados electorales, como se evidenció en el fraude del año 2019.
En un principio, el presidente Arce declaró al censo como “prioridad nacional”, y junto a sus ministros ordenó prepararlo para el 16 de noviembre del año 2022, exactamente 10 años después del anterior, mediante el decreto supremo 4546, calmando así las exigencias de los sectores cívicos, principalmente de Santa Cruz.
Entrado el año 2022, el Instituto Nacional de Estadística (INE) garantizó técnica y financieramente la realización del censo a finales de este año, versión secundada por el órgano ejecutivo de Bolivia, mediante el Ministerio de Planificación, quienes declararon haber obtenido el financiamiento externo para la encuesta.
Un tiempo después, el 15 de junio de 2022, luego de que Arce coloque a un nuevo ministro de planificación, Sergio Cusicanqui, el Congreso aprobó el crédito anunciado como financiamiento del censo, y la nueva autoridad volvió a garantizar su realización en el año 2022, faltando 5 meses para que se realice.
Pero un mes después, el 12 de julio de 2022, Arce llama a los gobernadores de los 9 departamentos del país (6 de oposición, 3 del MAS) al Consejo Nacional de Autonomías en La Paz. En una maniobra política sin precedentes, cuando debían viajar a la capital, el ministerio público citó al gobernador de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, a declarar en Santa Cruz por el Caso Golpe de Estado, el cual ya se ha enviado a la presidente constitucional Jeanine Añez por 10 años a la cárcel.
Asimismo, desde la sede judicial en Santa Cruz le informan a la gobernación cruceña que la presencia de su máxima autoridad era indelegable. Camacho se encontró entre la espada y la pared, pues mientras debía declarar en Santa Cruz, los gobernadores se reunían en La Paz y el no asistir a declarar implicaba que el fuera aprehendido por la policía.
Camacho decidió quedarse y no viajar a La Paz, a sabiendas que su ausencia en la reunión pospondría la realización del Consejo Nacional. Demostrando que fue una operación judicial del régimen de Evo, los fiscales suspendieron la declaración de Camacho una hora antes de la señalada, dejando al gobernador y líder de la derecha en Bolivia sin la declaración y sin la reunión con los demás mandatarios.
En ausencia de representantes de Santa Cruz, Arce ordenó postergar la reunión para fines del 2023 y aplazar el censo para el año 2024, casi dos años después de la primera fecha que, según declaraciones reiteradas del gobierno, estaba plenamente garantizada.
La reacción de Santa Cruz fue casi inmediata. Una semana después de cambiada la fecha, el Comité pro Santa Cruz, una de las organizaciones cívicas más fuertes del país, además de la Gobernación, la Alcaldía de la capital, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Colegios de Profesionales, Gremios y Juntas de Vecinos formaron el llamado Comité Interinstitucional, con el rector de la universidad, Vicente Cuéllar, a la cabeza.
En su primera asamblea, el Comité convocó a un paro cívico de 24 horas para el 22 de julio de 2022, medida que fue acatada en forma contundente, pese a que Arce envió a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra al ministro de obras públicas, Edgar Montaño, para dirigir grupos de choque violentos que amenazaron a ciudadanos que acataban la medida. El gobierno fracasó y el paro se llevó a cabo, aunque Arce se negó a negociar.
Semanas después, la universidad pública preparó un documento que demuestra técnicamente que es posible hacer el censo en el año 2023, que fue entregado y rechazado por el gobierno de Arce. Producto de esto, el Comité Interinstitucional llamó a un nuevo paro de 48 horas, el 8 y 9 de agosto de 2022; esta vez sin el apoyo del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, quien traicionó a su electorado y se alineó a la postura del gobierno para no hacer el censo en el 2023, instruyendo a todos los funcionarios municipales trabajar en esas jornadas bajo amenaza de despidos. Nuevamente, el paro fue un éxito, pero el gobierno hizo oídos sordos a la demanda de Santa Cruz e intentó fracturar la demanda desde adentro del liderazgo cruceño.
El Comité convocó a una nueva asamblea, en donde se llamó al pueblo cruceño a un cabildo abierto para el 30 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Al mismo llegaron personas de toda la ciudad y de muchas provincias del departamento. La manifestación fue en presencia del órgano electoral del país, pues el cabildo, según la constitución, es una de las formas por medio de las cuales se ejerce la democracia en forma directa, y las autoridades están obligadas a escuchar lo que se determine.
