Terrorismo de Estado judicializado en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua

Carlos Sánchez Berzain – El American

La utilización del sistema de justicia para acusar falsamente, perseguir, encarcelar y condenar inocentes es la base de los crímenes que cometen los dictadores y sus grupos delictivos estructurados en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua para aterrorizar a sus pueblos. Es terrorismo de Estado judicializado, el mecanismo delictivo que el socialismo del siglo XXI o castrochavismo ha uniformado en la violación de derechos humanos.

Un grupo de delitos que consiste en “la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, orientados a producir miedo o terror en la población civil para lograr o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos”, es el TERRORISMO DE ESTADO. Los delitos que lo integran están destinados a mostrar a los ciudadanos lo que les puede pasar si desafían al régimen o si no se someten a sus dictados, y van desde las falsificaciones, acusación y denuncias falsas, tortura, extorsiones, privación indebida de libertad, confiscaciones ilegales, decisiones judiciales contrarias a los derechos humanos, prevaricación, difusión de noticias falsas, asesinato de reputación y más.

La dictadura de Cuba ejerce terrorismo de Estado desde 1959 y ahora el socialismo del siglo XXI dirigido por la misma dictadura lo repite y lo ha “judicializado”. Lo hace utilizando los sistemas de justicia, fiscales, jueces, cortes judiciales que tiene a su servicio. La judicialización de la represión y su institucionalización como mecanismo de terrorismo de Estado es CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, pues corresponde a la tipificación que hace el Estatuto de Roma en su artículo 7 parágrafo 1, incisos e, f, h, k.

El Estatuto de Roma en su Artículo 7.1, dispone: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física… f) Tortura… h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género… k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Los dictadores y sus regímenes son grupos delictivos estructurados cuyos crímenes integrados en el terrorismo de Estado judicializado caen también en la competencia de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional o Convención de Palermo por la que cualquier Estado puede abrir competencia en sus tribunales judiciales aplicando el Artículo 3.2. inciso d, porque “tiene efectos sustanciales en otro Estado”.

Los procesos judiciales fraguados contra manifestantes pacíficos que piden “patria y vida”, “comida y libertad” en Cuba desde el 11 de julio de 2021 son terrorismo de Estado judicializado que tiene hoy 1.057 presos políticos, sentencias infames de 6, 8 y más años de cárcel, han producido exilio e inducen y manipulan el éxodo como presión migratoria contra las democracias usando el miedo. Luis Manuel Otero, Maykel Osorbo, Lizandra Góngora y centenas más son la prueba del terrorismo judicializado con efectos sustanciales en todo el mundo.

En Venezuela el sistema se repite con cerca de 300 presos políticos con y sin sentencias, una larga lista de muertos en prisión, torturas y el sistema denominado de “la puerta giratoria” que describe las excarcelaciones y la toma de nuevos presos al mismo tiempo. Una larga lista de víctimas que han huido y que continúan en prisión prueban el terrorismo de Estado judicializado, como Antonio Ledezma, Lorent Saleh, Luis de la Sotta y más.

En Bolivia ahora tratan de encubrir el terrorismo de Estado judicializado como “un problema de la justicia” y para seguir encubriendo la dictadura bajo la farsa de democracia han puesto en marcha la falacia de la “reforma de la justicia” en dictadura. Hay 239 presos políticos, miles de perseguidos y exiliados víctimas del terrorismo de Estado judicializado, con detenciones indefinidas, sentencias de 10 años de cárcel y más, un sistema de tortura público y notorio y la amenaza de nuevos juicios. Lo prueban víctimas como la expresidenta Jeanine Añez, Marco Pumari, el gobernador Camacho y la oposición funcional y secuestrada.

Nicaragua es testimonio del encarcelamiento de todos los lideres legítimos de la oposición, candidatos presidenciales, periodistas, obispos, sacerdotes y ciudadanos procesados y condenados por el terrorismo de Estados judicializado. Juan Sebastián Chamorro, Feliz Maradiaga, Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, el Obispo Rolando Álvarez, el sacerdote Óscar Danilo Benavidez… son solo algunas víctimas.