Oriana Rivas – Panam Post
Si había alguna duda sobre el carácter autoritario que el magistrado Alexandre de Moraes está imprimiendo sobre Brasil, la última arremetida contra simpatizantes a favor del presidente Jair Bolsonaro puede contribuir a despejarla. Y es que este jueves, 15 de diciembre, la Policía Federal ejecutó 104 allanamientos y capturas en varios estados del país y en el Distrito Federal. Además, se ordenó nuevamente el bloqueo de cuentas bancarias a decenas de empresarios.
El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) continúa justificando sus decisiones. Asegura que los participantes de las manifestaciones —quienes exigen rendición de cuentas a las autoridades electorales por las presuntas irregularidades en los resultados de las elecciones presidenciales— incurrieron en «actos antidemocráticos», a pesar de que la protesta es un derecho humano reconocido internacionalmente.
Pero eso no parece importarle al también presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE). Sumado al bloqueo de 43 cuentas bancarias de personas jurídicas y físicas en noviembre pasado, ahora autorizó más de 100 órdenes de allanamiento y captura en ocho estados brasileños: Mato Grosso do Sul, Paraná, Espírito Santo, Rondônia, Amazonas, Acre, Santa Catarina, Mato Grosso y Distrito Federal. Esto marca el empeoramiento de la persecución iniciada por el magistrado, uno de los precursores de la «dictadura de la toga», denunciada por el presidente Bolsonaro.
PT quiere preso a Bolsonaro
Un reporte de CNN detalló que dos delegados de la Policía Federal encabezaron el operativo policial. «Uno de ellos cumple 81 órdenes de arresto en seis estados y el Distrito Federal. Y otro cumple 23 órdenes de arresto en un solo estado, Espírito Santo». Por su parte, según el portal Poder 360 al menos dos diputados estatales de la Asamblea Legislativa de Espírito Santo fueron objeto de investigaciones.
A lo que reportan portales brasileños sobre simpatizantes de Bolsonaro, se suma que el magistrado Benedito Gonçalves del Tribunal Superior de Justicia (STJ) aceptó una denuncia del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), para suspender los mandatos de los diputados Gustavo Gayer, Nikolas Ferreira, Carla Zambelli, Bia Kicis y Eduardo Bolsonaro. Al excandidato a vicepresidente Braga Netto y el exdiputado Magno Malta, así como llevar tras las rejas el presidente Bolsonaro.
Los abogados del partido de Luiz Inácio Lula da Silva dicen que estos «trataron de desacreditar y desestabilizar las elecciones presidenciales, difundiendo noticias falsas e información errónea sobre la integridad del sistema de votación». Pero el recurso luce más como una retaliación para evitar que aumenten los reclamos y la continuación de la cacería de brujas ordenada por de Moraes.
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