Por Oriana Rivas – Panampost.com

El Partido Republicano, próximamente con mayoría en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, está poniendo manos a la obra respecto a las investigaciones que iniciará una vez que se instale la nueva Cámara baja electa el pasado 8 de noviembre. Días antes de las intermedias ya se había anunciado una investigación contra el FBI si salían victoriosos, ahora exhortaron al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, para que renuncie. Caso contrario, se la abrirá un juicio político.

“Si el secretario Mayorkas no renuncia, los republicanos de la Cámara investigarán cada orden, cada acción y cada falla para determinar si podemos iniciar una investigación de juicio político”, explicó el líder del partido en dicha instancia, Kevin McCarthy, desde El Paso, Texas.

Precisamente es la crisis fronteriza la que podría llevar a Alejandro Mayorkas al estrado en el Congreso. Poco y nada ha hecho la Administración Biden para frenar el flujo migratorio que satura los puntos de control. Tal es la gravedad que en días recientes el gobernador de ese estado, Greg Abbott, declaró oficialmente la invasión. Pero desde la Casa Blanca parece ser el último tema en la lista de prioridades, luego de que Joe Biden y Kamala Harris la promovieran mientras hacían campaña para las elecciones presidenciales de 2020. Lo que se ve en la frontera sur es el resultado de aquella retórica y de un conjunto de malas decisiones legislativas.

Por todo eso, McCarthy detalló lo que pasará cuando la mayoría republicana asuma el 3 de enero de 2023:

En 42 días, la frontera abierta de Biden se cierra.
En 42 días, acabaremos con el gobierno de partido único.
En 42 días, viene la rendición de cuentas.

«Ya es suficiente»

De octubre de 2021 a septiembre de 2022 hubo más de 2,3 millones de cruces ilegales, de acuerdo con la Patrulla Fronteriza. Un récord histórico, y Mayorkas era uno de los funcionarios que debía velar para que eso no ocurriera. Actualmente, los agentes de seguridad no se dan abasto para procesar a los migrantes.

Los congresistas republicanos no solo aseveran que «ya es suficiente» y que harán «todo lo que sea necesario” para frenar la crisis en la frontera sur desde los Comités de Justicia y de Supervisión. McCarthy también anunció que el plan incluye realizar audiencias presenciales del Congreso en esta parte del país «para obligar a los demócratas a ver la crisis de primera mano». Tampoco ocultó su indignación cuando escuchó hace una semana a Mayorkas testificar bajo juramento que la frontera es «segura».

Pero no es así. Está lejos de ser «segura». Casi a diario trascienden reportes de arrestos de depredadores sexuales o de tráfico de drogas en la frontera, tal como reporto Bill Melugin, periodista de Fox News, el pasado 18 de noviembre.

Un dato no menor es que un nuevo reporte del corresponsal muestra cómo mientras la delegación republicana recorría el sector de El Paso, ciudadanos venezolanos en el lado mexicano gritaban desde un campamento improvisado. Estos están siendo expulsados por una orden reciente de la Casa Blanca que tampoco ha sido suficiente, pues siguen entrando migrantes de otras nacionalidades.

La suspensión del Título 42

El Partido Republicano tiene bajo la manga revisar a fondo la situación de la frontera sur, justo cuando el Título 42 está a punto de quedar sin vigencia por orden de la Justicia estadounidense. Aunque la Administración Biden pidió durante meses esa suspensión, el hecho de no tener un plan de contingencia hizo que solicitara una extensión de tiempo.

Mayorkas dijo hace una semana que el Departamento de Seguridad Nacional «tiene un plan» para abordar el final de la medida el próximo 21 de diciembre. Pero la evidencia de la poca capacidad genera dudas. Este 22 de noviembre, 15 estados tuvieron que hacer presión para que se reconsidere la decisión judicial.

«Dado que la invalidación del Título 42 perjudicará directamente a los estados, estos ahora buscan intervenir para defenderlo», escribieron los equipos legales de esos 15 gobiernos estatales en el documento presentado en la corte del Distrito de Columbia y replicado por la agencia EFE.

Sea por este tema o por la investigación que llevarán adelante los congresistas republicanos, algo sí está claro: la Administración de Biden está en una carrera contra reloj.

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