Escandalosa lista de 67 investigados que conforman el equipo de Lula

Por José Gregorio Martínez – Panampost.com

Tener antecedentes judiciales parece ser el requisito obligatorio para formar parte del equipo del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. La lista de personas incorporadas a la transición que fueron o están siendo investigadas por organismos policiales u órganos adscritos al Ministerio Público es escandalosamente larga. No son nueve, como pudo corroborar PanAm Post hace un par de semanas, ni tampoco 18, como publicaban en ese momento algunos medios brasileños sin poder precisar todos los nombres. Son un total de 67 investigados por distintas causas, la mayoría vinculadas a la operación Lava Jato, por la que el propio Lula da Silva pagaba dos condenas antes de que el Supremo Tribunal Federal (STF) se las anulara para habilitar su candidatura.

El mayor escándalo de corrupción en Brasil y en toda América Latina persigue al Partido de los Trabajadores (PT) y sus principales líderes. El caso Odebrecht, los sobornos en Petrobras y la operación Lava Jato conformaron una gigantesca red que gira en torno a la organización política del fundador del Foro de Sao Paulo. A pesar de las inocultables manchas en su currículo, Lula da Silva fue casi beatificado por la prensa local e internacional durante la campaña, con ayuda del máximo tribunal y del árbitro electoral. Así, por ejemplo, el magistrado del STF, Alexandre de Moraes, quien además preside el Tribunal Superior Electoral (TSE), no solo había ordenado censurar cualquier publicación que cuestionara el resultado sino que también prohibió llamar “corrupto”, “ladrón” o “exconvicto” a Lula en los medios y en las redes sociales.

No es un secreto que siete de los once jueces del STF fueron designados durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (Lula da Silva y Dilma Rousseff). Y el octavo magistrado alineado abiertamente con la izquierda es Alexandre de Moraes (postulado por Michel Temer). Este polémico personaje también ha dirigido la persecución contra los manifestantes que protestan contra el resultado electoral, ordenando incluso bloquear cuentas bancarias. Adicionalmente, al desestimar la solicitud de anulación de las elecciones presentada por el Partido Liberal (PL) impuso una millonaria multa por litigación “de mala fe” y el bloqueo de fondos a los partidos de la coalición de Bolsonaro hasta que dicha multa sea pagada.

El camino para el retorno de Lula al poder fue blindado en lo judicial, electoral y mediático. La transición avanza para que el próximo 1 de enero se posesione nuevamente como presidente de Brasil. Pero sin haber asumido el cargo ya se vislumbra un gobierno complicado, que no solo tendrá ambas cámaras del Congreso en contra sino que deberá lidiar con un pasado salpicado por múltiples escándalos de corrupción imposible de borrar. Y tal parece que en su entorno no hay cuadros políticos desvinculados de ese pasado. Incluso muchos siguen hasta la fecha con causas judiciales abiertas.

El equipo de transición de Lula ya ofrece un abrebocas de lo que será el gabinete Ejecutivo de la nueva Administración. Al menos 67 personas que conforman la transición fueron identificadas por Noticias R7 con nombre y apellido, las funciones encomendadas por el presidente electo y las investigaciones judiciales relacionados con lavado de dinero, esquemas de corrupción y otros delitos. A continuación presentamos la lista completa divulgada por el medio brasileño, en la que se incluye la respuesta de cada uno de los involucrados sobre sus respectivos casos:

Coordinación

• Gleisi Hoffmann, diputada Federal y presidente nacional del PT: la Fiscalía General de la República acusó en 2017 a Hoffmann y su esposo Paulo Bernardo –ministro de Planificación de Lula y de Comunicaciones de Rousseff– de haber recibido un millón de reales en 2010 (USD 568.000 al cambio de ese año) procedentes de recursos desviados de contratos de Petrobras, para financiamiento electoral. En su defensa, ella alega que se trata de una indagatoria que se inició hace más de seis años y que no se presentó ninguna evidencia que probara la irregularidad.

• Aloizio Mercadante, exministro de Educación: respondió por tráfico de influencias y obstrucción a la justicia al aconsejar al exsenador Delcídio do Amaral que no firmara un acuerdo de culpabilidad relacionado con el caso Lava Jato. En su defensa, él ha dicho que esas conversaciones no representaron ningún intento de obstrucción a la justicia, sino un gesto de apoyo personal. Además, fue objeto de una investigación en la Corte Suprema, a partir de la acusación del contratista Ricardo Pessoa, denunciante de la operación Lava Jato, quien lo señaló por haber recibido fondos producto de sobornos para su campaña por la gobernación de Sao Paulo, en 2010, denuncia que el exministro niega.