La asistencia fue tabulada en 1,5 millones de personas, un suceso histórico en Bolivia. Los oradores pregonaron la demanda del censo, pidieron procesos judiciales contra Evo Morales, quien todavía maneja los destinos del país a través de su puntero Luis Arce, y un revocatorio de mandato para el alcalde Jhonny Fernández por haberse alineado en contra de los intereses cruceños.
El discurso principal, dado por el presidente del comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, preguntó a la multitud si estaban de acuerdo en dar un plazo de 21 días al gobierno para dictar un decreto que ordene realizar el censo en el año 2023. La respuesta fue afirmativa. Además, en caso que el gobierno no dicte el decreto, el departamento entraría en un paro indefinido hasta que el gobierno dicte el decreto que solicitan.
Transcurrieron los días, y el gobierno insistía en no modificar la fecha en el 2024. Días antes de que el plazo se venza, un juez cautelar penal le dio a Rómulo Calvo la orden de estar detenido en su casa las 24 horas del día, medida cautelar por supuesto ejercicio ilegal de la profesión de médico en su contra, una clara operación política desde La Paz con la intención de presionar su renuncia, sin éxito.
Llegado el día 22 de octubre, cumplido el plazo dado por el cabildo, Evo Morales y Arce no dieron el brazo a torcer y Santa Cruz entró en el paro indefinido. Horas antes de su inicio, el gobierno mandó a Santa Cruz a la ministra de la presidencia, Maria Nela Prada, al ministro de planificación, Sergio Cusicanqui, y al vocero presidencial, Jorge Richter, para instalar un diálogo con el Comité Interinstitucional.
A esta reunión de diálogo asistieron también el rector Vicente Cuellar (como cabeza del comité), los vicepresidentes del Comité pro Santa Cruz, el gobernador Luis Camacho y otros abogados constitucionalistas y técnicos estadísticos.
Este intento de diálogo estuvo marcado por los ataques que los personeros del gobierno dirigieron casi exclusivamente contra el gobernador Camacho, acusándolo de “vivir del conflicto”. Finalmente, esta mesa fracasó cuando el comité intentó proponer un nuevo decreto supremo que establezca el censo en el 2023, pero los representantes del Gobierno Nacional lo rechazaron, provocando la retirada de los miembros del comité interinstitucional. Así concluyó el primer día de paro.
Mientras tanto, iniciaron las manifestaciones que acompañaban el paro. En la zona de la frontera con Brasil, el MAS se cargó su primera víctima por la represión, pues la policía intoxicó a un ciudadano que apoyaba la protesta en Puerto Quijarro con granadas de humo.
Al día siguiente, el Gobierno Nacional se reunió con sus sectores afines para determinar formas de hacer frente al contundente paro. Horas más tarde, un líder sindicalista del MAS en Santa Cruz dio un plazo de 48 horas a Camacho para levantar el paro, caso contrario, iniciaría un cerco al departamento para que no entre ni salga comida a la capital, tal como quiso hacerlo Evo Morales tras su renuncia a la presidencia en 2019, junto a un desabastecimiento de combustible.
Entre asedios de grupos masistas a los ciudadanos que acatan el paro en las calles, y algunos enfrentamientos, el cerco se hizo una realidad. Más de 12 puntos de bloqueo en las principales carreteras del departamento impiden la entrada y salida de alimentos, junto a la llegada de gasolina y diésel para la ciudad capital. Recordemos que Santa Cruz produce el 70% de los alimentos que se consumen en toda Bolivia. Se observó a ganaderos, avicultores y productores de leche regalando sus productos antes de que estos caduquen en las carreteras. Estos mismos productores advirtieron que, por los cercos, habría escasez de carne de pollo hasta inicios de 2023.
De la misma forma, los grupos de choque masistas han bloqueado el acceso al vertedero de basura de la ciudad desde que el paro se ha iniciado. Hasta el día 11 de la protesta se encontraban más de 11 mil toneladas de basura en las calles, mientras el alcalde Jhonny Fernández, alineado al MAS, no se pronunció ni intervino, lo que llevó a los vecinos de la ciudad a transportar sus residuos y dejarlos en la puerta de su residencia.
