Por Oriana Rivas – Panampost.com
Luego de participar en una reunión de emergencia con el presidente Jair Bolsoaro, convocada en la tarde de este jueves 10 de noviembre, las Fuerzas Armadas de Brasil emitieron un nuevo comunicado. Con este texto buscan calmar las aguas en días convulsos para el país por las protestas, la persecución ordenada por el Supremo Tribunal Federal (STF) y por sospechas de presunto fraude en las pasadas elecciones, las cuales terminaron con el triunfo del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva por un estrecho margen.
Pero miles de seguidores del presidente Jair Bolsonaro se han mantenido en las calles rechazando el resultado. Debido a que los ánimos están caldeados y desde STF no hacen más que arreciar la censura y la represión, la cartera de Defensa decidió pronunciarse, recordando que la libre expresión del pensamiento, libertad de reunión pacífica y la libertad de circulación están contempladas en la Constitución Federal.
Por ese motivo, así como condenan los «excesos», también lo hacen con la “restricción de derechos”. Y como si fuera un mensaje directo a la alta esfera del Poder Judicial brasileño —donde está el magistrado Alexandre de Moraes— los militares citan que «no es delito la actividad periodística o la denuncia de derechos y garantías constitucionales, a través de marchas, mítines, huelgas, concentraciones».
El texto tiene un tono institucional, tal como se expresó previamente el Ministerio de Defensa en el informe técnico sobre la fiscalización al Sistema Electrónico de Votación. Es decir, no hubo menciones directas a actores políticos. Pero no hace falta cuando la persecución en el país está liderada por el mismo hombre que pidió a Lula da Silva una ley para regular las redes sociales.
Las protestas continúan
Las Fuerzas Armadas de Brasil prosiguieron remarcando en el comunicado que «son condenables las restricciones a los derechos por parte de agentes públicos», así como los excesos cometidos en las manifestaciones que puedan restringir los derechos individuales y colectivos, lo cual aplica tanto para las acciones policiales como para la obstrucción de la libre circulación por parte de los manifestantes, algo que el propio presidente Bolsonaro pidió a sus seguidores evitar.
En cuanto a las actuales controversias, citan que para solucionarlas debe hacerse uso de los instrumentos jurídicos del Estado democrático de derecho. Tanto la Marina, como el Ejército y la Aviación aseguraron estar enfocados en su «rol constitucional» y «compromiso inquebrantable con la democracia». También reiteran la importancia de defender la independencia de poderes así como la construcción de una verdadera democracia. «Las Fuerzas Armadas permanecen vigilantes, atentas y enfocadas en su papel constitucional en la garantía de nuestra Soberanía, del Orden y del Progreso, siempre en defensa de nuestro Pueblo».
Mientras este comunicado era difundido por el Ministerio de Defensa de Brasil, en las calles las manifestaciones continúan en algunas ciudades. Frente a los cuarteles militares de Brasilia y Sao Paulo hay simpatizantes del presidente Bolsonaro pidiendo la «intervención militar» con carteles que dicen “SOS Fuerzas Armadas”, según reporta Jovem Pan. Pero dado el cerco informativo que ha querido instaurar de Moraes, al parecer los diarios brasileños ahora prefieren hablar del coronavirus y no de las protestas.
Sin embargo, ni los manifestantes ni los camioneros que desafiaron la última orden del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) dan marcha atrás.
De Moraes aumenta la persecución
Brasil padece en las últimas semanas un abuso de poder emanado del STF, específicamente del magistrado Alexandre de Moraes, quien desestimando el comunicado de las Fuerzas Armadas, ordenó imponer multas de 100.000 reales por hora (más de 18700 dólares) para propietarios de vehículos que se encuentran en vías públicas protestando.
Esta decisión se suma a la persecución ordenada días atrás para identificar los vehículos que participan en las protestas y quienes la lideran. El juez dice que se trata de «hechos delictivos y antidemocráticos en todo el país». Pero el derecho a la manifestación pacífica está garantizado tanto en la Constitución brasileña como en los convenios internacionales suscriptos por Brasil.
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