Consejo Político

• Antônio Brito, diputado federal: fue mencionado en el caso Lava Jato por presuntamente haber recibido recursos de la constructora Odebrecht para las elecciones de 2010. Según el legislador, en 2017 fue excluido de las investigaciones.• Luciana Santos, vicegobernadora de Pernambuco: en 2019 fue condenada por el Tribunal de Justicia de Pernambuco por irregularidad administrativa relacionada con la contratación para administrar el alumbrado público de la ciudad. En ese momento, su defensa dijo que no hubo daño a la propiedad pública municipal y que el fallo judicial reconoció que la vicegobernadora no recibió ni malversó dinero público.• Renan Calheiros, senador: ha sido investigado en varias causas judiciales relacionadas con la operación Lava Jato. Fue procesado en 2021 por la Policía Federal por corrupción y lavado de dinero por supuestamente recibir un millón de reales (USD 185.000) en sobornos de Odebrecht. Su defensa dijo que no hubo pruebas contra el senador.• Jader Barbalho, senador: también ha sido investigado en varias causas por el caso Lava Jato. En 2015, el STF archivó una investigación por sospechas de peculado, tráfico de influencias y lavado de dinero. Su defensa dijo que los hechos citados fueron infundados, se agotó el tiempo y no se llegó a los elementos que pudieran corroborar una posible acusación.

Agricultura, Ganadería y Abastecimiento

• Carlos Fávaro, senador: fue investigado por omisión e impropiedad administrativa en caso de posible delito ambiental en la finca del magistrado del STF Gilmar Mendes. El senador no hizo comentarios.• Kátia Abreu, senadora: fue investigada en el desarrollo de la operación Lava Jato por presuntamente haber recibido 500.000 reales (USD 92.000) de Odebrecht a través de fondos para sobornos. La investigación fue archivada por el STF. En su defensa, ella dijo que, a lo largo de su vida pública, nunca participó en actos de corrupción y nunca accedió a participar en ningún movimiento de grupos al margen de la ley.• Neri Geller, diputado federal: condenado por abuso de poder económico en las elecciones de 2018. Su defensa dijo que el diputado fue injustamente destituido, y prueba irrefutable de ello habría sido la decisión basada en una solicitud que no formaba parte del expediente.Ciudades• Maria Fernanda Ramos Coelho, expresidente de Caixa e integrante del Consorcio Nordeste: imputada por la Policía Federal en un operativo en el Banco Pan cuando formaba parte de Caixa. Su defensa dijo que los trámites para adquirir las acciones del banco se realizaron dentro de los procedimientos técnicos, legales y de acuerdo con las buenas prácticas de mercado vigentes.• Geraldo Magela, exdiputado federal y distrital y exsecretario de Vivienda del DF: investigado por una presunta estafa para construir viviendas y cobrar comisiones. Según su defensa, él habría adoptado varias medidas para garantizar la fluidez, legalidad y transparencia del proyecto.• Guilherme Boulos, diputado federal electo por Sao Paulo: acusado de daños al patrimonio público. Su defensa dijo que la acusación no es cierta y que confunde el papel de un líder que históricamente defiende la implementación de políticas públicas de vivienda popular con la figura de un delincuente.• Márcio França, exgobernador de Sao Paulo: aparece vinculado a una investigación sobre malversación en el sector salud. Fue objeto de un operativo de la Policía Civil en enero de este año. En su defensa, dijo que el caso era político y no policial y aseguró que no tenía ninguna relación comercial o jurídica con las personas físicas y jurídicas involucradas en la investigación.• Rodrigo Neves, exalcalde de Niterói (Río de Janeiro): imputado por fraude en contratos en la alcaldía de Niterói. Su defensa dijo que no hay pruebas que respalden la acusación.Ciencia, Tecnología e Innovación• Celso Pansera, exdiputado federal y exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el gobierno de Dilma Rousseff: en 2015 fue blanco de la operación Catilinárias, desencadenada por pruebas obtenidas en el caso Lava Jato. En ese momento, el secretario de Prensa de la Presidencia de la República dijo que el gobierno federal esperaba que los hechos que involucran a Pansera se esclarecieran a la brevedad.