Finalmente Arce pareció ceder, y convocó a gobernadores, alcaldes de los más de 300 municipios y a los 10 rectores de las universidades públicas del país a una reunión en Cochabamba para el 28 de octubre, en donde se resolvería la fecha del censo en forma definitiva. A la misma fueron, por el comité interinstitucional de Santa Cruz, el rector y sus constitucionalistas y expertos estadísticos.
Su propuesta fue nuevamente desechada. Camacho no asistió a la reunión porque la consideró una “reunión de masistas” para hacer tiempo y “no resolver nada“.
Poco después, los departamentos de Beni y Tarija se sumaron por 24 horas al paro exigiendo censo en 2023, lo cual llevó a Arce a llamar a una nueva mesa de diálogo para el 1 de noviembre de 2022, sin condiciones.
Cabe aclarar que mientras el gobierno llama al diálogo, envía desde La Paz vehículos policiales llenos de explosivos y gases lacrimógenos que son entregados a los grupos de choque que enfrentan a las personas que acatan el paro en la ciudad, según mostraron medios locales.
De la misma forma, es el mismo régimen de Luis Arce quien arremete y puso a la policía antidisturbios para proteger a sus grupos de choque, como pasó en La Guardia, donde un grupo de ciudadanos intentó levantar el cerco del MAS para que el combustible y los alimentos ingresen a la ciudad. El enfrentamiento de más de 6 horas dejó muchos heridos, 20 arrestados y un ambiente de tensión en el departamento oriental.
Llegamos a noviembre con la ciudad de Santa Cruz afectada por la falta de combustible y una alerta sanitaria por los residuos acumulados en las calles que comprometen la salud de la población. El paro continúa, Arce no cede y las nuevas negociaciones parecen dirigirse al mismo vacío.
En una conferencia de prensa, las intenciones de diálogo que el gobierno emitió más temprano quedaron caídas cuando el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, indicó a la prensa que “el censo en el año 2023 es técnicamente imposible”, entrando en contradicción con su propio gobierno que invitó a los cívicos para que una mesa sea la que defina la fecha en base a un debate entre técnicos.
No tiene sentido pedir que se defina una nueva fecha y a la vez decir que es imposible realizar el censo en el año 2023, ya que Santa Cruz demostró que no aceptará un censo posterior a noviembre del año que viene.
Santa Cruz lleva 19 días de paro, sin miras de solución en la mesa, y con el gobierno de Arce y Evo Morales desgastando la protesta, dejando pasar el tiempo para que, definitivamente, no sea posible hacer el censo en el año 2023.
El rector Cuellar ha puesto cuatro condiciones para levantar el paro: revocatoria de la detención domiciliaria de Rómulo Calvo para que participe en las reuniones, abrogación del decreto 4760 que establece el censo en el año 2024, el repliegue de los grupos masistas que cercan al departamento y la promulgación de un nuevo decreto que establezca censo en el 2023.
Postergar el censo, además de ser ilegal, porque la ley establece que se debe hacer cada 10 años, y no cada 12 como quiere hacerlo Arce, implica un gran perjuicio político, económico y de gestión de servicios públicos para Santa Cruz.
Se estima que Santa Cruz ronda los 3,5 millones de habitantes, 800 mil más que en 2012, producto de la migración interna hacia el próspero departamento oriental y el masivo crecimiento del nivel de vida, que va de la mano del explosivo crecimiento económico ha llegado a doblar al del resto del país.
Santa Cruz, bastión de la derecha en Bolivia, fue un ejemplo mundial de mantener la economía abierta durante la pandemia, que no se detuvo durante la cuarentena, sosteniendo económicamente al resto del país.
Otro punto fundamental del censo es que le corresponderían al menos 3 espacios más en la Cámara de Diputados y una distribución más equitativa de la distribución del gasto público nacional.
El censo también confirmaría el fraude de 2019 y las irregularidades de 2021, ya que revelería que existe más población urbana que rural, de la cual se afianza el MAS para explicar cómo gana todas las elecciones hace décadas, lo cual en realidad lo hace con vuelco de padrón.
Conjuntamente, la lucha busca mejorar los servicios de salud y educación ya colapsados en todo el país, con la asignación de más recursos para la inversión. Santa Cruz, al tener el poder económico, ahora podría consolidar su poder político en el país, y eso Evo Morales no lo puede permitir.
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