Comunicación Social

• André Janones, diputado federal: acusado por un exasesor de aportes al partido con fondos provenientes de su salario como funcionarios público de manera irregular. Para defenderse se limitó a decir que nunca aceptaría que frívolas acusaciones de carácter político regional empañan la imagen construida por él con rectitud a lo largo de los años.• Manuela d’Ávila, exdiputada federal y estatal: en 2017 fue acusada de recibir fondos para sobornos a través de donaciones de campaña. En su defensa dijo tener la tranquilidad de quien lleva 13 años construyendo su vida pública con transparencia y ética.

Comunicaciones

• Paulo Bernardo, exministro de Planificación de Lula y de Comunicaciones de Rousseff : fue detenido en 2016 en Brasilia como parte de la operación Lava Jato por el pago de sobornos de más de 30 millones de dólares relacionados con el escándalo de Petrobras. Se sigue investigando en algunos casos. Su defensa dijo entonces que el arresto habría sido ilegal por no cumplir con los requisitos de autorización.• Jorge Bittar, exdiputado federal y presidente de Telebras durante el gobierno de Dilma Rousseff: acusado de recibir sobornos de Odebrecht en el marco de la operación Lava Jato. Él no apareció.

Desarrollo Agrario

• João Grandão, exdiputado federal y estatal: fue condenado por el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF1) a 11 años y 10 meses de prisión, en 2015, inicialmente en régimen cerrado. Fue uno de los acusados ​​de la operación Sanguessuga, que investigó corrupción en la compra de ambulancias. En su defensa, dijo que no hubo consenso en la opinión del colegiado TRF1.• Miguel Rosseto, exministro de Desarrollo Agrario de Lula y del Trabajo durante el gobierno de Rousseff: cuando era presidente de Petrobras Biocombustível, fue acusado de sobrefacturación en la compra de plantas de biodiesel en la región sur. Dijo que la adquisición de las plantas obedeció a criterios técnicos, corporativos y estratégicos para nacionalizar la producción de biocombustibles y reforzar el polo productivo en este sector del país.

Desarrollo regional

• Helder Barbalho, gobernador de Pará y exministro de Integración Nacional: acusado de corrupción en la compra de respiradores en plena pandemia del COVID-19. Su defensa dijo que el gobernador actuó a tiempo para evitar daños al fisco, pues los recursos habrían sido devueltos a las arcas del Estado.• Randolfe Rodrigues, senador: acusado de haber recibido asignaciones del entonces gobernador de Amapá, João Capiberibe, entre 1999 y 2002. El senador dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) encontró que no había pruebas en su contra.

Desarrollo Social

• Simone Tebet, senadora y excandidata a la Presidencia: fue investigada por el delito de responsabilidad en dos investigaciones referentes a presunto fraude en licitaciones en el municipio de Três Lagoas (Mato Grosso del Sur), donde fue alcaldesa. Las investigaciones prescribieron. Dijo en su defensa que el Ministerio Público Federal (MPF) entendió que ella no resultó favorecida.

Derechos humanos

• Maria do Rosário, diputada federal: citada en las acusaciones de la operación Lava Jato por supuestamente haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht. Ella lo negó y puso a disposición del STF el secreto fiscal, bancario y telefónico.• Emídio de Souza, diputado estatal: sus bienes fueron bloqueados y está acusado de fraude de contrato. Habría contratado servicios sin licitar de manera irregular. Él no ofreció declaraciones al respecto.

Educación

• Henrique Henrique Paim, exministro de Educación en el gobierno de Rousseff: una denuncia realizada por el MPF contra el exministro cuando era presidente del Fondo Nacional de Desarrollo para la Educación (FNDE), con base en una investigación del Tribunal Federal de Cuentas (TCU), lo convirtió en imputado en una acción civil pública por sospecha de irregularidades en un convenio por valor de 491.000 reales (USD 90.000) con la ONG Central Nacional Democrática. En ese momento dijo al TCU que fue engañado cuando firmó el proceso para la celebración del convenio.

Deporte

• Edinho Silva, alcalde de Araraquara (Sao Paulo): investigado por compra irregular de respiradores. Su defensa dijo que el municipio recibió una donación de los equipos luego de intentos fallidos de adquisición, pero señaló que el alcalde canceló el proceso luego de conocer las irregularidades que involucraron a la empresa donante y la empresa fabricante, por lo que la donación nunca se concretó.• Nádia Campeão, ex vicealcaldesa de Sao Paulo: fue investigada en una operación de delitos electorales y lavado de dinero en la campaña de 2012. Ella no ofreció declaraciones sobre este tema.

Igualdad racial

• Preta Ferreira, integrante del «Movimento sem Teto do Centro»: fue detenida bajo la acusación de extorsión y asociación delictiva por presuntamente haber coaccionado a residentes para pagar cuotas en ocupaciones. Más tarde obtuvo un habeas corpus. Ella afirmó que lucharía para demostrar su inocencia y que su arresto fue político y un intento de criminalizar el movimiento que lucha por los derechos.

Industria, Comercio y Servicios

• Germano Rigotto, exgobernador de Rio Grande do Sul: investigado en la operación Lava Jato, en 2017, sospechoso de recibir fondos de un contratista. Se habría mostrado «bastante receptivo» a hablar de inversiones para la duplicación del Complejo Petroquímico de Triunfo. En septiembre de 2017, el MPF dijo que no había evidencia de corrupción.• Luciano Coutinho: imputado en 2017 por la Policía Federal en la operación Acrónimo. Habría trabajado con Fernando Pimentel para hacer inviable el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que posibilitaría la fusión entre Grupo Pão de Açúcar y Carrefour. Afirmó que no recibió ningún tipo de beneficio como resultado de la fusión de los grupos, garantizó que no conocía a nadie más que se hubiera beneficiado y resaltó que actuó dentro de la ley.

Subgrupo de Micro y Pequeñas Empresas

• André Ceciliano, presidente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro: una investigación del Ministerio Público del Trabajo (MPT) en 2020 señaló que Ceciliano pasó al estado el dinero sobrante de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro con el pretexto de financiar secretarías municipales de Salud. Los fondos harían parte de presuntos sobornos para miembros del Legislativo. Ceciliano dijo que el denunciante mentía y presentaba versiones contradictorias de la misma historia con cada declaración que daba.• Paulo Okamotto, expresidente del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae) y expresidente del Instituto Lula: fue denunciado en 2005 por los Comités Parlamentarios de Investigación (CPI) de Bingos y Mensalão por supuestamente haber pagado la deuda de Lula de casi 30.000 reales (USD 5.500) y no haber declarado el origen de los fondos. En testimonio al CPI de Bingos, asumió que hizo un pago en efectivo a la tesorería del PT para cubrir una serie de gastos del partido, pero luego aseguró que el dinero era legal y habría sido transferido en forma de anticipo, ya que Lula era empleado del partido y viajaba en nombre de la asociación.

Infraestructura

• Alexandre Silveira, senador: investigado en 2017 con autorización del STF, por haber sido citado en una lista de aportes ilegales realizados por Odebrecht entre 2008 y 2014. Presuntamente habría recibido 50.000 reales (USD 9.200) para proponer enmiendas y defender proyectos de interés de la compañía. Silveira afirmó, en su momento, que las acusaciones procedían de investigados interesados ​​únicamente en saldar sus propias deudas con la Justicia y que pretendían, injustamente, atentar contra su reputación.• Miriam Belchior, exministra de Planificación, Presupuesto y Gestión en el gobierno de Rousseff y expresidente de Caixa: fue investigada por la Comisión Nacional de Valores Mobiliarios (CVM). Según una denuncia, ella y exdirectores habrían engañado a los inversionistas de Petrobras al aprobar la política de precios y el plan de negocios de la petrolera para el período 2014 – 2018. Durante las investigaciones evitó fijar posición al respecto.• Paulo Pimenta, diputado federal: fue investigado por el Tribunal Federal por sospechas de malversación y lavado de dinero en 2019 por un supuesto esquema que perjudicó a los productores de arroz en Sao Borja (Río Grande del Sur). Afirmó que las investigaciones tenían más de diez años en ese momento, y que no había nada en el caso que lo vinculara con los productores y el daño que sufrieron. El proceso fue suspendido en 2020.

Justicia y Seguridad Pública

• Cristiano Zanin, abogado: fue investigado en el caso Lava Jato, en Río de Janeiro, en 2020, por su presunta participación en desvíos del Sistema S. Según la acusación, los abogados fueron pagados por Fecomércio por servicios no prestados. El proceso fue suspendido por el STF. Zanin dijo que la extinción del proceso puso fin a la persecución que practicaban los jueces de Lava Jato.• Flávio Dino, exgobernador de Maranhão y senador electo: fue investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntas ilegalidades en un contrato de suministro de combustible para el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de Maranhão. En 2020, la investigación fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia. En su momento denunció el mal uso de los procedimientos judiciales y policiales con fines políticos por parte de la PGR.• Omar Aziz, senador y exgobernador de Amazonas: investigado por malversación de recursos para el área de salud cuando era gobernador de Amazonas, en 2016. Sospechoso de haber malversado aproximadamente 260 millones de reales (USD 48 millones) en fondos públicos de salud a través de contratos millonarios firmados con el gobierno del estado de Amazonas. Al ser imputado, el entonces gobernador dijo que la Policía Federal actuó mal y que las acusaciones no se sustentarían.

Medio ambiente

• Carlos Minc, exministro de Medio Ambiente durante el gobierno de Lula da Silva: fue investigado por el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) bajo sospecha de aportes irregulares al partido con ingresos de su labor como funcionario público, incluso de haber violado el secreto bancario. Fue absuelto en 2021. El exministro resaltó que el MPRJ no encontró nada ilegal.• Izabella Teixeira, exministra de Medio Ambiente en los gobiernos de Lula y de Rousseff: fue investigada en 2012 por supuestas «presiones» para liberar la licencia ambiental de obra en el complejo portuario de la isla de Bagres, en el estado de Sao Paulo. El proceso fue suspendido. La entonces ministra dijo, en su defensa, que la licitación había seguido los canales legales.• Jorge Viana, exgobernador de Acre y exsenador: fue investigado en 2010 bajo sospecha de intermediar una donación de Odebrecht por un valor de 2 millones de reales (USD 370.000) para la campaña de su hermano Tião Viana para el gobierno de Acre en 2010. El proceso ha sido archivado. En respuesta a la prensa sobre las acusaciones, Jorge Viana dijo que ni él ni su hermano fueron denunciados por corrupción.

Minas y Energía

• Anderson Adauto, exministro de Transporte de Lula: condenado a tres años de prisión en régimen abierto por irregularidades en concurso realizado en Uberaba (Minas Gerais). También respondió por irregularidades administrativas y por manipulación de licitación. En el caso de condena por fraude en la competencia, ocurrido en 2013, Adauto dijo en su momento que apelaría la decisión y que las acusaciones no fueron confirmadas.• Giles Azevedo, exsecretario ejecutivo del gabinete personal de Dilma Rousseff: investigado en la causa principal de la operación Lava Jato. Sospechoso de participación en fraude en Petrobras y posible formación de organización criminal en 2016. Sospechoso de haber sido buscado por el empresario Marcelo Odebrecht para ayudar a contratistas de OAS y UTC detenidos por la Policía Federal en la operación Lava Jato. Giles Azevedo negó haber hablado con el empresario sobre el caso.

Pesca

• Altemir Gregolin, exministro de Pesca y Agricultura del gobierno de Lula: condenado por el TCU por compra irregular de lanchas patrulleras en un proceso de 2012. Las lanchas costaron 31 millones de reales (USD 5,7 millones) y, según los auditores, hubo sobrefacturación y fallas en la licitación. Gregolin defendió la compra de lanchas rápidas y destacó la importancia de monitorear la pesca ilegal. También afirmó que ni autorizó ni participó en la campaña de solicitud de donación en la negociación de vehículos acuáticos.

Planificación, Presupuesto y Gestión

• Enio Verri, diputado federal: en 2014, cuando era diputado estatal, fue condenado por un hecho de impropiedad administrativa. En ese momento, los abogados de Verri y otras personas involucradas dijeron que la gerencia no notificó a los acusados ​​sobre los deberes superpuestos.

Pueblos Originarios

• Marcio Augusto Freitas de Meira, expresidente de la Fundación Nacional del Indio (Funai): fue acusado en 2011 por el Ministerio Público Federal en el DF, cuando era secretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Cultura, en una acción que investigó malversación de recursos y sobrefacturación en un contrato firmado por las entidades para la realización del evento del Año de Brasil en Francia. Él no ofreció declaraciones al respecto.• Sônia Guajajara, diputada federal electa: tenía una investigación iniciada por la Policía Federal en 2021 por el cargo de difamación al gobierno de Jair Bolsonaro. En el mismo año, la Justicia cerró el caso. La crítica sucedió en el rodaje de un documental. Guajajara dijo en su momento que denunció la negligencia del gobierno federal hacia los indígenas durante la pandemia del COVID-19, y que el documental articuló apoyo para proteger a las etnias contra el virus.

Seguridad Social

• José Barroso Pimentel, exsenador y exministro de Seguridad Social de Lula: en 2012, fue condenado a pagar una indemnización por daño moral de 30.000 reales (USD 5.500) al senador Tasso Jereissati. En 2001, José Barroso Pimentel publicó un informe en el que acusaba a Jereissati, entonces gobernador de Ceará, de haber cometido el delito de evasión fiscal. Le dijo al tribunal que actuó dentro de la ética y la moral públicas y que solo preparó el informe para una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) creada para investigar supuestas irregularidades en la liberación y aplicación de recursos del Fondo de Inversión del Noreste.

Relaciones Internacionales

• Aloysio Nunes Ferreira, exsenador y exministro de Relaciones Exteriores de Michel Temer: investigado por la operación Lava Jato en 2019 por haber dirigido InvestSP, una agencia de promoción de inversiones en el estado de Sao Paulo. Se sospechaba que había recibido una tarjeta de crédito corporativa vinculada a una cuenta suiza a nombre del exdirector de Dersa, una empresa de infraestructura vial. Aloysio negó haber recibido la tarjeta corporativa. En febrero de 2019, debido a las investigaciones, renunció a la agencia.• Cristovam Buarque, exgobernador del Distrito Federal y exministro de Educación de Lula: fue condenado por irregularidad administrativa por el Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios (TJDFT) por utilizar recursos públicos, en 1995, en la publicación de una obra publicitaria. El Tribunal Superior de Justicia revocó la condena, al considerar que no hubo malicia en la actitud del entonces gobernador.• Romanio Pereira, secretario de Relaciones Internacionales del PT: en 2008 fue investigado por la Policía Federal. Fue captado en conversaciones y reuniones sospechosas con un cabildero detenido en la operación João de Barro, lanzada por la Policía Federal. Los diálogos sugirieron que el PT proporcionaría al cabildero «los contactos necesarios para viabilizar los fraudes investigados». Fueron evaluadas obras en 119 municipios, presupuestadas en 700 millones de reales (USD 130 millones). No hay registro de una investigación o condena. En su momento, el defensor del líder del PT dijo que no había pruebas en contra del cliente. Posteriormente, Romanio admitió que se habría reunido en algunas ocasiones con el cabildero, quien se presentó como un pequeño empresario y le pidió que le presentara alcaldes, pero enfatizó que no había ocurrido nada ilícito.

Salud

• Alexandre Padilha, diputado federal y exministro de Rousseff: fue acusado por un denunciante de la operación Lava Jato de negociar para quedarse con una parte del laboratorio Labogen, empresa que fue utilizada por el cambista Alberto Youssef para defraudar contratos millonarios del Ministerio de Salud. Su defensa dijo que una investigación realizada por la Contraloría General de la Unión (CGU) y una investigación de la Policía Federal no encontraron ningún vínculo entre Padilha y las irregularidades.• Arthur Chioro, también exministro de Salud de Rousseff: fue investigado por el Ministerio Público de Sao Paulo por presunta irregularidad administrativa. La sospecha es que, cuando era secretario de Salud de Sao Bernardo do Campo (Sao Paulo), era, al mismo tiempo, socio de una consultora del sector. Decidió alejarse de la empresa y entregar el control corporativo a su esposa. Chioro dijo que era la medida más apropiada a tomar.• Humberto Costa, senador y exministro de Salud de Lula: la Segunda Sala del STF interpuso una indagatoria contra el senador en 2021. La investigación fue abierta en el marco de la operación Lava Jato y constató la supuesta recepción de 1 millón de reales (USD 185.000) por parte del parlamentario. Dijo que la investigación se utilizó para perjudicarlo en todos los sentidos y causar daños electorales.• José Gomes Temporão, exministro de Salud de Lula: fue condenado en 2010 por el Tribunal Federal de Cuentas (TCU) a pagar una multa de 10.000 reales (USD 1.850) por irregularidades en las obras del Instituto Nacional del Cáncer (Inca), del que fue director general entre 2003 y 2005. Se culpa a Temporão de una serie de maniobras, como retirar servicios del contrato para incluir otros, sin previsión, y manipular el precio de los artículos, práctica conocida como «el juego de la hoja de cálculo». En ese momento, Temporão no hizo comentarios públicos sobre el caso.

Trabajo

• Miguel Torres, presidente de la Fuerza Sindical: en 2012 fue detenido durante una asamblea de trabajadores por obstruir la vía pública. Dijo que solo defendía el derecho del trabajador a recibir un mejor salario.• Ricardo Patah, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT): la Policía Federal señala indicios, a través de investigaciones en el marco de la operación Registro Espurio, de que un depósito de 300.000 reales (USD 55.000) realizado por la central sindical de la UGT en la cuenta de un sindicato se utilizó para pagar sobornos a empleados del Ministerio de Trabajo. Las investigaciones también señalan a Patah como la persona responsable de poner a disposición los recursos. Su defensa negó cualquier conducta delictiva.

Transparencia, Integridad y Control

• Eugênio Aragão, fiscal general adjunto de la República en retiro y exministro de Justicia de Rousseff: al ser nombrado ministro de Justicia, la juez Luciana Raquel Tolentino de Moura, del 7º Tribunal Federal de Brasilia, decidió que la Constitución prohíbe a los miembros del Ministerio Público ocupar puestos en el Ejecutivo. La decisión fue revocada y Aragão asumió el cargo sin ofrecer explicaciones al respecto.• Jorge Messias, procurador del Tesoro Nacional y ex subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Casa Civil: se hizo conocido como «Bessias» por haber aparecido mencionado su nombre en una interceptación de una conversación entre Lula y Dilma en 2016, donde él habría tenido la intención de que Lula contara con un «foro privilegiado». Messias no dio declaraciones al respecto.• Paulo Câmara, gobernador de Pernambuco: en 2017, fue citado en una denuncia por participar en un presunto esquema de sobornos, que habría movido 15.000 millones de reales (USD 2.800 millones), con J&F. Dijo que no recibió donaciones y nunca solicitó fondos de ninguna empresa a cambio de favores.

Turismo

• Arialdo Pinho, exsecretario de la Casa Civil de Ceará: se le prohibió salir del país en diciembre de 2020, en el marco de la operación Onzenário, que investiga la focalización ilícita de operaciones de préstamos de nómina. Su defensa negó todas las acusaciones de irregularidades.• Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho, expresidente del Sebrae y exministro de Turismo de Lula: fue multado con 3.500 reales (USD 650) por el TCU en 2016 por no incluir el logo del Ministerio de Turismo en un evento sujeto a convenio, sobre lo cual no dio explicaciones.• Veneziano Vital do Rego, senador: respondió a varias averiguaciones. En 2018 fue acusado por la PGR de malversar fondos para un banco de alimentos durante el período en que fue alcalde de Campina Grande (Paraiba). Fue condenado a pérdida del mandato de senador, pero la acción fue bloqueada por el STF por uso de pruebas ilegales. Su defensa dijo que, en el transcurso de la instrucción procesal, nada se produjo respecto de hechos dolosos o culposos cometidos por Veneziano.• Marta Suplicy, exalcaldesa de Sao Paulo y exministra de Cultura de Rousseff: fue denunciada por recibir 500.000 reales (USD 92.000) de Odebrecht vía fondo de sobornos en la campaña de 2010, pero la investigación fue archivada en el STF por prescripción. Su defensa dijo que todas las donaciones de campaña fueron oficialmente contabilizadas y declaradas a la Justicia Electoral.• Orsine Oliveira Júnior, exsecretario de Turismo de Amazonas: fue multado este año con 392.300 reales (USD 72500) por el Tribunal de Cuentas de Amazonas (TCE-AM) por incumplir la Ley de Acceso a la Información y por cometer diversas irregularidades en un contrato firmado mientras estuvo al frente de la Empresa Estatal de Turismo de Amazonas. Fue condenado por el Tribunal Regional Electoral (TRE-AM) por divulgar una encuesta electoral falsa en beneficio de José Melo en las elecciones de 2014. Sobre estos casos por los que es señalado no ha ofrecido explicaciones públicas.